Columnista:
Germán Ayala Osorio
Por cuenta de los audios revelados por el periodista independiente, Gonzalo Guillén, el Gobierno de Iván Duque Márquez exhibe, por estos días, una insostenible crisis de gobernabilidad, que bien podría acercarlo a la que vivió en su momento el entonces presidente Ernesto Samper (1994-1998), en las condiciones jurídico-políticas que impuso y que rodearon al Proceso 8000.
Las grabaciones divulgadas por el combativo periodista dan cuenta de que el testaferro de mafiosos de la costa Atlántica (y, al parecer, narcotraficante), conocido en el mundo político y la farándula criolla como el ‘Ñeñe’ Hernández, donó millonarios recursos a la campaña Duque Presidente. Dineros con los que, según lo trascendido, se compraron votos para dicha campaña, a petición de Uribe Vélez, asegurando de esa forma el triunfo del candidato del uribismo en esa zona del país (en particular, en La Guajira).
Lo que ya se conoce como la “Ñeñe política” guarda similitudes y diferencias con lo sucedido en las elecciones de 1994, cuando a la campaña Samper Presidente ingresaron millonarios recursos del entonces Cartel de Cali.
Más allá de parecidos y diferencias, hay hecho irrefutable: la lucha contra el narcotráfico en Colombia es el mayor artificio político e institucional creado en el país, alineado por supuesto, a la política antidrogas de los EE. UU. y a las acciones de dominación-extorsión que el Departamento de Estado y la DEA ejecutan sobre los presidentes colombianos. Más claro: la vigencia y la fortaleza del negocio de la droga depende no solo de que exista una notable persecución policial, sino de una efectiva entronización en la política electoral en regiones, como la costa Atlántica, en donde los narcotraficantes y las élites políticas han logrado afinar las redes de lavado de dinero y de apoyo a campañas presidenciales, que sirven para que Estados Unidos de Norteamérica extienda en el tiempo esas relaciones de dominación-extorsión sobre los presidentes, enmarcadas por supuesto, en un apoyo irrestricto a la obligada lucha contra los cultivos de uso ilícito y a la fumigación con glifosato que los jefes de Estado colombianos deben asumir, si de verdad quieren contar con el apoyo del país del norte. De eso depende, por ejemplo, la certificación unilateral por luchar contra las drogas.
Una de las diferencias más notables tiene que ver con el proyecto político que alentó la entrada de los dineros de la mafia a las campañas de Samper y Duque. Para el caso del principal protagonista del Proceso 8000 eran claros los intereses de los Rodríguez Orejuela de evitar ser extraditados a los EE. UU.; como eran también claros los intereses de importantes agentes económicos del Establecimiento en evitar que Samper lograra echar para atrás o contrarrestar las medidas económicas, de corte neoliberal, implementadas por César Gaviria Trujillo (1990-1994). Para el caso de Duque, el no haber Carteles en las dimensiones en las que operaron los de Cali y Medellín, no quiere decir que no existan mafiosos interesados en mantener y extender en el tiempo relaciones con la clase política.
Otra similitud importante en estos dos casos de penetración de dineros de la mafia en las campañas políticas tiene que ver con las maneras como opera el Régimen: los presidentes en Colombia no se caen, por más que se pruebe su indignidad, la entrada de dineros de la droga y la compra de votos. Moralmente las élites de Estado (empresarios, militares, banqueros y medios de comunicación incorporados) se ponen por encima de hechos delictivos y bochornosos, por cuanto lo importante es consolidar y mantener a flote al Régimen de poder, así su moralidad y legitimidad sean cuestionadas.
Es claro que los límites entre la decencia y la indecencia; entre lo legal y lo ilegal y entre lo correcto y lo incorrecto, hace rato en Colombia se perdieron. Ejemplo de ello es lo que sucedió con Samper, lo acaecido con la llegada de Uribe (2002-2010), cuya campaña contó con el apoyo de los paramilitares; lo que se vivió con la compra de su reelección presidencial inmediata (yidispolítica); a lo que se suma la entrada de dineros de Odebrecht a las campañas de Santos (2010-2018) y Zuluaga (el que dijo Uribe) y, por supuesto, los dineros que el ‘Ñeñe’ Hernández recolectó de mafiosos para la campaña de Duque (2018-2022).
Lo que no va a pasar
Como sucedió en su momento con Samper, a Duque nadie le está pidiendo la renuncia. Por el contrario, la Iglesia Católica guarda cómplice silencio. Aunque esta vez no aparecerá una figura como monseñor Rubiano Sáenz acuñando una figura parecida al de “Elefante de Samper”, solo medio se escucha la voz de monseñor Jesús Darío Monsalve, una especie de “renegado” que incomoda al sector más godo y retardatario de la Iglesia Católica; de igual manera actúa hasta el momento la Academia, tradicionalmente de espaldas a lo que sucede en el país; tampoco los estudiantes y el movimiento estudiantil que los representa parecen estar en esa tónica de exigir que el presidente deje el cargo; y, mucho menos, se vislumbra la unión de las bancadas declaradas en oposición para exigir que Duque dimita. Y, menos aún, se puede esperar de la Gran Prensa bogotana (noticieros como RCN, Caracol, CM& y sus similares en la radio, como Blu Radio y la FM; y de EL TIEMPO), que parece haber optado por la autocensura, a juzgar por el silencio exhibido ante un hecho político de indiscutible valor periodístico-noticioso.
Se aplaude la postura editorial asumida por El Espectador, aunque periodísticamente puede hacer más:
“… La Fiscalía le falló al país al tardarse tanto en actuar y ahora el fiscal Barbosa deberá asegurarse de que las indagaciones se hagan con rapidez, transparencia y dando resultados. ¿Hubo compra de votos en La Guajira? No sería descabellado pensarlo, con el reciente antecedente de Aida Merlano en el Caribe, otro caso que no ha llegado a los máximos responsables. La lucha contra la corrupción y en defensa de la democracia pasa, necesariamente, por tomarse en serio cualquier indicio de fraude, así las campañas no estén directamente involucradas. ¿Habrá, en algún momento, respuestas? Es lo que esperamos si de verdad existe una intención de limpiar de podredumbre nuestra política”.
Y sobre este último actor político huelga señalar varios asuntos: el primero, la existencia de dos tipos de periodistas y de “periodismos” en Colombia. De un lado están los periodistas comprometidos con la verdad y con el objetivo de develar y demostrar las oscuras relaciones que de tiempo atrás exhibe Uribe con narcoparamilitares y con la comisión de delitos como fraude procesal y manipulación de testigos. Recuérdese que por estos quebrantamientos a la ley la Corte Suprema de Justicia lo vinculó formalmente; al tiempo que reposan más de 200 investigaciones tanto en Fiscalía (cuando fungió como gobernador de Antioquia) como en la inoperante Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Esos periodistas son: Gonzalo Guillén, Julián Martínez, Jahir Ackerman y Daniel Coronell.
Los demás periodistas, en su mayoría, juegan al vedetismo y a beneficiarse de las migajas y del poder que les regalan los poderosos agentes del Régimen de poder. A esos periodistas se les llama incorporados. Por más que se esfuercen los señalados colegas en la divulgación de los audios y en posicionar en la agenda pública las relaciones mafiosas entre el testaferro Hernández y la campaña de Duque, la prensa y los periodistas afectos al Régimen pasarán de agache, es decir, se autocensurarán.
Y en lo que respecta a la Fiscalía de Barbosa, tampoco se puede esperar mucho. Su amistad con Iván Duque y, por llegar a ese cargo por sus simpatías ideológicas con varios agentes del Régimen, le impedirán pedir resultados a los fiscales a los que se les encargue la investigación que, por presión, dijo que iba a abrir el recién posesionado fiscal general de la Nación.
Salvo que el Departamento de Estado, en acuerdo con la DEA, decidan lo contrario, la “Ñeñe política” no alcanzará a madurar como escándalo y, mucho menos, como un caso judicial en el que se adopten medidas en contra de los involucrados y beneficiados de la compra de votos; a pesar de que los audios hacen parte de una investigación oficial y las escuchas tengan soporte legal, por encima de estas circunstancias están la sobrevivencia del Régimen, la extensión del ethos mafioso y el mantenimiento de las relaciones de dominación-extorsión de los Estados Unidos sobre un productor de droga que le sirve al sistema financiero internacional.
Termino esta columna con lo que en su momento dijo Álvaro Gómez Hurtado en el contexto del 8000:
“El régimen transa las leyes con los delincuentes, influye sobre el Congreso y lo soborna, tiene preso al Presidente de la República… Samper es una persona llena de buenas intenciones, pero está preso por el establecimiento. No puede hacer nada, está rodeado de intereses creados. Con los jueces pasa lo mismo… El régimen es un conjunto de complicidades. No tiene personería jurídica ni tiene lugar sobre la tierra. Uno sabe que el Gobierno existe porque uno va al Palacio y alguien contesta, que resulta ser por ejemplo el Presidente de la República, y va al Congreso y ahí sale su presidente, pero el régimen es irresponsable, está ahí usando los gajes del poder, las complicidades. El Presidente es el ejecutor principal del régimen, pero está preso. A mí me da pena repetirlo, pero el Presidente es un preso del régimen. El régimen es mucho más fuerte que él, tiene sus circuitos cerrados, forma circuitos cerrados en torno de la Aeronáutica Civil, de las obras públicas, de los peajes, y en ellos no deja entrar ninguna persona independiente”. (Revista Diners 303, de junio de 1995).
