Columnista: Diana Carolina Abril Giraldo
Aunque ya pasaron las elecciones y ahora el tema es el Paro Nacional, uno de los puntos que se debería negociar aparte de los trece exigidos por el Comité Nacional del Paro, es lo referente a la corrupción relacionada con la compra y venta de votos. Este es un delito que se evidencia en todos los rincones del país y por el que las consecuencias son más que nefastas, pues preciso por esa “práctica” es que en la historia de Colombia se le ha entregado, por parte de los ciudadanos, la administración a los políticos menos convenientes.
Pues bien, estando en Armenia y a un día de las elecciones, fui testigo de un movimiento constante, reuniones de los líderes de los partidos políticos con los votantes (que venden su voto), pero se lo venden al menos corrupto. Eso decían algunos y esa era la mejor de las excusas.
El domingo 27 de octubre, les ofrecieron desayuno, onces y almuerzo y… ¿a cómo el voto? A $60.000, con transporte de ida y vuelta. Toda una comercialización de votos. Eso costó el futuro de Armenia. La número 57 para la Asamblea, Luz Mery Bedoya de López, del Partido de la U, estuvo detrás de todo. Sin embargo, no ganó, contrario a José Manuel Ríos, el alcalde electo de la capital quindiana al que también le hicieron la singular campaña.
A la dicha candidata a la Asamblea Departamental se le escuchaba por teléfono en cada llamada hecha a uno de los líderes. Como la voz de todo paisa, daba confianza y era muy amable. Amable, igual a la etiqueta de Armenia que se puede encontrar en cualquier parte de la ciudad, inclusive, hasta en el piso.
Posterior a ese visible negocio del que todos son conscientes, en la parte sur de la ciudad pude percatarme de que la exdiputada y candidata tenía una investigación en curso por parte del Juzgado 4to Penal del Circuito de Armenia, con una reciente audiencia aplazada para marzo del próximo año. Aun así, volvió a lanzarse a ver si le ligaba.
Hasta altas horas de la noche eran las reuniones por esos días. Había listas típicas de votantes por todos lados, en las que les piden a los “vendedores de la democracia”: nombre completo, dirección, teléfono y puesto de votación. En una de las pequeñas sedes se reunían y les consultaban su lugar de votación en la página web de la Registraduría. Todo con el fin de que tuvieran claro dónde votar.
Las reuniones que se hacían frecuentes, pero una de ellas se trataba de una inducción para enseñarles cómo, por qué número y por quién votar. Esa se hizo tres días antes de las votaciones. En aquella reunión también les ofrecieron unas oncesitas. Allí les entregaron el tarjetón previamente marcado.
Uno de los organizadores afirmaba que la candidata a la Asamblea apenas le dio $30.000 para ofrecer el algo a unas 150 personas que estaban programadas para ir, pero asistieron menos de 100. Es como una pirámide, cada invitado debe llevar a más personas. Y hay que decirlo: los $30.000 para nada son negocio. Por otro lado, a ese líder le quedaron unos $10.000 por voto comprado, aparte del voto vendido por parte de él y de su esposa. Esa fue la comisión aproximada. Muy poco también para tan grande riesgo.
No logré conocer cuántos votos se compraron y cómo obtuvieron los tarjetones. Es evidente que los tarjetones eran originales. Lo cierto es que el voto no fue original. El voto fue comprado, y una conciencia comprada ya no le pertenece a quién la subasta por tan ínfimo valor y al “mejor de los postores”.
La familia del líder es bastante humilde. Él, junto a su esposa, “dos amores” comprando conciencias a diestra y siniestra, tenían más miedo de que, al cierre de campaña, les encontraran publicidad electoral y por ello, los metieran a la cárcel. Eso les daba más temor a ser descubiertos comprando votos. ¡Qué ironía!
En una época en la que viví en Barranquilla creía haber visto la compra y venta de votos más descarada de los tiempos. Recuerdo un conocido contándome que la esposa vendió el voto a tres candidatos y votó por el que más le pagó ($70.000). A ellos (los candidatos) también los tumban y todos lo saben.
Por otro lado, en Soledad es aún peor y lo supe de primera mano hace unos años. Lo lamentable es que “el negocio” no solo es en esas ciudades. Vuelvo a repetir, es en todos los rincones del país.
Por otra parte, y para traer a contexto, hace más de dos meses y como todos conocen, se escapó Aída Merlano, la excongresista condenada por concierto para delinquir, delitos electorales y tenencia ilegal de armas según Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Es curioso que la fuga de Merlano haya sido objeto de burlas en las redes sociales por medio de los tantos memes que vimos a diario. Esa es la peculiar forma en que los colombianos se pueden reír de los absurdos que pasan para así olvidarse un poco de la realidad. Y, en este caso, de una realidad política más vieja que Matusalén.
Se trata pues de un negocio de temporada y normal para muchos. Es insólito que este delito lo hayan normalizado en el país y más insólito resulta pensar que ese dinero de lo que vale un voto, no alcance sino para comprar una chaqueta, una camisa, un pantalón, para comprar un mercadito muy pequeño, o de pronto, para pagar una factura de energía, de agua o de telefonía celular. O como lo es de voz populi, un voto cambiado por un tamal, una lechona, un bulto de cemento, unos ladrillos o algunas tejas para los terminados de la vivienda. Algo bastante decepcionante y penoso.
Sin duda alguna, una historia basada en hechos reales, y más que eso, con hechos delictivos muy claros. Colombia es uno de los pocos países que tiene la tan extraña desfachatez, junto con Tailandia, Venezuela y México, de “trabajar” en esta modalidad. Como en muchos indicadores, llevamos la batuta. En otros países, han salido fraudes electorales a la luz, pero diferente a esa forma tan distintiva de elegir candidatos.
Esto no debe ser un problema para ser abordado solo en periodo de elecciones, es algo serio y perjudica a todos los colombianos. Por otro lado, sería interesante hacer el ejercicio de consultar cuánto están pagando por voto en cada ciudad capital, en cada municipio y cuánto es el porcentaje de votantes comprados que entregan su vida y su patria a políticos que solo los ven como parte del negocio antes de las elecciones. Pues después y como se sabe, los políticos se olvidan de los que les ayudaron (con votos comprados o no) a llegar al podio. Aunque a veces sí se acuerden de algunos de los que les aportaron en algo para ganar.
Pero lo negativo de esto es que, en su periodo electoral, se la pasan devolviendo favores en cantidades gigantescas (similar a nuestro presidente Duque) y en su mayoría, a los grandes. Es allí cuando no entendí ese “negocio”: ¡¿pagar para ser elegido y luego, pagar por haber sido elegido?!
El delito de fradue electoral o el constreñimiento al al elector son tan comunes y aceptados dentro de las comunidades que son vistos como parte del procedimiento normal electorero.
Son muy pocos los políticos que han llegado al poder por sus programas de gobierno o porque sus votantes lo hayan comprendido.
No sé qué es más aberrante, si el que compra o el que vende, tan delincuente el uno como el otro.
Ni siquiera se vende o se compra la esperanza de obtener algo personal o para la comunidad, saben y tienen la certeza que después serán ignorados y aún así lo hacen a ese punto de degradación ha llegado la conciencia política de los colombianos, no alcanzan a entender el daño que se le hace al país desde lo más mínimo como lo es una junta de acción comunal ni los alcances que ésto tiene pero si saben que todos a los que vendieron su voto llegaran a robarlos. La pregunta es ¿Por donde empezar?…..