Columnista:
Marlon Rivera
En Colombia pareciera que las instituciones de control e investigación no son efectivas a la hora de decir “hemos abierto una investigación”, como respuesta ante los casos que se denuncian donde se ven involucrados funcionarios públicos o personas implicadas en grandes escándalos nacionales. Basta recordar la muerte de Alejandro Pizano —hijo de Jorge Enrique Pizano, testigo clave del caso Odebrecht—, quien murió envenenado al beber agua saborizada de una botella que contenía cianuro (caso que se archivó); o el caso Odebrecht en sí mismo, investigaciones que aún no concluyen y, que con el pasar del tiempo, parecen engavetarse; y ni hablar del escándalo por las “chuzadas y perfilamientos” del Ejército.
En los últimos días ha sido muy frecuente escuchar dicha frase como respuesta a la existencia de casos de excesos de fuerza —o abuso de poder— por parte de uniformados de la Policía y el Ejército. Donde las instituciones de control —Procuraduría, Fiscalía e incluso la Policía y el Ejército— parecen haberse aglutinado bajo un eslogan empresarial “hemos abierto una investigación” o “esto será materia de investigación”.
Basta con que se denuncie el caso ante los medios de comunicación para que la respuesta de la Policía sea… “hemos abierto una investigación”, si se presiona un poco más llegan las instituciones de control, y claro, dando parte de tranquilidad a las víctimas les ofrece su apreciado “hemos abierto una investigación”. Una frase que oculta la lentitud de las investigaciones, el encubrimiento de las acciones a denunciar o los posibles hostigamientos para que el denunciante desista.
Eslogan sinónimo de impunidad
Uno de los mayores usuarios de este eslogan indudablemente es la Policía Nacional, para excusar el actuar de sus miembros, desde los patrulleros hasta el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
En diciembre del año pasado la ONG Temblores, en un reporte titulado “Silencio oficial: un grito aturdido de justicia en el marco de los veinte años del Esmad”, contaba 34 muertes provocadas por acción de alguno de sus agentes, en su mayoría eran estudiantes universitarios y campesinos. Una cifra bastante alarmante para un cuerpo policivo especializado en “dispersar multitudes en circunstancias violentas o peligrosas, no para agredir a los ciudadanos”, como manifestó el general Óscar Atehortúa a la Redacción Judicial de El Espectador en el artículo “34 personas han muerto por acciones del Esmad desde su creación: ONG Temblores”.
La campaña más fuerte de este eslogan, utilizado al unísono por las instituciones estatales, empezó antes del 21N, con allanamientos irregulares y los días siguientes con evidentes extralimitaciones en el uso de la fuerza. Donde las redes sociales fueron el espacio oficial para denunciar los atropellos y demostrar que es un actuar sistemático de los miembros de la institución.
Ante cualquier cuestionamiento realizado sobre el actuar de los policías, la respuesta obtenida de la Fiscalía, la Procuraduría y, la misma Policía, era “hemos abierto una investigación”, “los implicados serán investigados”. Siendo imperioso resaltar la molestia con la que habló el general Hoover Penilla, comandante de la Policía en Bogotá, el 12 de diciembre de 2019, frente al cuestionamiento por las detenciones ilegales de dos jóvenes en inmediaciones de la Universidad Nacional:
“Yo les pido el favor, no me cuestionen todo lo que hacen nuestros policías por Dios. Todo lo que hacen… si miran si no miran… si proceden si no proceden. Pero esto también tiene que tener un punto, un punto. Porque estamos, también se los digo sinceramente, afectando un Estado de derecho (…) debido a tanto cuestionamiento el policía de la calle se está viendo temeroso, se ve restringido”.
Una declaración exigiendo que la Policía sea intocable y su fatídico actuar no sea cuestionable. Si ese pensamiento lo posee un general de la Policía, es claro que los rangos bajos acaten ese pensar y legitimen su brutal manera de actuar.
De esta manera, desde los días 21 y 22 de noviembre del 2019, quedó en evidencia la sevicia con la que actúa la Policía en el marco de los principios de racionalidad, legalidad, necesidad y proporcionalidad. Innumerables videos de todas partes del país mostraron cómo patrulleros rompían ventanas, huesos; golpeaban a la gente; amenazaban y disparaban contra los manifestantes. Nada diferente con el actuar durante la actual coyuntura del Estado de Emergencia Sanitaria, el Paro Agrario del 2013 o en las protestas universitarias.
¿Qué ha sucedido con las investigaciones preliminares que dijeron abrir hace unos meses? ¿La Policía se encarga de acumular investigaciones? ¿Intentan limpiar las instituciones sacando las “manzanas podridas”?
Muestra de la agresividad en su actuar son los 2327 procesos adelantados al interior de la institución por abuso de autoridad, en el periodo de agosto del 2018 al 8 de octubre del 2019, de los cuales, en poco más de un año, solo 21 son procesos formales y ¡DOS MIL TRESCIENTOS SEIS PROCESOS SON PRELIMINARES por abuso de autoridad!
Ahora bien, las recientes protestas en Estados Unidos, cuyo génesis es la muerte del afroamericano George Floyd, ocasionada por el policía Derek Chauvin (pero es la explosión a décadas de asesinatos, segregación y racismo hacia las minorías étnicas por parte de la Policía estadounidense); el asesinato “accidental” del palestino Yihad Elkhalak por parte de policías israelíes (quienes nunca dejan de hostigar a los palestinos); el asesinato del niño João Mattos —quien vivía en las favelas en Brasil— por parte de la Policía militar (sin esclarecer los hechos); la muerte de Ánderson Arboleda, afrodescendiente de Puerto Tejada, norte del Cauca, debido a los golpes que le propinaron policías al resistirse a una orden de comparendo por violar la cuarentena (la Fiscalía abrió una investigación preliminar); estos hechos son desgraciadamente la evidencia de un actuar sistemático de brutalidad policial en cualquier lugar del mundo, con un débil o nulo control institucional.
Pandemia con eslogan
Durante el actual Estado de Emergencia Sanitaria los abusos de autoridad no han cesado. Y, como es de esperarse, las autoridades han respondido con el famoso “hemos abierto una investigación”, e incluso en varios sucesos no se han pronunciado. Casos como el ataque de fuerzas militares a indígenas liberadores del Norte del Cauca; enfrentamientos entre Policía y Ejército contra los cultivadores de coca por la erradicación forzada en Puerto Asís, Putumayo o Anorí, Antioquia; arrestos y comparendos arbitrarios; la respuesta a la crisis que se vive en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá. Por mencionar algunos.
Como plantea David Whitehouse, en Los orígenes de la policía, “cualquier fuerza organizada para desplegar violencia de forma rutinaria matará alguna vez. Pero por cada asesinato policial, hay centenares o miles de actos de violencia policial que no son letales, calculados y calibrados para producir intimidación y evitar una respuesta colectiva furiosa”. Respuesta colectiva furiosa que ahora se vive en los Estados Unidos y Brasil.
Resumen del manejo que le han dado las autoridades a las exigencias de la comunidad de Ciudad Bolívar en los barrios Altos de la Estancia, El Paraíso, Brisas, Molinos, entre muchos más. Donde luego de reprimir su justa manifestación en la que exigen ayudas alimentarias, como si se tratara de un acto de venganza y humillación, en los últimos días han desalojado y destruido las casas improvisadas en los barrios de invasión. Los castigan e intimidan, cual acto fríamente calculado, por exigir alimentos en plena emergencia sanitaria. Claramente, ante la resistencia de la comunidad, todo el principio de proporcionalidad de la Policía ha caído sobre ellos.
Hacerle control al actuar de las autoridades bajo esta situación es bastante difícil, si antes lo era, podrán imaginarse ahora, por lo que nuevamente sus abusos quedarán en la impunidad. Hasta ahora es el silencio institucional el que habla.
Se necesita ejercer un control y veeduría a esas investigaciones en curso, que no son más que la muestra de la lentitud del sistema, organizado —al parecer— para archivar, encubrir y garantizar la impunidad.
Fotografía: cortesía de Luis Carlos Ayala.
