Los altos niveles de cultivos ilícitos en Colombia no se deben a la alta demanda de países como Estados Unidos o España para saciar la sed de sus adictos. El problema con el narcotráfico colombiano no está en el exterior, está en los campesinos que tienen cultivos ilícitos porque no tienen garantías ni otras formas rentables para la producción de sus tierras. Es decir, muchos de los campesinos que tienen cultivos ilícitos lo hacen porque están sometidos a unas políticas de grupos armados que los obligan a cultivar la materia prima para las drogas y posteriormente los delincuentes procesan y exportan los cargamentos que se consumen en las calles y fiestas.
Es verdad que Colombia presentó el mayor aumento de producción de cultivos ilícitos en los últimos 20 años, solamente desde el 2012 al 2017 creció un 140%, una cifra que causa escalofríos en los simpatizantes del gobierno Santos y brinda un nuevo caballo de batalla para los que están en la otra esquina con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, algo no está bien en los últimos tres años en Colombia con los cultivos ilegales y también es necesario analizar la otra parte de esta arista.
Es sencillo decir que el problema está en los compradores y, que al ser un negocio por demanda, entre más se consuma más se tiene que producir, así como lo plantea Antonio Caballero en su columna “Cocaleros” y que deberían ser los gobiernos extranjeros quienes se ocupen de regular el consumo para que en Colombia no se produzcan más cultivos ilegales. Caballero dice: “El problema no está aquí, sino allá. La raíz del problema es la prohibición del consumo, que hace de la producción y del tráfico el negocio más rentable del mundo”. Enfatiza en que el problema no está en Colombia donde se cultiva la materia prima para la droga, sino que está en el exterior porque existe una demanda.
Pero el otro lado de la moneda nos muestra la visión del campesino cultivador de estas materias primas: “Aquí todos estamos asustados y no sabemos qué hacer”, dice José David Hernández, uno de los dos delegados por Antioquia ante la Coordinadora de Organizaciones Cultivadoras de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), sobre la situación que vienen padeciendo los líderes de los procesos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en diversos municipios de Antioquia, debido a las constantes amenazas por parte de grupos armados que nutren sus actos delictivos con el cultivo ilegal. Entonces el problema son las garantías que se le da al campesino ante las amenazas de grupos narcotraficantes y que obliga a los cultivadores a mantenerse en el negocio.
Los trabajadores de estas tierras ilegales son el eslabón al cual el Gobierno debe brindarle las garantías para ganar la batalla contra la droga. El último informe del SIMCI (Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos), indica que en el país 64.500 familias se dedican a ese negocio y que en promedio una persona gana cada año 1.160 dólares por la producción de hoja y pasta de coca, una cifra que deja unas ganancias aproximadas del 80% por encima de lo invertido; algo risible si se compara con otros sectores como el de la caña de azúcar o la papa que no deja ni un margen de ganancia del 5%, según lo manifiestan las agremiaciones de agricultores y papicultores de Colombia.
Cuando se ofrece una sustitución efectiva con garantías de seguridad a los campesinos, se rompe la cadena delincuencial, ahí está la solución al tráfico de drogas, si no existe quien tenga los cultivos ilícitos, los grupos al margen de la ley no tienen otra opción que exponerse a ser confrontados por la justicia, pero mientras se mantengan los campesinos sometidos por bandas delincuenciales, las drogas seguirán siendo un dolor de cabeza para cualquier Gobierno.
Implementar estrategias a nivel nacional es más efectivo que esperar a que las regulaciones de cada país actúen frente al consumo de las drogas. El Gobierno colombiano debe garantizar la seguridad y producción de estos terrenos para que no queden olvidados bajo las amenazas de grupos narcotraficantes.
Imagen cortesía de Semana.com.
