La corrupción no es un problema de personas corruptas, es un sistema muy bien pensado y estructurado para saquear las arcas del Estado. Entonces, si persistimos en solamente perseguir a ladrones de cuello blanco, el logro será alimentar las agencias noticiosas con sonados casos, que solo ocultan el verdadero problema.
En su momento, el país se escandalizó con el caso Odebrecht, que tocó a las más altas esferas del poder del país y que desfalcó cientos de miles de millones de pesos, que resulta nada al lado de los $50 billones que se roban al año los bandidos en este país. Odebrecht es un juego de niños.
El objetivo debe ser la destrucción del sistema corrupto que hoy opera en Colombia. Particularmente, separar al sector privado de la política.
Groso modo, hoy la corrupción comienza con un contratista, de ciudad o de pueblo, que financia una campaña política y, una vez ganan, reclaman su inversión multiplicada exponencialmente a través de contratos corruptos. Un negocio bastante rentable.
Lo que debemos hacer es poner los ojos en esos recursos para que sea imposible ese tipo de negocios.
Para lograr el objetivo, uno de los puntos más importantes es crear un sistema tecnológico que democratice el poder ciudadano sobre los recursos públicos.
Es decir, una plataforma similar a las utilizadas por las redes sociales, para que todos los ciudadanos controlemos peso a peso el presupuesto público, desde, por poner un ejemplo, nuestros celulares.
El software debe estar soportado en 5 pilares fundamentales: el periodismo regional, el sistema bancario, profesores y estudiantes, agremiaciones (Andi, Acopi, Fenalco) y funcionarios públicos.
Plantearé un ejemplo: supongamos que se firma un contrato, bien sea desde un ministerio, agencia, gobernación, alcaldía u otro. Inmediatamente saldría un correo, previo acuerdo, a todos los medios regionales del sitio en el cual se ejecutará dicho contrato, para que inmediatamente la comunidad sea informada acerca del contrato que se acaba de firmar, con datos como: nombre del contratista, valor del contrato, objeto del contrato, fechas de inicio y terminación.
A partir de ahí, se iniciaría un proceso de control por parte de la comunidad, a través de la plataforma que estoy mencionando; sería una aplicación diseñada por la entidad territorial, creativa e intuitiva para que la ciudadanía, desde la comodidad de su celular, pueda controlar todos y cada uno de los contratos ejecutados en su vereda, barrio, comuna o pueblo.
Como el objetivo es otorgar a los ciudadanos el poder sobre los recursos públicos, la aplicación tendría un sistema encriptado de referencia(es decir, nadie podría alterar las referencias), tal como sucede con la plataformas de comercio electrónico. Es decir que la comunidad podría calificar al contratista de tal forma que este deba preocuparse por construir un perfil que genere confianza. Esta propuesta apunta a crear las condiciones para que los contratistas dependan de la calidad de su trabajo y no de financiar campañas políticas.
