Otro año de entretenimiento, pero sin gobierno

¡Tranquilos, sigamos pendientes de Santrich, Arias y la prisión perpetua para los asesinos y violadores de niños!

Infórmate - Sociedad

2019-07-16

Otro año de entretenimiento, pero sin gobierno

Autor: Hernando Bonilla Gómez

 

De confirmarse los rumores relacionados con el hecho de que alias Jesús Santrich salió del país con rumbo a Venezuela y después se trasladó a Cuba, sin ninguna razón o justificación atendible, sino únicamente con el fin de eludir su cita con la justicia y su obligación de responder ante ella por los delitos por los que se le investiga en la Corte Suprema de Justicia, así como ante la JEP, será incontrovertible el hecho de que traicionó a sus excompañeros de lucha, ahora integrantes de un partido político legalmente reconocido, y que mintió y defraudó al país.

No obstante que en el trámite de las actuaciones judiciales que se le adelantaron y actualmente le siguen las autoridades, se le garantizaron sus derechos constitucionales a pesar de las presiones de la Fiscalía y del Gobierno tendientes a evitar su libertad.

Ese mismo país debe entender que la paz no es Santrich y que hay más de 10 mil exguerrilleros a la espera de la debida implementación del Acuerdo y su reincorporación. Ellos siguen creyendo en el proceso y a eso es a lo que hay que seguir apostándole.

Emilio Archila, alto consejero para la Estabilización, en entrevista para El Espectador, señaló acertadamente:

“Santrich es un pésimo ejemplo que no está siguiendo nadie. Hay más de 10 mil excombatientes que están respondiéndole al país y a la justicia”.

En el mismo sentido, Eamon Gilmore, enviado especial de la Unión Europea para la paz en Colombia, indicó que “el acuerdo de paz aún es la mejor noticia del mundo”, haciendo énfasis en la necesidad de su implementación completa para superar las causas que originaron el conflicto, entre ellas, la pobreza que viven miles de colombianos.

Corresponderá entonces a la justicia determinar las consecuencias de la no comparecencia de Santrich ante las autoridades y su responsabilidad en las conductas punibles por las que se le investiga.

Mientras al Gobierno le corresponde cumplir con su obligación de gobernar con la finalidad de conseguir mejores condiciones de vida para todos los colombianos, lo que debe ser prioridad y no la obsesión por quien defraudó la confianza de la sociedad.     

Resulta también incontrovertible, a pesar de la acérrima defensa del uribismo, el hecho de que Andrés Felipe Arias Leiva, exministro de Agricultura del Gobierno Uribe, se encuentra condenado, por sentencia debidamente ejecutoriada, que hizo tránsito a cosa juzgada emitida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia a 17 años de prisión como autor responsable de los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, en el escándalo por todos conocido de Agro Ingreso Seguro (AIS).

Mientras se tramita y expide afanosamente la ley, con efectos retroactivos, que permite o garantiza la segunda instancia de las sentencias condenatorias emitidas en única instancia contra los aforados o altos funcionarios del Estado, que hubieren causado ejecutoría con anterioridad a su vigencia y a la del Acto Legislativo No. 1 de 2018, lo que en principio es un riesgo para la seguridad jurídica y una regla especial de excepción a la cosa juzgada (carácter inmutable, vinculante y definitivo de las sentencias en firme), y se procede a la revisión posterior del fallo emitido contra el exministro Arias Leiva con ocasión de esta, con la esperanza de su revocatoria según los uribistas; la conclusión no puede ser otra:

A Arias se le desvirtuó la presunción de inocencia y la justicia lo halló responsable de los delitos por los que lo acusó la Fiscalía, sin que ello actualmente tenga discusión alguna, desde el punto de vista jurídico.

Es decir que el señor Andrés Felipe Arias se encuentra condenado por sentencia definitiva y debe cumplir la pena.

No obstante, ciertos sectores de la sociedad y, especialmente, el uribismo insisten en que la condena penal obedece a una persecución política, cuando es de público conocimiento que por estos mismos hechos también fue encontrado responsable disciplinaria y fiscalmente el exministro.

Entre otras cosas, el fallo disciplinario fue emitido y confirmado, en única instancia, por el exprocurador Alejandro Ordóñez Maldonado, alfil del partido de Gobierno, y la acusación penal fue presentada y sustentada ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia por la hoy uribista y exfiscal Viviane Morales Hoyos. ¿Será que todas las autoridades se pusieron de acuerdo en la persecución?

Resulta raro que no se hable, convenientemente, de la misma persecución por parte de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, sino solo por la Corte Suprema de Justicia, corporación judicial que juzgó penalmente al exministro Arias Leiva.

Y curioso también que para el Gobierno y su partido político, una persona que no ha sido siquiera vinculada legalmente a una investigación penal y, por tanto, procesada ni condenada, a quien no se le ha desvirtuado la presunción de inocencia, sea considerada como delincuente, mafiosa y narcotraficante, mientras que otra, que ha sido hallada responsable y condenada mediante sentencia ejecutoriada y, además, juzgada y declarada culpable fiscal y disciplinariamente, se considere una víctima de la justicia y un perseguido político.

Como van las cosas es evidente que, luego del espaldarazo de Santrich a los opositores de la paz, habrá entretenimiento para rato en el segundo año de mandato, pero sin gobierno de Iván Duque, con la insistencia en la necesidad de hacer “ajustes” o derogar la JEP, para que hechos como el del mencionado personaje no se vuelvan a repetir.

Así como con la ley con efectos retroactivos para garantizar la segunda instancia a los aforados (altos funcionarios del Estado) condenados, concretamente para favorecer al exministro Arias, sobre los que pesa sentencia ejecutoriada de única instancia y, en general para garantizar la doble conformidad a todos los ciudadanos, pues antes no se les había ocurrido garantizar el debido proceso (doble instancia) a todos los altos dignatarios del Estado hallados responsables penalmente en única instancia. Algo se esconderá detrás del afán de favorecer a Uribito.

Y la diversión, mejor la distracción, se completa con la propuesta populista de prisión perpetua para asesinos y abusadores sexuales de niños y niñas, que conlleva una reforma constitucional, con las implicaciones que ello trae y que se ha considerado, según expertos, ineficaz, desproporcionada, irrazonable e inconveniente.

Así lo determinó, según los medios, un estudio realizado por la Comisión Asesora de Política Criminal que estableció que no hay evidencia alguna que permita concluir que esta clase de pena por delitos graves contra los niños lleve a una reducción de las agresiones contra los menores.

Mientras tanto, los asuntos prioritarios del Estado en espera:

  1. La sociedad pidiendo explicaciones que nunca se darán sobre la relación del presidente Duque y los políticos uribistas con el asesinado ganadero José Guillermo “Ñeñe” Hernández, vinculado a la organización criminal liderada por Marcos Figueroa, alias “Marquitos”;
  2. La implementación del Acuerdo del Teatro Colón en veremos;
  3. El asesinato sistemático de defensores de derechos humanos, líderes sociales, ambientalistas y excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC en todo su apogeo en pleno año electoral.

¡Pero sigamos pendientes de Santrich, Arias y la prisión perpetua para los asesinos y violadores de niños!

 

 

Foto cortesía de: El Tiempo, El Periódico, RCN Radio.

 

 

( 1 ) Comentario

  1. Todos los días un show o un escándalo distractor, hoy salieron con la lambonería más degradante que se pueda ver en el Congreso con la instalación de una placa de Macías alabando a Uribe, mañana sale la Cabal con una de sus burradas o Mejía con sus vulgaridades y así nos van idiotizando.

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Hernando Bonilla Gómez
Abogado egresado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Constitucional y litigante independiente.