Columnista:
Sebastián Quiroga
Colombia es un país lleno de paradojas. Resulta que un día, el Congreso de la República y el presidente Iván Duque celebran con bombos y platillos la aprobación de la cadena perpetua para quienes violen menores de edad. Y a la semana siguiente nos enteramos de que el Ejército y la Policía, los supuestamente encargados de garantizar nuestra seguridad y bienestar, violan menores de edad en campos y ciudades.
Así de dramáticas son las cosas. Luego de mucho insistir con el tema de la cadena perpetua, su aprobación es polémica. Expertos juristas afirman que esta medida es inconveniente, pues las penas de 40 y 60 años que ya existen para quienes cometen estos delitos, no resuelven un problema que solo puede atacarse con políticas públicas integrales que protejan y garanticen los derechos de niñas, niños y jóvenes. Es puro populismo punitivo: darle gusto a quienes quieren más cárcel, y dejar los problemas estructurales intactos.
En todo caso, una mañana el Estado colombiano promulga y agita la “protección de los niños”, y al siguiente mediodía, sus fuerzas de seguridad violan y asesinan menores de edad en distintos rincones del país.
Escalofriante e indignante ha sido el caso de la niña de 11 años del resguardo Dokabú, de la comunidad Embera Chamí en Pueblo Rico, Risaralda. Siete militares del batallón, cocinados por una venosa doctrina militar, secuestraron por 15 horas a la niña y la violaron. Actualmente están detenidos en una guarnición militar, dizque por su seguridad. Y la imputación hecha por la Fiscalía es por acceso carnal abusivo y no violento, lo que jurídicamente implica que la niña consintió la relación sexual con 7 soldados. ¿Es posible tal infamia? Esta semana se denunció también otra violación por parte de un integrante de la Policía a una joven de 17 años en Bogotá. En enero ya habían violado a otra joven de 20 años.
Al drama de la violencia sexual, que es una historia tristemente repetida, se suma la tragedia de los asesinatos de la Fuerza Pública a los menores de edad. La semana pasada en medio de un desalojo en contra de 800 familias en Soacha, Cundinamarca, Duván Aldana de 15 años fue asesinado por un disparo de la Policía. En noviembre pasado a Dilan Cruz, con 18 años, lo asesinó un integrante del ESMAD. Por no hablar de otros jóvenes, como Ánderson Arboleda de 24 años de edad, asesinado a bolillo por la Policía en mayo pasado en Puerto Tejada, Cauca.
Entonces, la tal preocupación del Estado colombiano, del uribismo y de los demás sectores de Gobierno que promulgan tanto la “protección de los niños”, es pura hipocresía. Una excusa más para ganar votos, vender promesas falsas y seguir haciendo lo que les da la gana con el país. No solo no les preocupan las niñas, niños y jóvenes, sino que además, estos últimos son unos de sus blancos de ataque favoritos; objetos de la rabia y el deprecio que la oligarquía siente por la gente de este país, y que la Fuerza Pública se encarga de transmitir.
