Paz urbana, sin marco jurídico no hay “paraíso”

A los honorables senadores y senadoras les digo, dejando de lado la retórica pro-paz harto conocida: sin marco jurídico específico para la paz urbana las Mesas de Diálogo socio-jurídico quedarán atrapadas en la incierta lógica de una coyuntura electoral, donde tal vez muchos de ustedes ya no refrendarán sus curules. Entonces, lo que sigue es preguntarse: ¿estará el Gobierno elegido en el 2026 interesado en darle continuidad a la paz urbana?

- Conflicto

2024-06-16

Paz urbana, sin marco jurídico no hay “paraíso”

Columnista 

Fredy Chaverra 

 

El pasado 14 de junio, en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, se realizó una audiencia pública sobre el avance del proceso de paz urbana en Medellín. La audiencia fue convocada por el Senado de la República y la lideró la senadora Isabel Zuleta. A lo largo de siete horas se pasó un exhaustivo “corte de cuentas” sobre los hitos y desafíos de la Mesa de Diálogos socio-jurídicos que se instaló en la cárcel La Paz de Itagüí el 3 de junio de 2023. Sin embargo, la audiencia no concluyó con lo que a mi juicio debe ser lo más importante para que este proceso tenga norte y buen puerto: la presentación o socialización de un marco jurídico específico para la paz urbana.

Sé que la discusión sobre el marco jurídico en el proceso de paz urbana ya cae en el terreno de la insistencia, así es y lo reconozco; personalmente, es un tema que me interesa desde que se expidió la Ley 2272 de 2022 -también conocida como la Ley de Paz Total- y al cual le he seguido la pista desde que el Gobierno radicó un proyecto de ley de sujeción y sometimiento colectivo a la justicia que terminó dejando a su suerte (el mismo que se hundió sin tener si quiera un primer debate). 

Luego, tras la publicación de la sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional que avaló la constitucionalidad de la Ley 2272; y a su vez, precisó que los términos del sometimiento para las Estructuras Armadas Organizadas del Crimen de Alto Impacto requieren de un marco normativo específico que debe ser fijado por el Congreso; y finalmente, con el estudio del borrador de un proyecto de ley denominado Segundas oportunidades que se presentó como el marco jurídico para la paz urbana pero que solo le “tuerce” el pescuezo a la Ley de Justicia y Paz.

Pero en medio de tantos avatares normativos, a la fecha y con el tiempo en contra, no se tiene claro cuál es el marco normativo que permita conocer la oferta jurídica para los actores armados que están sentados en Mesas de Diálogo socio-jurídico con el Gobierno.

Aunque estoy seguro de que las Mesas sí han cumplido, hasta cierto punto, con el diálogo en su dimensión social, ya que es algo que a bien se puede evidenciar con la disposición de treguas y la reducción de indicadores de violencia homicida asociada al accionar de estas estructuras armadas, considero que desde su dimensión jurídica, indispensable para que las Mesas tengan un horizonte claro en el mediano y largo plazo, el avance sigue siendo nulo. Porque hasta que no se tenga en firme una ley que fije los límites, las condiciones y las posibilidades de la Paz Urbana, las Mesas solo son casas en el aire.

Y no creo que esta sea una cuestión de abogados en un país de abogados, para nada, es una cuestión de realismo y de capacidad política, puesto que el Gobierno y el Congreso deben estar a la altura del momento histórico y en contraprestación a la voluntad que han expresado los cabecillas de estas estructuras armadas, deben meter el acelerador para que en la próxima legislatura se expida la ley que saqué a la paz urbana del terreno de la incertidumbre y así se dote a las Mesas de un soporte normativo que determine cual es la naturaleza de sus incentivos judiciales, sociales, económicos o políticos.

No considero realista seguir insistiendo -como lo hicieron algunos senadores y senadoras en la audiencia- en que el marco jurídico son los derechos humanos, eso no lo pongo en duda, pero sí le resta mucho realismo y finalidad a la especificidad de las Mesas; tampoco considero razonable argumentar que el proceso de diálogo que se dio en el gobierno Uribe con estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-se adelantó sin un marco jurídico, siendo ese y así lo confirma la evidencia de los hechos, una de las grandes dificultades en la gestación y puesta en marcha de lo que fue la Ley de justicia y paz.

Con todo respeto para los honorables senadores y senadoras, dejando de lado la retórica pro-paz harto conocida, no hay argumentación que valga: sin marco jurídico específico para la paz urbana las Mesas de Diálogo quedarán atrapadas en la incierta lógica de una coyuntura electoral, donde tal vez muchos de ustedes ya no refrendarán sus curules. Entonces, lo que sigue es preguntarse: ¿estará el Gobierno elegido en el 2026 interesado en darle continuidad a la paz urbana?

Me niego a reducir la cuestión a esa pregunta y por eso considero que la ruta debe ser la siguiente: el próximo 20 de julio, en la instalación de las sesiones ordinarias de la tercera legislatura, el Gobierno debe radicar el proyecto de ley que creé el marco jurídico para la paz urbana, convocando a sesiones conjuntas a las comisiones primeras de Cámara y Senado, con mensajes de urgencia e insistencia; y permitiendo, en la medida de lo posible, la participación de los sectores sociales directamente involucrados.

Sí el trámite se surte con carácter preferente y concita respaldo entre múltiples bancadas, estoy seguro de que para finales de 2024 se podrá contar con la ley. ¿Será esta una prioridad del Gobierno para la próxima legislatura?

Me permito dudarlo a la luz de las conclusiones de la audiencia. Que me indican que en relación a la paz urbana el Gobierno sigue navegando en las aguas de la incertidumbre; priorizando -de forma loable y eso no lo cuestiono- las dinámicas humanitarias de corto plazo, pero sin una estrategia legislativa de mayor alcance que blinde a las Mesas, y esto, con una gobernabilidad cada vez más reducida, con una Paz Total empantanada ante la opinión pública, y con el alcalde Federico Gutiérrez renuente a participar del proceso, no me dejan avizorar un buen puerto.

Sin duda, algo lamentable y preocupante. Pero no me llamaré a engaños, no dispongo de una curul en el Senado para tener la facilidad de engañarme, porque sin un marco jurídico para la paz urbana, no hay ni habrá “paraíso”.  

*En la Plataforma de seguimiento al proceso de diálogo entre el gobierno y el ELN -Isegoría- se puede encontrar una amplia serie de análisis, columnas, boletines, documentos académicos, y reportajes periodísticos relacionados con este proceso y la política de paz total. Toda esta información se puede consultar en el sitio https://isegoria.udea.edu.co/

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Fredy Chaverra
Politólogo, UdeA. Mag. Ciencia Política. Asesor e investigador. Es colaborador de Las2orillas y columnista de los portales LaOtraVoz y Al Poniente.