Columnista:
Jesús Antonio Córdoba R.
El panorama en Colombia es cada vez más desalentador. Tenemos un Gobierno increíblemente autoritario, cuyos valores y rasgos característicos no concuerdan con el Estado Social de Derecho que promulgó la Constitución del 91; una oposición en el Congreso a la que, muchas veces, no le alcanza para frenar todas las propuestas antidemocráticas de la coalición de Gobierno; la inexistencia de un proyecto político serio que promueva un real cambio para el país; y un territorio cada vez más peligroso para los grupos poblacionales históricamente vulnerados y vilipendiados, entre ellos las mujeres, sin posibilidades de que la situación se vuelva más favorable para ellas por cuenta de la institucionalidad y de la misma ciudadanía.
Las cifras de feminicidios han incrementado ostensiblemente, el abuso y acoso no dan tregua tampoco; es probable que en cada grupo familiar y de amistad tengamos amigas, primas, sobrinas, etc., que hayan experimentado casos de abuso o acoso, que producto de ello sientan que las calles no son lugares seguros para ellas y que, además, se encuentren con un entorno que las revictimice y les endilgue algún tipo de culpa, menospreciando estas situaciones.
El pasado 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se conoció el informe del Observatorio de Feminicidio de la campaña ‘No es hora de callar’ en el que se menciona que, durante este año, «entre el primero de enero y el 31 de octubre, 209 mujeres y niñas fueron asesinadas en Colombia, por su condición de género». Del total de casos de feminicidios (perpetrados hasta el 31 de octubre), el 93 % se encuentran en un estado de impunidad alarmante. Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá presentan las mayores cifras de feminicidios con 34, 31 y 18 casos respectivamente. También hay cifras de otras entidades y oenegés igual de preocupantes o con peores números.
Casos que van desde los diferentes tipos de machismo hasta las formas de violencia más extremas, situaciones diarias a las que hay que ponerle la debida importancia. Desde la discusión diaria, pasando por la cobertura en medios, hasta poner en el debate público la importancia de pensar en fórmulas para combatir, además de la impunidad, la falta de un piso real en la impartición de justicia en materia de tipos penales relacionados con las violencias de género.
Producto de la masacre en Bogotá, el 9 de septiembre (Día Nacional de los Derechos Humanos), en medio de las protestas por el asesinato de Javier Ordóñez por parte de la Policía, se conocieron graves denuncias sobre casos de violencia sexual a varias mujeres en los Comandos de Acción Inmediata (CAI). Dándole a estos casos de violencia contra las mujeres el componente institucional de manera directa, ya no solo en materia de acción u omisión para presentar posibles soluciones a esta problemática, sino también como victimario o autor de propia mano.
En una de mis columnas ya había hecho hincapié en un suceso denunciado por la periodista María Fitzgerald en la revista Cerosetenta, suceso que evidentemente sigue sin esclarecerse. Y si uno lo piensa con detenimiento, no es raro que estos hechos ocurran cuando las protestas en Colombia, además de estar atravesadas por un peligroso ambiente de estigmatización, también aparecen trastocadas por un tratamiento de guerra y ya sabemos cómo son utilizados los cuerpos de las mujeres durante estos tiempos de confrontación.
Desde los partidos políticos se han visto algunos destellos de voluntad para priorizar la visibilización de estos hechos, pero es una voluntad que se queda demasiado corta cuando encuentran participación de personas que, con su discurso, ponen en entredicho los enfoques de género. Vivimos en una sociedad que coloca en un segundo plano de importancia, o tercero, la violencia que padecen las mujeres. No existe esa urgencia con la que deberían ser tratados estos hechos y eso es algo que debe empezar a cambiar en este país.
La solución a esta clase de problemáticas no se va a encontrar, solamente, en lo que reclamamos siempre de los gobiernos, voluntad política. No. Si esto no va en conjunto con un proceso de interiorizar la existencia de un problema de machismo, sexismo, misoginia, entre otros, y que tiene su raíz en un sistema patriarcal que no le sirve ni a hombres ni mucho menos a mujeres, seguramente seguiremos viendo cómo, desde la ciudadanía, se siguen subestimando estas acciones criminales y se ejerce una doble victimización sobre las directamente afectadas por estos anacrónicos sucesos.
