Columnista:
Miguel Figueroa
Malditos. Mil veces malditos los soldados, policías o autoridades que apuntan su arma contra su pueblo. Esta, es una de las tantas enseñanzas que nos dejó el Libertador Simón Bolívar, prócer y símbolo de la insurrección libertaria de los pueblos oprimidos en contra de la injusticia.
Cómo no indignarse ante la barbarie perpetrada por las autoridades policiales en los últimos días, cómo no hacerlo por la mediocridad de un Gobierno mafioso que ante el abuso de autoridad, responde con represión y muerte. Por eso las siguientes reflexiones, que las hago a título personal, están dedicadas a esa banda de criminales, a esa institución tan degradada, que hace uso de nuestros impuestos para atentar contra el pueblo.
El novelista Humberto Moreno dijo alguna vez «Colombia para mostrarse viva solo deja rastros de muerte», y es que la horrible noche no ha cesado, pues desde hace dos siglos y de partido, pero en el fondo la diferencia fundamental permanece, por una parte, los defensores de los privilegios de las élites y por otro lado, los desposeídos que reclaman futuro.
Habría que preguntarse, ¿qué hay detrás de esta desacreditada institución?, en lo fundamental existe un acumulado histórico de una organización armada, que desde sus orígenes, ha estado al servicio de la oligarquía de turno liberal o conservadora. Ya en 1947 se registraba el asesinato por parte de la policía política de la época, de cerca de 14 000 personas.
Detrás de esta institución está la doctrina autoritaria, el reflejo material de una sociedad inculta, con evidente ausencia de educación o formación crítica. El adoctrinamiento del enemigo interno, que institucionalmente profesa, inculca en sus miembros un odio visceral contra el pueblo, y mucho más en contra de las clases populares alzadas que ejercen el derecho legítimo a la protesta.
Lo que ha sucedido es una expresión brutal y fascista que busca acallar la movilización popular de una ciudadanía cansada del desgobierno neoliberal, en cabeza de un presidente bufón, vacío de ideas pero lleno de estupidez.
El terrorismo de Estado al que asistimos hace parte de la agenda política uribista que además de hacer trizas la paz ha propiciado el exterminio físico de quien cuestione o alce su voz en contra de la injusticia, como en los años ochenta con el exterminio de la Unión Patriótica, lo que se busca es acallar mediante el terror, asesinando a líderes sociales, excombatientes, o manifestantes inconformes. Y con esto perpetuarse nuevamente en el poder. No solamente durante cuatro años más, sino por décadas.
Esa atrofia estatal no tiene límite. La responsabilidad de las actuaciones inhumanas de los desalmados asesinos con uniforme no puede quedar en la impunidad, la sanción social y penal debe llegar hasta los altos mandos, quienes en el momento en que toman posesión de sus cargos asumen la responsabilidad colectiva de la institución que representan.
Como era de esperar, así como se han gastado $3 500 mil millones para levantar o mejor, lavar la imagen del presidente, así mismo, los medios tradicionales de comunicación y su matriz manipuladora ya han salido hacer eco de los hechos aislados, minimizando los asesinatos que a sangre fría han perpetrado los agentes de policía. Los medios hegemónicos, con su calificativo de preferencia, señalan de «vándalos» a los miles de colombianos hastiados de la dictadura uribista.
Si estos hechos fuesen en otra nación, como Venezuela, su discurso sería totalmente diferente, pura doble moral e interés político y económico, el mismo que les angustia perder. Los medios de comunicación tradicionales, al servicio del poder, manipulan, embrutecen, tienen cada una de sus palabras puestas milimétricamente para pintar nuestro país como la Suiza de los Andes. Su ejercicio irresponsable del periodismo contribuye a perpetuar el Estado opresor y por supuesto, a deslegitimar y criminalizar la protesta social.
En nuestro país, unos actores históricos de la inequidad social y económica son los militares y policías quienes cobijados con leyes de control social, fueros judiciales y la supuesta honorabilidad de su servicio, ponen la balanza de la justicia en favor de los poderosos. Así se lava la cara la élite dominante, gestora de la miseria social y la dictadura política. Los policías y militares hacen el trabajo sucio públicamente, mientras los políticos desde sus comodidades gozan de impunidad por sus perversos actos detrás del telón.
Por eso la gente sale en su desespero y reacciona así, por la falta de oportunidades, por hambre, tristeza y desesperanza. No es vandalismo, es el nudo en la garganta de ver cómo nuestros impuestos se los entregan a una empresa multinacional extranjera. Es la indignación de ver a personas mediocres en altos puestos públicos. Es la ira por la impunidad campante. Es la angustia de que la autoridad no nos protege, sino que en cualquier momento nos puede asesinar. Es la desesperación ante la negación de futuro para los jóvenes.
No es vandalismo, es la justa respuesta ante décadas de injusticia social y económica que la élite gobernante por su racismo y clasismo ha generado.
Es de aclarar también, que ante la injusticia, vida o la muerte y la barbarie, debemos superar las tibiezas, y tomar partido, reconocernos como sujetos políticos implica tener una posición clara. Jamás la violencia sistemática de un Estado terrorista como el colombiano puede evaluarse en los mismos términos que las actuaciones del estallido social, apenas lógico, pues los policías juraron defender a los ciudadanos y para eso reciben su salario, no con el fin de asesinar a la gente indefensa. Las paredes manchadas, los buses quemados, todo tipo de bien material son susceptibles de recomponerse, pero las vidas humanas no se recuperan nunca. Es de ignorantes equiparar las pérdidas materiales, con la inconmensurable pérdida de un ser querido.
Me niego a que nuestro futuro esté condenado a más violencia y derramamiento de sangre, a que las futuras generaciones tengan que servir de carne de cañón para darle continuidad a la guerra fratricida y a la irracionalidad del no futuro. De seguro que esto lo cambiamos y llegará el momento en que toda la ciudadanía tome conciencia de que solo unidos y movilizándonos, construiremos un futuro sin abuso de autoridad y brutalidad policial.
