Columnista:
Mariana Rozo Deluque
La COVID-19 ha traído consigo una cantidad exorbitante de personas fallecidas, pero también ha generado —entre otras cosas— un incremento en los niveles de pobreza a nivel mundial. Todo pasó de ser una situación exclusivamente médica-científica a fusionarse con cuestiones económicas, sociales y políticas en las que, por ejemplo en Colombia, se ha expuesto aún más la miseria con la que muchas personas lidian a diario. Sin embargo, de toda la coyuntura actual, quienes se supone nos dirigen no han perdido ni un solo momento para continuar con sus fechorías: desde tomar millones de la paz para mejorar la imagen de quien no posee gramo de presencia, hasta desalojar familias enteras como ocurrió en Altos de la Estancia y Ciudad Bolívar.
Pero ahí no termina todo. El ESMAD ha asesinado una vez más a un joven y el Ejército demuestra nuevamente el deterioro que hay en dicha institución. Esos, son pocos ejemplos de hechos deplorables en un mar de otros actos dolorosos ocurridos en el contexto de la cuarentena, hechos que provocan indignación y, sobre todo, impotencia.
Además ha sido evidente que los políticos en Colombia no pierden ni una oportunidad para sacar provecho, hay quien dice que en esta situación las cuestiones políticas no caben y que debemos dejar de lado este tema, pero ¿quien se supone debe hacer esto, lo hace?, ¿nuestros dirigentes han dejado de lado sus intereses?
En el marco de esta pandemia hemos visto cómo los gobernantes se aprovechan del hambre de su pueblo para mejorar su aprobación, han puesto su rostro en mercados mezquinos que entregan a familias de bajos recursos, como ocurrió en Barranquilla, cuyos mercados venían con una cartilla que traía, en gran parte de su portada, al alcalde Jaime Pumarejo; el gran problema radica en que esos mercados no llegan a ser de más de 33 mil pesos, cuando la Alcaldía pasó contratos por más, en concreto, por 60 689 pesos, cosa que la Administración Municipal niega y busca desmentir. Parecerían estar estafando a cientos de familias y, en el proceso, buscan mejorar la opinión que tienen hacia estos dirigentes sinvergüenza.
Hemos podido ser testigos de cómo nuestros dirigentes están llenos de escándalos con narcotraficantes y, a pesar de esto, salen en redes sociales y medios de comunicación a defenderse entre sí, como si sus palabras fueran de personas respetables o “gente de bien”, como les gusta llamarse. Uno de los casos más recientes es el de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien pagó la fianza de su hermano que había sido enviado a una cárcel estadounidense —por estar en una operación para ingresar heroína a ese país en 1997—, para luego anunciar que se trató de una “tragedia familiar”, cuando la verdadera tragedia son las violaciones a derechos humanos que ha cometido esta mujer. En ambos casos se refleja cómo los políticos buscan a toda costa limpiar y mejorar su imagen, una imagen ya sucia por acciones pasadas y presentes, imagen despreciable que ni la historia ni nosotros debemos olvidar en tiempos de pandemia.
Como pueblo no podemos dejarnos engañar por falsas promesas de salvación hechas por villanos disfrazados de héroes, ni mucho menos dejar de analizar el actuar de estos políticos por más difíciles que sean los tiempos; que como pueblo detengamos nuestro debate político implica una ganancia para ellos que nos quieren distraídos y sumisos, así que es necesario continuar con la tertulia e incluso, persistir con el inconformismo social, lo cual es un punto a favor de los derechos humanos y la defensa del bienestar de todos y todas. Por esto y, muchas más razones, no silencie esos pensamientos de desagrado y desconfianza hacia nuestros incompetentes dirigentes, pero sobre todo, no coma cuento.
