Los sectores determinantes de la sociedad civil colombiana que, con el concurso de la Fuerza Pública, afrontaron el desafío de las guerrillas comunistas de los años 60, lo hicieron dando vida y reproduciendo la Doctrina de Seguridad Nacional.
Al ver confrontado el orden social y político establecido y al sentir y sufrir las arremetidas de las fuerzas guerrilleras, específicos agentes de la sociedad civil (comerciantes, agroindustriales, ganaderos, medios masivos de comunicación y banqueros, entre otros) tomaron la decisión de abrazar la causa ideológica de enfrentar al enemigo interno y acompañar las acciones de respuesta de los organismos de seguridad y de la misma Fuerza Pública, para atacar, disminuir, confrontar, eliminar, perseguir, anular, someter, neutralizar, asesinar, hostigar, estigmatizar y desaparecer a todo lo que oliera a Izquierda.
Todo lo anterior, en el marco de lo que se conoce como la Doctrina de Seguridad Nacional, que no es más que el conjunto de medidas, protocolos y acciones encaminadas a mantener, a como dé lugar, el orden establecido, a pesar de su probada ilegitimidad por la entronización de ese ethos mafioso que desde tiempos históricos ha orientado la acción política y la vida económica y social de los colombianos. A esto se suma, el maridaje entre Fuerza Pública y Paramilitares, en el marco de un fenómeno multifactorial como lo fue y lo sigue siendo, el paramilitarismo.
Con el proceso de paz que se adelantó en La Habana y con la firma del Acuerdo Final del Teatro Colón de Bogotá, se espera que dicha doctrina vaya quedando proscrita, hasta quedar como dolorosa referencia del pasado violento de un Estado que sigue en construcción y de esa sociedad civil que poco a hecho para acelerar su proceso de consolidación como orden moderno. Pero no, dicha doctrina sigue vigente. Y es así, porque los procesos de adoctrinamiento al interior de las Fuerzas Armadas parece que continúan anclados al complejo contexto de los años 60.
Tanto la Policía, como los Militares continúan viendo a ciudadanos defensores de derechos humanos, del medio ambiente, a los sindicalistas, a los libres pensadores, a los maestros, a los críticos y detractores del orden social, político y económico vigente, como los enemigos.
No se trata de un nuevo enemigo. No: se trata de los viejos enemigos que se persiguieron al tiempo que se luchaba con las guerrillas en las zonas rurales y selváticas del país.
Al desaparecer las Farc como grupo armado ilegal y por esa vía su condición de enemigo interno, se esperaría el gradual desmonte de la Doctrina de Seguridad Nacional. Pero si miramos los asesinatos de los centenares de líderes y lideresas sociales y políticas, reclamantes de tierra, líderes cocaleros y demás, nos damos cuenta que la doctrina sigue vigente y actuando de acuerdo con esos sectores del Establecimiento que odian y odiarán siempre a todo aquello que huela a Izquierda, que defienda los derechos y el medio ambiente, etc.; esto es, a todos los ciudadanos disonantes que no encajan en esta etapa de la globalización económica y en particular, que no aceptan el modelo económico extractivista que se espera se consolide con la salida de las guerrillas de zonas biodiversas en donde la manigua esconde las riquezas que les interesa a multinacionales y a sus filiales colombianas.
Aquellos instructores y adoctrinadores de la Fuerza Pública y de los organismos de seguridad del Estado saben que una vez desmovilizadas las Farc, y ojalá pronto el ELN, vendrán los tiempos de las movilizaciones y las protestas sociales y el resurgimiento de los movimientos sociales con vocación política que, en razón del conflicto armado y de las acciones de los actores armados, fueron silenciados, perseguidos o simplemente, se replegaron.
Lo más preocupante es el aparente desinterés de las cúpulas de la Policía y de las Fuerzas Militares en decirle al país, de qué forma el Acuerdo Final de Paz los conmina a cambiar las orientaciones en la formación de oficiales y suboficiales en sus escuelas. Resultaría interesante que le explicaran al país si el viejo “enemigo interno” sigue vigente o si, por el contrario, están en camino de proscribirlo de las aulas y de los entrenamientos.
Mientras ello sucede, masacres como la de los seis campesinos cocaleros en Tumaco se podrían volver a presentar. Y no solo porque la orden es acabar con los cultivos de uso ilícito, sino porque a quienes están detrás de las matas de coca, los siguen viendo como parte de ese enemigo interno que aún sigue presente en los imaginarios y representaciones sociales de policías y militares.
Mientras se afinan las estrategias y el programa de sustitución voluntaria de los cultivos de coca, valdría la pena iniciar un re- adoctrinamiento de los miembros de la Policía Antinarcóticos y de los propios soldados que ejecutan las órdenes de erradicar a las matas de coca, y al parecer, a juzgar por lo ocurrido recientemente en Tumaco, la misma orden se extiende a la acción de extirpar a quienes las siembran: los campesinos.
