La juez 28 Penal de Conocimiento de Bogotá decidió aceptar como víctima provisional del proceso contra Álvaro Uribe Vélez, por soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal, a la médica Deyanira Gómez Sarmiento, expareja del testigo clave, Juan Guillermo Monsalve. La juez, en cambio, rechazó la petición del periodista Gonzalo Guillén, quien también reclamó su calidad de víctima.
Según las consideraciones de la juez, si bien Deyanira Gómez resultó afectada por una posible persecución en su contra que la llevó al exilio junto con sus dos hijos menores de edad, puso en duda algunos de los elementos probatorios allegados por los representantes de las víctimas al considerar que no existe evidencia de que Uribe hubiera interferido en la pérdida de su trabajo ni en el proceso de extinción de dominio sobre un predio de su propiedad.
En el caso del periodista Gonzalo Guillén, la juez consideró que no era un afectado directo en este proceso puntual y prácticamente lo mandó a buscar justicia en otro escenario judicial.
La decisión de la jueza respecto a la decisión de rechazar la petición de Guillén así como algunas de las consideraciones que emitió en relación a la solicitud de Gómez, se da en sinfonía con algunos de los elementos argumentativos alegados por parte de la defensa del imputado en representación de Jaime Granados, de la Fiscalía en cabeza de Gabriel Jaimes Ramón y del Ministerio Público o Procuraduría; quienes, además, vienen cantando al unísono a favor de la preclusión del caso. Todo esto, claramente para favorecer a Uribe.
Después de lo decretado por la juez, tanto la Fiscalía, como la Procuraduría y la defensa de Uribe Vélez apelaron la decisión de reconocer a Deyanira Gómez como víctima. Asimismo, el periodista Guillén a través de su abogado apeló la decisión que le negó su petición de ser reconocido como víctima.
Por cuenta de dichas apelaciones, este caso pasará a manos del Tribunal Superior de Bogotá. Algunas de las partes pidieron que no se reanude la audiencia hasta tanto no se dé la decisión de segunda instancia; lo cual aplazaría aun más la diligencia en la que la Fiscalía debe exponer los argumentos que soportan su solicitud de preclusión del caso.
Recordemos que este proceso inició luego de que el senador Iván Cepeda hizo un debate de control político contra Uribe en el Congreso por sus supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Frente a las revelaciones de Cepeda, el entonces senador Uribe decidió denunciarlo ante la CSJ porque, supuestamente, estaba asistiendo a cárceles del país para fabricar testigos en su contra. En medio de la investigación, la Corte encontró evidencia que señala que al parecer fue Uribe quien pagó a testigos falsos para desviar las acusaciones en su contra y afectar al senador del Polo Democrático. Como quien dicen, fue por lana y salió trasquilado.
IMPUNIDAD, ¿HASTA CUÁNDO?
Corrupción, vínculos con el paramilitarismo, intereses en el narcotráfico, asesinatos selectivos, masacres, y hasta espionaje electoral, son algunos de los señalamientos en contra de Uribe por sus actuaciones cuando fue gobernador de Antioquia, presidente de la República y senador. La mayoría de procesos se encuentra sin un avance importante, a excepción del que por primera vez puso a un expresidente de Colombia preso.
¿Podrán pedir la preclusión de las cientos de investigaciones que han señalado a Uribe a lo largo de su carrera política? ¿Podrán conservar la impunidad en todos estos procesos? ¿Podrán tapar la verdad histórica? ¿Podrán borrar la memoria colectiva de un pueblo víctima de los más macabros hechos?
Hechos como…
LAS MASACRES DE EL ARO, LA GRANJA Y SAN ROQUE
Los hechos fueron atribuidos al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, radicado en Antioquia, en momentos en que Uribe era el gobernador del departamento. Varios exparamilitares, incluido el excomandante Salvatore Mancuso, afirmaron que Uribe Vélez participó en la planeación de los hechos.
Mancuso aseguró que Uribe tenía conocimiento de la masacre que los paramilitares perpetraron en El Aro; en la que asesinaron a más de 20 personas, y sostuvo que el secretario de gobierno de Uribe estuvo con el grupo armado ilegal durante los hechos, y que el Ejército colombiano los ayudó a pedido del entonces gobernador, todo ello según acredita la Comisión Colombiana de Juristas.
Otro exparamilitar de menor rango, Francisco Villalba, sostuvo que Uribe habría participado de principio a fin en la masacre, pues según él, el entonces gobernador estuvo en una reunión en la que se planeó el ataque y posteriormente felicitó a los armados porque “la operación había sido un éxito”. Un año después de sus denuncias, Villalba fue asesinado en un lugar cercano a Medellín, donde pagaba su condena de casa por cárcel.
EL ASESINATO DE JESÚS MARÍA VALLE
En el proceso que investiga las masacres acaecidas en El Aro, La Granja y San Roque, también se incluye el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle, quien fue una de las primeras personas en denunciar la participación del Ejército en dos de estas masacres. En el expediente también se señala a Uribe como presunto responsable intelectual del homicidio.
Pese a toda la evidencia probatoria, la investigación no ha prosperado, en gran medida debido a sucesos como el “extravío” de medios de prueba y hasta el asesinato de posibles testigos.
La Corte Suprema de Justicia, máximo órgano encargado en este proceso, en 2018, declaró las tres masacres y el homicidio del abogado como delitos de lesa humanidad. Esta decisión impide que los casos prescriban, es decir, siempre se podrán investigar y juzgar. Actualmente, el caso sigue en investigación.
INTERCEPTACIONES Y ESPIONAJE
El hacker Andrés Sepúlveda, asegura que el expresidente Uribe contrató y pagó sus servicios para espiar electrónicamente a sus contrincantes electorales en los comicios de 2012. Uribe, en respuesta, denunció a Sepúlveda por injuria y calumnia.
Recordemos que todo este escándalo estalló en medio del Proceso de Paz entre el Gobierno y las extintas FARC y las elecciones presidenciales, cuando la revista Semana denunció que una oficina liderada por el hacker Andrés Sepúlveda interceptaba los celulares y los correos electrónicos de los negociadores de paz que representaban al Gobierno.
Una vez capturado, Sepúlveda le dijo a la Justicia que su objetivo era darle esa información a la campaña presidencial del candidato uribista Óscar Iván Zuluaga para que ellos pudieran deslegitimar la reelección del entonces presidente Juan Manuel Santos. Además, el hacker señaló que sectores uribistas le dieron instrucciones para afectar el proceso de paz; para lo cual, añade, contó con el apoyo de algunos sectores militares –tal es el caso de ‘Andrómeda’— que le compartían información secreta y privilegiada al expresidente Uribe.
COMPRA DE VOTOS: “ÑEÑEPOLÍTICA”
La Corte Suprema de Justicia le abrió investigación preliminar a Álvaro Uribe Vélez tras un escándalo de audios de un exganadero y narcotraficante, identificado como José Guillermo «Ñeñe» Hernández, en los que se habla de un presunto ingreso de dinero ilícito a la campaña presidencial de Duque.
Los audios fueron publicados por el portal La Nueva Prensa. Gonzalo Guillén, uno de los periodistas que reveló la información, aseguró que en esas llamadas Hernández dice «ser el eje de una operación de compra de votos en la costa norte para el hoy presidente Duque, por orden del expresidente y senador Álvaro Uribe».
El exganadero fue asesinado en medio de un supuesto robo, en mayo de 2019 en Uberaba, Brasil.
A los más de mil audios que sacaron a la luz este caso de presunta corrupción electoral, llamado coloquialmente en Colombia «ñeñepolítica», se le suman decenas de fotos en las que tanto el actual presidente, Iván Duque, como el exmandatario Álvaro Uribe aparecen en compañía del “Ñeñe”.
En ese sentido, La Nueva Prensa indica que la relación entre dichos personajes podría haber sido aún más cercana, pues «Ñeñe» Hernández estuvo en la posesión presidencial de Duque como uno de los invitados especiales. «Tuvo una silla con mejor ubicación que los magistrados de las altas cortes», dice el diario.
OTROS DELITOS
Al expresidente colombiano, líder del Centro Democrático, hace al menos 25 años lo envuelve una manta de acusaciones en su contra por hechos que datan desde la época de los 90.
Uribe enfrenta procesos de toda índole. Más de 100 investigaciones lo han señalado a lo largo de su carrera política. Solo bajo la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia, máximo ente judicial de Colombia, se investigan 28 procesos de tipo penal en contra del exmandatario, de los cuales solo uno ha llegado hasta la fase de indagatoria, etapa previa a la acusación formal.
Solamente entre 2002 y 2010, años en los que Uribe Vélez fue presidente, 186 acusaciones se presentaron contra él por la presunta comisión de varias ilegalidades. Estas actuaciones se siguieron por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de representantes, encargada de investigar a los altos funcionarios del Estado. De todas ellas, 56 se mantienen en trámites, pero ninguna ha prosperado notablemente.
Otras de las investigaciones que señalan a Uribe, la mayoría de las cuales no han avanzado, son: las interceptaciones ilegales ejecutadas por el extinto DAS, la muerte de Pedro Juan Moreno, el apoyo a grupos paramilitares, el caso del general de la policía Mauricio Santoyo, la denominada ‘yidispolítica’ por su protagonista la excongresista Yidis Medina y el delito de injuria y calumnia interpuesto por el exmagistrado Iván Velásquez quien también fue llamado a testificar en el proceso por manipulación de testigos.
Por supuesto, sobre Uribe, en su calidad de presidente de la denominada “Seguridad democrática”, también recae la responsabilidad de los crímenes de Estado o ejecuciones extrajudiciales de, por lo menos, más de 6000 colombianos.
