El “cariñito verdadero” del Centro Democrático hacia los maestros y su principal organización sindical Fecode, no cesa. Una vez más este partido político arremete contra la labor y el ejercicio docente en Colombia, en esta ocasión proponen criminalizar la libertad de cátedra, a través de “Bozales, frenos y sanciones disciplinares” a los maestros que promuevan proselitismo político entre los estudiantes.
Se trata de un proyecto de ley liderado por el representante a la Cámara Edward Rodríguez, nueva “escaramuza” del Centro Democrático contra el magisterio, al parecer estamos ante una estrategia deliberadamente planeada, solo se turnan sus voceros. Las amenazas e incriminaciones empezaron con Álvaro Uribe cuando sin fundamentos ni pruebas afirmó “los profesores lo único que enseñan es a gritar, insultar, calumniar y retorcer el cerebro a los alumnos”.
Luego prosiguieron los alfiles, senadores como Fernando Araujo Rumie y recientemente José Obdulio Gaviria, denunciaron “Fecode no educa, adoctrina”, a las que se le suma la brillante propuesta de realizar los paros en temporada vacacional o fines de semana, para no afectar el sagrado derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes, algo que no deja dormir a la senadora Paloma Valencia. Contraatacan con un video (Ciber adoctrinamiento) titulado «No hay causa pérdida: ¿Y ahora qué?», campaña sucia, mentirosa, incitadora de odio y violencia contra los maestros, auspiciada por el Centro Democrático, en hora buena retirada de youtube.
La libertad de cátedra, la autonomía institucional y el pluralismo pedagógico consagrada en la Ley general de educación (ley 115 de 1994), está consagrada para todas las áreas del saber, opera en tres sentidos. Primero, a la relación entre la escuela y el profesor, el docente no puede ser obligado a enseñar con pedagogías, didácticas y metodologías determinadas o imponer unos conocimientos en desmedro de otros. Segundo, a la relación entre el maestro y estudiante, trataran ejes conceptuales en completa independencia y autonomía frente a imposiciones o condicionamientos ideológicos o doctrinarios. Tercero, la independencia y autonomía que tiene el maestro de evaluar el conocimiento de acuerdo con criterios previamente señalados y conocidos por estudiantes y padres de familia (Proyecto Educativo Institucional y Sistema Institucional de Evaluación).
El proyecto del representante Rodríguez propone prohibir el proselitismo político en los planteles educativos y sus aulas, incitar a los estudiantes y padres de familia a marchar y adoptar posturas políticas e ideológicas promovidas por los maestros (Bullying ideológico), sancionar ejemplarmente al maestro que haciendo uso indebido del poder que otorga las estrategias evaluativas del proceso de enseñanza-aprendizaje, castiga o hace perder la asignatura o área al estudiante que no comulgué o discrepa de su maestro, ¿De dónde sacaron esta locura?, ¿Tienen evidencias de este abuso?
Las sanciones que contempla semejante esperpento jurídico demuestran desconocimiento absoluto de las condiciones mínimas de la labor docente. Por ejemplo sancionar hasta por 30 meses y 25 salario mínimos legales mensuales vigentes a un maestro que en promedio devenga entre 1 y 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes es una desproporción. De igual forma es un desconocimiento plantear que mientras dura el proceso investigativo se le cancelará la tarjeta profesional. En Colombia no se necesita tarjeta profesional para el ejercicio docente, se ingresa a la carrera docente con formación, estudios, competencias, experiencia, idoneidad y meritocracia (docentes decreto ley 1278 de 2002).
“Durante el proceso de investigación y sanción, el docente o directivo será suspendido en sus funciones, pero seguirá devengando salarios y prestaciones sociales. Si es encontrado responsable, deberá restituir la remuneración en su integridad, desde el momento de la apertura formal de la investigación, hasta el cierre de la investigación”. Esto es muy delicado y peligroso tanto para el gobierno como para el maestro, por ejemplo hay que garantizar el debido proceso, en Colombia los proceso legales o penales duran una eternidad, ¿sí es hallado culpable responderá entonces con sus casa, carro, y sí no tiene patrimonio, cómo responde?.
El gobierno tampoco está exento de responsabilidades, sí el proceso falla a favor del maestro, a pesar e devengar sueldos y prestaciones durante el tiempo en que estuvo incurso, por el hecho de estar apartado del ejercicio ¿no acarrea esto daños morales, profesionales, al buen nombre?. Aparecerán más demandas contra el Estado, negocio y más negocios para los abogados.
Las implicaciones de este proyecto insensato es lo de menos, no resiste un análisis riguroso y muy seguramente caerá por su propio peso. El fondo es lo que más preocupa. Preocupa por ser una doctrina que se asoma y pretende imponer en la América latina de Bolsonaro y Duque, gobiernos ultraderechistas, antidemocráticos, intolerantes, pirómanos de la casa y el vecindario, castradores de libertades sociales, representantes y socios del gran capital, enemigos del pueblo que los mal eligió, dicen defender y del cual son sus verdaderos verdugos.
Este proyecto que castra la libertad de cátedra, consagrada como derecho (artículo 27 de la Constitución de 1991), es casi un replica de las políticas de Jair Bolsonaro y de su Ministro de Educación, el “orgullo colombiano” Ricardo Vélez Rodríguez. En la patria del genial Paulo Freire se amenaza con prohibir sus escritos (como en la inquisición), poner preso los educadores que adoctrinen en marxismo, enseñar solamente matemáticas y lenguaje, priorizar la educación a distancia, incrementar las matriculas de las universidades públicas y congelar el gasto social (salud y educación).
En relación con la educación, el pliego de negociación colectiva entre Fecode y el Gobierno 2019-2020 recoge en su primer punto la defensa de la educación pública, gratuita, científica y de calidad, garantizando este sagrado derecho con mayores recursos y financiación estatal, a través de una reforma al sistema general de participación. Pelea dura iniciada el pasado 14 de febrero con un paro nacional de 24 de horas del magisterio colombiano.
Finalmente, estamos ante iniciativas profundamente lesivas, proponer aconductar o disciplinar al maestro es atentar contra un derecho constitucional del maestro, la libertad de cátedra. Ella garantiza el libre pensamiento, la libre circulación de las ideas, de manera que todo pueda ser sometido a la crítica, al raciocinio, sin dogmatismos, con rigor académico y científico, fomentando el desarrollo del pensamiento autónomo, argumentado, respetuoso del pluralismo, las competencias comunicativas, ciudadanas, afectivas, el respeto por la diferencia y los intereses de nuestros educandos.
El sindicato del magisterio es el que se mantiene y ha hecho resistencia al gobierno, por qué algunas veces paramos para protestar. Ese es el ejemplo que ven los estudiantes sea luchar por sus derechos.
Si lo estudiantes se formarán con un pensamiento crítico, no tendríamos dirigentes como estos en Senado.