La judicialización de la política

Los escándalos por corrupción que se asocian de tiempo atrás a la operación de la multinacional Odebrecht, y a la clase política de varios países latinoamericanos, dejan entrever no solo las siempre sinuosas operaciones de las multinacionales en América Latina, y en el resto del mundo, sino el sometimiento ético y moral que suelen lograr quienes aúpan y creen ciegamente en una visión de desarrollo.

Dicha visión suele, naturalmente, ir de la mano del enriquecimiento ilícito de quienes de manera directa terminan haciendo posible la construcción de grandes obras de infraestructura, como las que se ejecutaron en Colombia en la llamada Ruta del Sol (I y II) y del consabido sometimiento y transformación de ecosistemas naturales, sin mayores consideraciones ecológicas y ambientales.

No se puede esperar que, en medio de actos de corrupción generalizada, se den prácticas y se adopten decisiones sostenibles desde el punto de vista socioambiental.

La operación de Odebrecht, en países como Colombia y Perú, se dio gracias a las finas relaciones establecidas entre Marcelo Odebrecht y su avanzada de directivos, con presidentes en ejercicio; situación que no solo expuso a la institución presidencial de los dos países a un inusitado desgaste en su legitimidad, sino que activó eso que muchos llaman la judicialización de la política.

Para el caso colombiano, no olvidemos que la entrada al país de esa multinacional se dio durante el gobierno de Uribe Vélez (2002-2010). Y en los escándalos de corrupción están comprometidos tanto el propio senador oriundo de Salgar, el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, Andrés Felipe Arias y el entonces senador, Iván Duque Márquez, hoy presidente de Colombia. En el mismo escándalo está comprometida la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, entonces ungido de Uribe Vélez.

Con el suicidio del expresidente peruano Alan García, investigado por la justicia de su país por presuntamente recibir coimas de la multinacional brasilera, aquello de la judicialización de la política se activó y vuelve a cobrar sentido y vigencia para algunos.

El expresidente colombiano Ernesto Samper Pizano aludió a esa circunstancia en su cuenta de Twitter. Dijo el exmandatario:

“La lamentable muerte de mi copartidario y amigo, Alan García, nos obliga a reflexionar sobre la judicialización de la política. No podemos seguir convirtiendo los estrados judiciales en escenarios de confrontación política”.

Apenas comprensible la postura asumida por Ernesto Samper, por su doble condición de amigo de Alan García y expresidente; pero sociedades comprometidas en históricos casos de corrupción pública y privada como Perú, Brasil y Colombia necesitan, con especial urgencia, que la institución presidencial pueda ser requerida por los jueces, menguando en algo ese poder casi omnímodo con el cual son investidos quienes llegan a ser jefes de Estado.

En particular, y especialmente para el caso colombiano, urge que el poder presidencial sea sometido al ojo escrutador de los jueces.

Esto, debido a que, de tiempo atrás, hay evidencias de que muchos de los que llegaron a la Casa de Nariño lo hicieron por obra y gracia de disímiles mafias o expresiones mafiosas del poder, que encontraron flaquezas y grietas éticas y morales en las élites del Establecimiento, lo que finalmente abrió el camino para la consolidación de un ethos mafioso que guio y guía hoy las actuaciones de políticos, empresarios, gerentes, directivos y operarios, cuando se trata de ejecutar obras de infraestructura.

Así entonces, la judicialización de la política no debe verse como una fatalidad o un sometimiento del poder político. Por el contrario, puede resultar ejemplarizante para una sociedad confundida moral y éticamente como la colombiana, que ve a expresidentes procesados y condenados por actos de corrupción; por haber actuado en detrimento de la confianza pública y de la legitimidad de institución presidencial, e incluso, de la propia viabilidad del orden establecido; y por haber comprometido la moral estatal, a los venalidades y banalidades que el dinero produce y reproduce.

Ahora bien, no se trata de creer a pie juntillas en la justicia y en el “gobierno de los jueces”. De lo que se trata es que los ciudadanos, los propios jueces y la sociedad civil en su conjunto, asuman la institución presidencial como un ejercicio honroso del poder y no como una oportunidad para saciar la avidez de aquellos que ven en la dignidad presidencial solo una oportunidad para enriquecer a su familia y devolver los favores electorales recibidos, en forma de millonarios contratos (para unos pocos); y con platos de lentejas y tejas, para cientos de miles.

Quizás haya que volver a escuchar a Pepe Mujica, en particular, cuando advirtió sobre lo peligroso que puede llegar a ser un político al que le gusta mucho la plata:

“Deberían dedicarse al comercio y la industria aquellos políticos que entienden que la política es para hacer plata, porque ella no es una profesión y está para servir, no para acumular dinero. Ésta no se hizo para la repartición de grupos, sino que es una pasión creadora que lucha por la suerte y por la convivencia mejorada de la sociedad”.

Vuelvo a insistir en que la sociedad colombiana necesita de acciones ejemplarizantes en contra de aquellos expresidentes sobre los cuales recaen todo tipo de señalamientos por actos de corrupción política (administrativa), por beneficiar económicamente a sus familias e incluso, señalados jurídica, social y políticamente por sus cercanías con grupos criminales y por haber usado el Estado para ejecutar acciones de venganza y abocar soluciones violentas contra grupos armados ilegales e incluso, por rencillas y enemistades contra viejos amigos que osaron controvertir sus decisiones de gobierno.

De lo que se trata, con o sin la judicialización de la política, es pasar las páginas de la gobernabilidad económica y política autoritaria, de la que habla Édgar Revèiz en su libro El Estado como mercado (1997). La misma de la que se han servido varios presidentes para gobernar en Colombia.

El suicidio de García

La decisión que tomó el expresidente peruano de quitarse la vida ante su inminente captura por haber recibido, según la justicia peruana, coimas de Odebrecht, es un hecho lamentable desde las perspectivas política, humana, jurídica y social. Inocente o no, con su muerte pierde el conjunto de la sociedad peruana y, en particular, la institución presidencial.

Quienes jocosamente han invitado a varios expresidentes, en particular a Uribe Vélez, para que sigan el ejemplo de García, caen en un error insalvable.

Con el suicidio se silencian los procesos judiciales, se golpea en doble vía la credibilidad de los jueces, en tanto que la presunción de inocencia no caduca con la muerte del investigado o procesado y, por esa vía, se abre camino a la sanción moral (religiosa) por la presión a la que fue sometido el expresidente peruano por parte de la justicia peruana.

Por el contrario y, para el caso colombiano, lo que debemos desear es una larga vida a nuestros expresidentes. Es posible que, con el paso del tiempo, logremos como sociedad llegar a asquearnos de verdad de la corrupción y salgamos a exigir la judicialización de la política, en contravía de lo que señala el expresidente Samper Pizano. A lo mejor nos baste como sociedad que por lo menos la justicia logre procesar y condenar a un expresidente o más adelante quizás, a un presidente en ejercicio.

Pero debemos empezar, primero, por rechazar el ethos mafioso que emerge en las actividades cotidianas. Luego, salir masivamente a exigir la renuncia de un presidente señalado de corrupto. Para lograr lo anterior, debemos comprender el sentido de lo dicho por Álvaro Gómez Hurtado:

“El régimen transa las leyes con los delincuentes, influye sobre el Congreso y lo soborna, tiene preso al Presidente de la República… Samper es una persona llena de buenas intenciones, pero está preso por el establecimiento. 

No puede hacer nada, está rodeado de intereses creados. Con los jueces pasa lo mismo… El régimen es un conjunto de complicidades. No tiene personería jurídica ni tiene lugar sobre la tierra. 

Uno sabe que el gobierno existe porque uno va al Palacio y alguien contesta, que resulta ser por ejemplo el presidente de la República, y va al Congreso y ahí sale su presidente, pero el régimen es irresponsable, está ahí usando los gajes del poder, las complicidades. 

El presidente es el ejecutor principal del régimen, pero está preso. A mí me da pena repetirlo, pero el presidente es un preso del régimen. El régimen es mucho más fuerte que él, tiene sus circuitos cerrados, forma circuitos cerrados en torno de la Aeronáutica Civil, de las obras públicas, de los peajes, y en ellos no deja entrar ninguna persona independiente»[1]

1. Gómez Hurtado, Álvaro. Revista Diners, 303, de junio de 1995.