Columnista: Daniel Restrepo Cano
El presidente Iván Duque no muestra voluntad política para implementar la Reforma Rural Integral (RRI) pactada en la Habana porque siempre se opuso a los Acuerdos de Paz con las Farc, porque los problemas del campo no son su prioridad en la agenda gubernamental y porque las personas que lo rodean tienen una estrecha relación con el status quo rural.
La RRI plantea formalizar predios, titular tierras, brindar asistencia técnica, desarrollar proyectos productivos, facilitar créditos a los campesinos y distribuir baldíos de la nación a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Implementar estos puntos sería para Duque legitimar un Acuerdo del cual siempre ha sido opositor, por eso, es de esperarse que el presidente prefiera omitir su ejecución o que implemente a paso de tortuga.
El Acuerdo Final prioriza la economía campesina, familiar y comunitaria para el desarrollo del campo colombiano; enfatiza que es necesario impulsar a los pequeños productores y que el uso de la tierra debe hacerse con criterios de sostenibilidad ambiental.
Ese modelo de desarrollo rural choca con el modelo neoliberal del gobierno Duque, pues, este último defiende la producción a gran escala por parte de macroempresas y multinacionales (pasando por encima de la agricultura campesina y familiar), además, esos modelos tienen contradictoria opinión sobre el uso del fracking y el glifosato.
Duque es incapaz de sacar adelante reformas rurales de fondo porque sus intereses políticos y económicos se lo impiden. Son innegables los vínculos del uribismo con terratenientes, ganaderos y grandes empresarios agropecuarios del país -algunos de ellos vinculados con el paramilitarismo-, por ello, ese sector político y estos actores económicos no van a permitir: la restitución de tierras (porque en el marco del conflicto armado se apoderaron de tierras abandonadas forzadamente y porque la restitución implicaría quitarle la posesión de terrenos a quienes los han poseído ilegalmente amparados en la supuesta posesión de buena fe), no van a permitir la distribución de la tierra (porque muchos son latifundistas y no les conviene la llegada de nuevos propietarios, además no van a querer perder su dominio sobre grandes concentraciones de terrenos).
Y mucho menos van a permitir una reforma agraria (porque una política como esta tiene un enfoque redistributivo y en ocasiones de expropiación de latifundios y tierras improductivas, lo cual le disminuye a los grandes terratenientes el poder político y económico que ejercen sobre la estructura agraria).
Iván Duque lleva diecisiete meses en el gobierno y en vez de liderar políticas para el desarrollo rural se ha dedicado todo este tiempo a criticar el Acuerdo de Paz, a desprestigiar la JEP y a defender el uso del glifosato sin importarle las consecuencias negativas que tiene este químico para la salud y el medioambiente.
Duque debería usar su fuerza política para liderar programas de desarrollo rural que lleven bienes y servicios públicos al campo, debería enfatizar en la sustitución de cultivos de uso ilícito, debería impulsar campañas y acciones contra el asesinato de líderes sociales (que son, en su mayoría, líderes de la restitución de tierras y de la sustitución de cultivos), debería enfocarse en acelerar la ejecución de los proyectos derivados de los ejercicios de participación llamados Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), donde los habitantes de las zonas más afectadas por el conflicto armado definieron los proyectos de inversión social que querían para sus territorios.
Con año y medio en la presidencia, Iván Duque no ha mostrado liderazgo ni ejecuciones de políticas concretas. Prometió liderar los puntos de la consulta anticorrupción, pero dejó ese asunto en el olvido y dichas iniciativas se hundieron en el Congreso.
Prometió no gobernar con espejo retrovisor y constantemente está justificando que los problemas son culpa del gobierno anterior. Además, prometió “unir” al país para superar la polarización política, pero cuando convocó a un llamado “pacto nacional” dejó por fuera a los partidos de oposición, dando a entender que, para él, los acuerdos son solamente con sus amigos.
El presidente Duque debería dejar de perder el tiempo criticando al Acuerdo Final y tratando de modificarlo, en cambio, debería gastar su energía poniéndole acelerador a la implementación de la Reforma Rural Integral. En la periferia del país hay miles de campesinos esperando que el Gobierno llegue con bienes y servicios públicos como infraestructura, salud, vivienda, educación, electricidad y conectividad.
Hay familias esperando créditos, asistencia técnica y proyectos productivos, pero el Gobierno en vez de impulsar estos programas prefiere dedicar su tiempo a destruir un Acuerdo que ha logrado innegables beneficios para el país como se ha visto con la disminución de las confrontaciones armadas, los atentados terroristas, los asesinatos, los secuestros y las victimas de minas antipersonales.
Finalmente, uno se pregunta: si el gobierno de Uribe fue recordado por la seguridad democrática y el de Santos por el Acuerdo de paz, ¿Cómo será recordado el gobierno Duque?
