Columnista:
Álvarez Cristian
El estallido social que se ha dado en los últimos 13 días en Colombia tiene una característica particular no vista antes y es la «atomización» de los focos de protesta diseminados por todo el país.
Este novedoso hecho también tiene ligada otra característica en la que se percibe que cada región o nodo de movilizaciones sociales tiene unas propuestas que muchas veces pueden diferir de las lanzadas en otro nodo.
Sin embargo, parece que en la mayoría de los lugares de Colombia donde ha habido manifestaciones a favor del paro nacional, el consenso sobre algunos puntos se da principalmente alrededor de las medidas que a continuación pudimos recopilar.
La primera y más esencial petición para sentar las bases de una negociación entre el Gobierno y los manifestantes es una propuesta que permita brindar garantías y libertades para la movilización y la protesta pacífica.
Se solicita que la represión de los agentes estatales desaparezca y se ordene la «desmilitarización» de ciudades como Cali. También, se ha solicitado el fin de las masacres contra la población civil (sobre todo en las noches) y el castigo contra los responsables de dichos asesinatos, así como de los abusos policiales.
En algunos puntos también se ha unido a dicho primer paso para negociar, la solicitud del desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
Ahora, pasando al núcleo de las peticiones que han sido respaldadas por el autoproclamado comité del paro nacional, aparecen las siguientes:
El retiro del proyecto de ley 010 de salud, así como el fortalecimiento de la vacunación masiva contra COVID-19; la entrega de una renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual por espacio de seis meses; la defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina); la repartición de subsidios a las mipymes; así como la implementación de políticas para un empleo digno y para la soberanía y seguridad alimentaria.
Otras peticiones que también recoge dicho comité y que se asume son enarboladas por la mayoría de los marchantes del país son: la matrícula cero y el NO a la alternancia educativa; el apoyo de políticas que beneficien al sector transportador; la NO privatización de los activos de la nación; la NO discriminación de género, diversidad sexual y étnica; y la detención de las erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito, así como la prohibición de las aspersiones aéreas con glifosato.
A este núcleo de peticiones principales, ya cada región suma las concernientes a sus propias preocupaciones.
Por ello, el Gobierno de Duque dio la orden para que cada gobernación tome la vocería y recoja las propuestas locales, así como que identifique los voceros que representarán a la sociedad en dichos planteamientos.
¿Cuánto valdrán las peticiones?
Si bien por ahora resultaría difícil calcular el costo final de la aplicación de todas las peticiones, la mayoría de los expertos en finanzas de entes gubernamentales como el Ministerio de Hacienda—así como los centros de pensamiento y el sector privado—ya hacen estimaciones sobre esto.
Por ejemplo, el equipo de investigaciones económicas de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF)—citado por Forbes—, indicó que, haciendo estimaciones previas, solo si la renta básica fuera de mínimo un millón de pesos por hogar en condición de pobreza, el costo aproximado sería de $78 billones de pesos, cifra totalmente inviable.
De otro lado, Forbes también cita a un vocero de Fedesarrollo, quien explicó que en las propuestas también hay medidas que podrían ser viables y que incluso ya estaban contenidas en la fallida reforma tributaria.
Medidas como la gratuidad de la educación superior, la promoción de la cultura y el fortalecimiento del subsidio a la nómina focalizada en microempresas serían más fáciles de financiar a largo plazo, y más teniendo en cuenta que solo «Matrícula Cero» tiene un costo de 0,8 billones de pesos.
Los expertos consultados por Forbes concluyen que, salvo el retiro de las exenciones tributarias —principalmente, las otorgadas en la tributaria del 2019 a bancos y a ultrarricos; y con las que se podrían conseguir 9 billones de pesos—, no ven de dónde sacar más plata a no ser que sea vía otra reforma tributaria.
Parece que a los expertos se les escapó el pequeño detalle de que a Colombia en corrupción se le esfuman 50 billones de pesos anuales. ¿Será que, si dejaran de robar, sí nos alcanzaría?
