En el año 2016 se logró firmar un acuerdo de paz entre el Gobierno Colombiano en cabeza del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla más antigua del continente, las FARC-EP. Después de alrededor de cuatro años de conversaciones en La Habana, Cuba, se pusieron de acuerdo las delegaciones del gobierno colombiano y el secretariado de las FARC, máximo órgano de dirección de la antigua guerrilla.
Fue así como comenzó a vislumbrarse un nuevo horizonte de país con el texto que se pudo lograr en esa mesa de negociación, pero meses más tarde se presentaron amplias dificultades para llevar a cabo la implementación del acuerdo, tanto que en julio de 2017 el periódico la Nueva Tribuna de España sostuvo lo siguiente:
“La ley de amnistía aprobada hace siete meses viene funcionando muy lentamente, lo cual genera problemas de inseguridad en la base guerrillera y fuertes presiones de los militares y policías que supuestamente serían beneficiaros de dicha ley”.
Desde allí se creó una expectativa negativa en todo el país y, en especial, a los quince mil desmovilizados de esa guerrilla que se acogieron a la negociación realizada entre las partes, a pesar de que existía poca credibilidad en las bases guerrilleras por los antecedentes de incumplimiento del Estado colombiano para con los acuerdos firmados con grupos alzados en armas.
Un ejemplo claro se dio a finales del siglo XX en donde se produjo el asesinato sistemático de militantes del partido político de la Unión Patriótica (UP), antiguo brazo político de las FARC – EP. Para la época acribillaron alrededor de cinco mil (5 mil) militantes políticos, entre esos senadores, representantes a la cámara, diputados, concejales y alcaldes, genocidio que llevó al Estado colombiano en el 2014 a admitir y declararlo como un crimen de “lesa humanidad”.
Aunque la gran mayoría de guerrilleros están en la actualidad en las zonas de transición o también llamados “espacios territoriales de capacitación y reincorporación”, otros mandos medios siguen en la misma línea de guerra y no se acogieron a los acuerdos de paz, tanto por la poca credibilidad frente al Estado, como por el negocio que han nutrido por décadas, como ha sido el manejo de las rutas de narcotráfico y control de zonas territoriales en donde el propio Estado perdió el control por completo.
Es así como han surgido las llamadas disidencias de las FARC, que según algunos datos no oficiales, llegan a ser alrededor de mil quinientos (1500) hombres alzados en armas dispersos en grupos residuales en todo el territorio nacional, en donde prevalece más un interés económico que un interés político, y su gran influencia es Miguel Botache Santillana, alias “Gentil Duarte”, un exnegociador de las FARC en la mesa de la Habana.
Ahora bien, después de un año y medio de firmado el acuerdo de paz, a mediados de 2018, Colombia tuvo las elecciones presidenciales más polarizadas en décadas, no solo por la existencia de un nuevo actor político en el espectro nacional (las FARC-EP como partido político y no como movimiento insurgente alzado en armas), sino por la advertencia y amenaza de sectores de extrema derecha que prometían que al llegar al poder iban a “hacer trizas ese maldito papel que llaman el acuerdo de paz con las FARC”.
Las elecciones presidenciales se llevaron a cabo en mayo de 2018 con un resultado en primera vuelta que favoreció a Iván Duque, candidato del Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez que obtuvo un 39% de los votos. El uribista se disputó la Presidencia con Gustavo Petro, representante de la izquierda y exalcalde de Bogotá, que consiguió el 25% de la votación.
En la segunda vuelta presidencial, llevada a cabo en junio del mismo año, Iván Duque se impuso con el 53,98% de los votos frente al 41,81% logrado por Gustavo Petro. Llegando así a ocupar el primer cargo político del país caribeño y logrando ser el presidente más joven de la historia de Colombia.
Iván Duque Márquez, abogado de profesión, con experiencia como consultor por más de 10 años en el Banco Interamericano de Desarrollo – BID y luego senador de la República en el periodo 2014-2018, jura a la Presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2018, para comenzar su periodo presidencial que se extiende al 6 de agosto de 2022.
Iván Duque considerado por los medios de comunicación como la renovación política de Colombia, comienza a gobernar el país con muy poca claridad de lo quiere hacer, tanto así que pasados cien días de su gobierno, su poca experiencia en el ejecutivo es tan evidente entre la ciudadanía que lo refleja en varias encuestas y centros de estudios a nivel nacional como “el presidente más impopular de Colombia en décadas”.
Por lo tanto, la esperada posición de una cumbre del Centro Democrático no se ha hecho esperar. Lo dijo el exministro Fernando Londoño de la siguiente forma: “hacer trizas ese maldito papel que llaman el acuerdo de paz con las FARC, será el primer logro del Centro Democrático” y parece que aún lo tiene muy presente el presidente de los colombianos.
La misión de la ONU de verificación del acuerdo de paz se ha extendido por un año más en el país. La poca implementación del acuerdo de paz por parte del gobierno de Duque ha generado deserción en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación de muchos excombatientes a las filas armadas, puesto que ni siquiera han tenido agua potable para sus viviendas, además de la nula estabilidad económica que se pactó en el acuerdo, lo que ha dificultado en gran medida el avance hacia unas condiciones óptimas para asegurar su reincorporación.
La estabilidad jurídica, un aspecto clave para todos los exguerrilleros, viene teniendo grandes dificultades desde la Ley de Amnistía prometida para la totalidad de sus militantes de las filas que están en las cárceles: la ley aún está en veremos para más de mil exguerrilleros.
Grandes dificultades también se han visto en el avance de la Jurisdicción Especial para la Paz, herramienta creada para juzgar los delitos cometidos durante el conflicto armado, que en la actualidad parece estar en el foco de varios sectores de ultraderecha que no quisieran que funcione con legitimidad en aras de evitar lograr una paz con verdad, justicia, reparación y no repetición.
Es así como la JEP en la actualidad se enfrenta a escándalos que quisieran enlodar su nombre y deslegitimar su actuar, a tal fondo que el expresidente Uribe ha pedido eliminar u objetar la Ley Estatutaria de la misma. El problema es que si eso llega a lograrse, heriría gravemente el corazón del acuerdo de paz, poniendo en un reto de grandeza y autonomía al actual presidente Iván Duque.
Foto cortesía: Cablenoticias
