Autor: Germán Ayala Osorio
En el cruel asesinato de Karina García, candidata a la Alcaldía de Suárez (Cauca), confluyen por los menos tres fenómenos: violencia política, “violencia ambiental” y una evidente animadversión por ser mujer.
El primero se explica por esa parte del Establecimiento que se opone a la construcción de escenario de paz y a la profundización de la democracia, todavía controla la circulación de armas, legales e ilegales, con las que suelen producirse atentados contra candidatas y candidatos a cargos de elección popular. Sacar las armas de la política es quizás el mayor obstáculo para consolidar una paz estable y duradera. Y por supuesto, es parte del Establecimiento que mantiene relaciones cercanas con grupos paramilitares que se disputan el control territorial de Suárez (Cauca) con grupos residuales de la guerrilla y narcotraficantes que a su vez tienen vínculos con redes internacionales.
El segundo fenómeno aparece por las prácticas de minería legal e ilegal que se vienen dando en zonas específicas del departamento del Cauca y que tienen conexión con los proyectos mineros desarrollados en el Pacífico colombiano. Llamo “violencia ambiental” a todas las actividades, agrícolas desarrolladas bajo el modelo de la gran plantación, la minería a cielo abierto y el cultivo de coca y su procesamiento para producir el alcaloide. Todas estas actividades generan condiciones de insostenibilidad sistémica, que incluye, por supuesto, las variables económica, política, social y cultural.
Y el tercer fenómeno tiene que ver con expresiones claras de una profunda animadversión hacia la mujer que decide actuar en el espacio de la política, tradicionalmente dominado por hombres. Una cosa es que una mujer aspire a ser alcaldesa de Bogotá, y otra muy distinta es que Karina García haya querido llegar a la alcaldía de un municipio como Suárez, ente territorial cuya institucionalidad no solo es débil, sino que viene siendo confrontada por actores armados ilegales; y además, capturada por mafias y dominada por el clientelismo y las prácticas corruptas.
Así entonces, de la confluencia de esas tres circunstancias o fenómenos se deriva un feminicidio político de especiales características, por cuanto la condición de Mujer en Suárez, en el Cauca y, en Colombia, genera miedo y preocupación en los círculos tradicionales del poder político, en cabeza, por supuesto, de Machos (políticos) acostumbrados a manejar los asuntos públicos desde esa racionalidad y los valores que de allí se desprenden, los mismos que la candidata se atrevió a cuestionar en su momento.
Se tipifica el feminicidio político cuando la mujer que actúa en el escenario de lo público trata de erosionar el poder masculino y las prácticas masculinizantes derivadas de una sociedad patriarcal. De igual manera, cuando esa mujer o grupo de mujeres intentan o rompen con los roles tradicionales que la sociedad les impuso: reproducirse y atender al marido. Esa sumatoria de decisiones y actuaciones coadyuvan a calificar lo sucedido con Karina García como un feminicidio político.
En la masacre murieron, además de Karina García, su madre y dos mujeres más relacionadas con la actividad proselitista que se adelantaba en esa zona del departamento del Cauca. Esto confirma que detrás de la masacre hay una clara perspectiva masculina que, con este tipo de “acciones ejemplarizantes” claramente buscan, los perpetradores y los autores intelectuales, generar miedo en aquellas candidatas que osen cuestionar el poder tradicional masculino y, en particular, aquellos que de tiempo atrás dominan en el territorio en asocio con mafias de diferente pelambre.
Estamos pues ante un crimen que da cuenta no solo de las complejidades socio políticas del territorio caucano en general, sino de las particularidades de lo que sucede en Suárez, municipio cercado por grupos paramilitares, la presencia otoñal de las guerrillas y sicarios asociados a actividades de minería ilegal y siembra de coca.
Las reacciones del Gobierno y las medidas adoptadas de poco servirán: ya el daño está hecho. O en el argot criminal, la “vuelta ya se hizo”. Se esperaría una reacción mayor por parte del Gobierno. Por ejemplo, deberían de suspenderse indefinidamente las elecciones en el municipio. El suceso lo amerita. Las condiciones en las que fueron asesinadas estas mujeres y los otros miembros de la comitiva ameritan una decisión también ejemplarizante desde la institucionalidad política y electoral.
No solo se confirma que no hubo garantías para Karina García, sino que los candidatos que continúan en la lucha electoral deberán cuidarse de tocar los poderosos intereses ilegales que tienen capturada la vida social, económica y política en Suárez (Cauca).
Y como siempre, nadie en el alto Gobierno asume responsabilidades políticas. El ministro de la Defensa debería de renunciar por el manejo que le ha dado a los problemas de orden público que acosan, de tiempo atrás, al departamento y al municipio de Suárez.
Por todo lo anterior, señalo que el atroz asesinato de Karina García y de los miembros de su comitiva confluyen el odio por ser mujer, la competencia electoral armada, la crisis de liderazgo de los candidatos hombres; y la crisis institucional de un departamento cuyas élites jamás comprendieron sus complejas realidades.
