“El pedido es simple en mi pregón: ¡quiero verdad, justicia y reparación!” Niquitown.
El conflicto armado colombiano no se ha quedado solo en las partes alejadas de cada departamento, no ha permanecido solo en la selva. Este se ha convertido en un paisaje al que muchos colombianos le hemos tratado de huir.
Muchos supondrían que cada Estado está hecho para proteger a sus ciudadanos, para combatir el crimen y devolverles la tranquilidad y la vida digna a la que tienen derecho según la constitución colombiana, pero para demostrar que esto no sucede relataré varios hechos expuestos en el Museo Casa de la Memoria de Medellín.
Comenzaré relatando un hecho ocurrido en Apartadó, Urabá antioqueño. En 1996 ya las catástrofes estaban marcadas. Eso lo vivieron nuestros campesinos en carne propia. Tuvieron que comenzar a huir debido a enfrentamientos entre grupos guerrilleros y las Farc.
Pero el Gobierno colombiano poco se interesó en este problema, es por esto que los afectados tuvieron que comenzar a desplazarse por todo el Urabá con las pocas cosas que le quedaban para buscar ayuda del Gobierno panameño.
Cuando el Gobierno colombiano detectó que estos estaban buscando un resguardo en el país vecino, decidieron “actuar”. Comenzaron a buscar la manera para retornarlos al territorio de nuestro país, garantizando su seguridad e integridad, ¿pero se cumplió?
Pues al principio, cuando subieron al helicóptero, los campesinos pensaron que todo lo que habían sufrido podría quedarse en el pasado, pero no ocurriría de esa manera. El transporte aterrizó justo en la zona de la que ellos habían huido. No se les dio ningún tipo de alojamiento o de seguridad, fueron dejados a la deriva como si fueran perros callejeros y sin derechos.
En nuestro país hay razones de peso para que el conflicto no cese, pero eso no es todo. A veces, están implicadas las instituciones que menos esperamos.
Pero aquí no paran las tragedias, por el contrario, comienzan a tocarnos cada vez más de cerca, pero siempre cobrando la vida de las personas con menos dinero, lo que parece significar, para el Estado, que también son los que tienen menos dignidad humana.
Cada país debería confiar en su Fuerza Pública. En que ellos combatirán el crimen para que la ciudadanía conserve la calma, ¿pero qué pasa cuando los que se supone que te defienden se unen con los que quieren acabarte? ¿Qué pasa cuando el Estado es cómplice de los crímenes más atroces?
No nos tenemos que ir muy lejos, ni siquiera salir de Medellín para demostrar esto. En octubre de 2002 (inicios del Gobierno de Álvaro Uribe), en la comuna 13 de esa ciudad, se presentó un hecho atroz en manos del Ejército, las Farc y algunos paramilitares.
El 16 y 17 de octubre del año 2002, la calma de la comuna 13 desapareció por completo. Las invasiones que se vieron eran petrificantes. Los desastres en las escuelas, las decomisadas de cédulas a las personas sin siquiera tener pruebas para hacerlo, fueron el pan de esos dos días.
Estábamos en el primer Gobierno de Uribe, los falsos positivos comenzaban a resonar y las familias afectadas eran cada vez más. Nadie tenía respuestas, pero parecía que las alianzas entre los grupos al margen de la ley y los “legales”, estaban siendo más comunes de lo que se quería.
“Durante la Operación Militar Orión en octubre de 2002, ser joven era un delito. A la ocupación militar ilegal y criminal con grupos al margen de la ley, se sumaron las detenciones arbitrarias por parte del Ejército y la Policía, quienes reseñaban ante cámaras de vídeo a los jóvenes que veían en las calles con el ánimo de dejar un registro de ellos”, Jesús Abad Colorado, exposición Museo Casa de la Memoria.
Pero el conflicto armado no para, ni siquiera con los Acuerdos de Paz firmados en La Habana durante el mandato de Juan Manuel Santos. Al principio esta parecía ser la solución. El Ejército no estaba teniendo que ir a combate y las madres que aún tenían a sus hijos ya no tenían el alma en vilo por temor a que se los llevara para la guerra.
Pero con el pasar del tiempo y el cambio de Gobierno, todo comenzó a cambiar. Tanto por el lado de las Farc, como de parte del Estado colombiano. Los primeros, comenzaron a faltar a las reuniones que se tenían programadas con las distintas víctimas del conflicto, lo que comenzó a debilitar la credibilidad que tenían algunos colombianos hacia ellos y sus ganas de cambiar las armas por paz.
Pero el Gobierno tampoco fue muy sano en su manera de proceder. Cuando se anunció el ganador de la segunda vuelta presidencial, la mayoría de los colombianos sabíamos que los acuerdos de paz estaban corriendo un gran peligro.
Tiempo después, casi a los 7 meses de su gobierno, el presidente Iván Duque mostró 6 artículos que le quería cambiar a los actuales acuerdos de paz. Pero todo eso, ¿bajo qué garantías?, ¿tuvo algún diálogo con las víctimas antes de proponerlos?, ¿las escuchó realmente o solo se dejó llevar por lo que su partido quería?, pues la oposición le hizo una contra a cada uno de los puntos que él quiso cambiar. Le demostró que el proyecto sí estaba bien construido y que esos ajustes eran completamente innecesarios y amenazaban la credibilidad que tenían como garantes de la paz ante el mundo.
Supongamos que las Farc, a pesar de todas las trabas que les ha puesto el Gobierno, no vuelven a la guerra y continúan siendo civiles desmovilizados que buscan otra manera de subsistir. ¿Creen que ellos son nuestro único problema en este momento?, pues no. No hay que ir mucho tiempo atrás.
El alto mando les recuerda a sus tropas que ellos están para dar resultados, no para pedirle disculpas a la sociedad.
¿Entonces sobre quién podemos poner la confianza?
Ese mismo día, el NY Times mostró su investigación acerca de la posible reaparición de falsos positivos. Al Ejército se le está exigiendo superar las bajas que se tuvo en el período pasado y las tropas que no lo hagan son presentadas como las que tienen menos rendimiento.
¿Qué tan legales han sido las bajas que se han hecho?, hasta el momento no se sabe. Lo que sí se puede asegurar es que el general Montoya continúa siendo investigado y que por esa presión decidió renunciar. Él asegura que nunca tuvo ninguna baja de manera ilegal, sino que todas están ajustadas a la Constitución.
Las dudas seguirán estando, pero lo cierto es que mientras el Estado no deje de ganar en la guerra, mientras sigan apareciendo muertos inocentes y no se busque un interés común por encima del individual, no avanzaremos.
Por más que se acaben las guerrillas y los grupos paramilitares, mientras no podamos confiar en quienes nos dirigen, estamos muertos como país.
Totalmente de acuerdo. En la operación Orión, cuando Uribe era presidente, y el actual gobernador de Antioquía era alcalde, ordenó esa invasión y ahora se las da de demócrata y justo, pensando en el próximo cargo público a que debe estar aspirando.