Columnista:
Andrés Villa
El pasado 10 de agosto daría inicio lo que algunos líderes de opinión y medios de comunicación han denominado el regreso de las masacres en Colombia. Ese día, dos menores de edad, uno 12 años y otro 17, fueron asesinados en Leiva, Nariño, por la estructura narcoparamilitar conocida como el Clan del Golfo, según declaró Hermes Sánchez, alcalde de este municipio.
Luego, empezaría una oleada de masacres: tres de ellas ocurrieron en Nariño y dejaron 17 muertos; otra, tuvo lugar en Llano Verde, Cali, 5 menores de edad fueron torturados y asesinados; igualmente en El Tambo, Cauca, fueron 6 las víctimas; en Arauca también denunciaron que 5 personas perdieron su vida; el último caso informado fue en Venecia, Antioquia, 3 jóvenes asesinados. En total, 8 hechos violentos que dejaron 36 muertos en trece días.
Las masacres nunca desaparecieron
Claramente es indignante y repudiable escuchar este tipo de noticias. Pero, también es frustrante tener la certeza de que son sentimientos momentáneos que fácilmente son desvanecidos por las agendas mediáticas que centran a la opinión pública en las urgencias y la inmediatez de los acontecimientos. De esta forma, nos acostumbramos a olvidar el pasado y sepultar el dolor, mientras los medios de comunicación tradicionales promueven su nuevo espectáculo.
Por ejemplo, Juan Diego Restrepo, director del portal VerdadAbierta.com especialista en temas del conflicto armado, explicó durante el programa, El Poder, que transmite Semana en su canal de YouTube: «las masacres no han regresado, se han mantenido ahí en los últimos años, solo que han tenido una relevancia mayor en los últimos días por varias razones, entre esas, la frecuencia con que han acontecido».
Es muy acertado el comentario de Restrepo. No es cierto que las masacres hayan regresado, por la sencilla razón de que nunca han desaparecido, siempre han permeado de sangre inocente la historia de Colombia.
Basta con saber que de acuerdo con cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, de 1985 hasta la actualidad han ocurrido más de 4.210 masacres que han dejado alrededor de 24 mil personas asesinadas en el país. El año 2002 es el de mayor casos, con 406.
La oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos da cuenta de 11 masacres en 2017, 29 en 2018, y 36 en 2019. En un reciente comunicado, la ONU informó que en el presente año ha documentado 33 masacres en Colombia.
El paramilitarismo, el Estado y las masacres
Si bien, puede apreciarse una disminución de las masacres posterior a la firma del acuerdo de paz, entre Farc y Gobierno, estás no desaparecen y van aumentando nuevamente, pues no son las guerrillas las principales perpetradoras de estos actos, sino que de lejos son los grupos paramilitares.
Así lo demuestra un informe del CNMH, que abarca el conflicto armado de 1954 hasta 2012, en el que documentan un total de 1.166 masacres cometidas por paramilitares; a las guerrillas les atribuyen 343, y a la fuerza pública 158.
Entonces, es más que claro que el pueblo colombiano será masacrado mientras perdure el paramilitarismo en el país.
Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, manifiesta en un video explicativo que «la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia dejó una reincidencia de los mandos medios del 80 %, y que por esta razón surgieron grupos como: Los Caparrapos, Clan del Golfo, Los Pachenca, entre otros».
Ávila, además., expone que los grupos neoparamilitares, son también «estructuras mercenarias que matan líderes sociales pero no por un tema ideológico, sino porque hay alguien detrás que está pagando». Y son estos los mismos que hoy cometen las masacres.
Retomando las afirmaciones de Ávila,es razonable pensar que hay personas que giran dineros para que estos grupos realicen las masacres. Algo bastante preocupante y desalentador, si tenemos en cuenta que en su momento los paramilitares actuaban con el beneplácito de la clase política, ganaderos y militares.
Esa realidad no sería nada nueva en la historia de este país, aquí la clase dirigente para perpetuarse en el poder ha utilizado la estrategia de la violencia y la persecución, de tal manera que ha desconocido a todo aquel que piense y diga diferente al régimen de los escogidos.
Casos tenemos por montones, William Ospina en su libro, Pa que se acabe la vaina, sostiene que las iniciativas políticas diferentes, como la de la Alianza Nacional Popular, de Rojas Pinilla; el Frente Unido, de Camilo Torres; o las luchas estudiantiles en busca reformas estructurales, fueron hostilizadas, perseguidas o traicionadas por la elegante dictadura de Liberales y Conservadores en el llamado Frente Nacional (1958-1974), el cual, afirma el escritor, su fundación costó trecientos mil muertos.
También, es primordial recordar la alianza entre paramilitares, sectores políticos y agentes del Estado para el exterminio de miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica en las décadas de los 80 y 90. Este genocidio cobró la muerte de más de 1500 personas.
No está de más traer a colación que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), extinto organismo de inteligencia al servicio del Estado suministraba a los paramilitares del Bloque Norte, un listado con nombres de sindicalistas, líderes sociales, periodistas y profesores para ser asesinados. Investigadores de la Fiscalía encontraron una lista con 106 nombres.
Esto solo por mencionar algunos casos, pero son muchos más los que comprueban la relación entre clase política y paramilitarismo con el fin de exterminar y masacrar a todo lo que resulte estorboso para sus intereses.
La cuestión, es que es comprensible que exista una enorme desconfianza hacia el Estado Colombiano. Y por ende, no es descabellado; por el contrario, es totalmente válido preguntarnos ¿es la clase dirigente de este país quien esta ordenando las masacres? ¿Pero también, los asesinatos de líderes y lideresas sociales, así como de excombatientes?
El tiempo dirá la verdad que todos sospechamos. Por ahora, la ciudadanía está indefensa, pues el jefe de Estado, Iván Duque, es un mandatario con señalamientos por entrada de dineros del narcotráfico a su campaña a fin de comprar votos y, como si fuera poco, es el pupilo de un hombre investigado por ser uno de los fundadores del Bloque Metro. Es sensato creer que este presidente no brinda credibilidad ni esperanza alguna para un pueblo masacrado y hostigado por el narcoparamilitarismo.
