Columnista:
Daniel A. Montoya Castrillón
La estocada final en el proceso que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal, la podría dar el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), al reubicar al principal testigo en ese caso, a Juan Guillermo Monsalve Pineda —quien, por lo demás, es el que ha señalado que el expresidente, en contubernio con su hermano Santiago Uribe Vélez, conformaron en uno de sus predios el Bloque Metro de las Autodefensas— trasladándolo de la casa fiscal a un pabellón de la cárcel La Picota de Bogotá, claro está, si la Corte Suprema de Justicia da vía libre.
Y digo que sería el final, porque, por un lado, Monsalve ya había sido objeto —estando en dos centros carcelarios— de amenazas de muerte; por consiguiente, si Monsalve no llega vivo a un eventual juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, su declaración se convertiría en una prueba de referencia, y de acuerdo con nuestra legislación colombiana ninguna sentencia condenatoria podrá fundamentarse en dichas pruebas: donde el testigo no haya sido contrainterrogado en juicio.
Pues bien, alega el mayor general Mariano Botero Coy, director general del INPEC, que «se estudie la posibilidad de reconsiderar la orden de permanencia en la casa fiscal, teniendo en cuenta que este no es un lugar destinado para la reclusión de personas privadas de la libertad, no es un pabellón de seguridad ni hace parte del mismo».
Pero además, agrega:
«La casa fiscal tiene como finalidad el alojamiento del Director del Establecimiento de reclusión y adicionalmente se encuentra por fuera del perímetro de seguridad del mismo por lo que no brinda las garantías de efectiva seguridad, custodia y vigilancia del privado de la libertad».
Aunque tiempo atrás, el director del INPEC ya le había solicitado a la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia «reconsiderar la orden de permanencia del privado de la libertad MONSALVE PINEDA, en la casa fiscal y en su lugar permitir reubicarlo en otro pabellón dentro del mismo establecimiento, donde se le pueda brindar las condiciones de seguridad que requiere».
Lo cierto del caso es que la respuesta de la CSJ no pudo ser más convincente: «lo que en manera alguna puedan servir de soporte para peticionar de la Corte se modifique el lugar de reclusión, cuando la decisión en torno a este punto fue motivada en razones de seguridad».
Pero, quizás, las razones de seguridad de las que hace alusión la Corte, fue de las que el periodista Daniel Coronell reveló en el 2018, cuando «en el penal de máxima seguridad de Cómbita, por ejemplo, cubrieron con mantequilla los lentes de las cámaras de vigilancia, minutos antes de que dos internos, sin mediar palabra, se arrojaron contra Monsalve para acuchillarlo». Por esa razón, Juan Guillermo Monsalve fue trasladado a La Picota, en Bogotá, para evitar un impoluto atentado.
Sin embargo, poco tiempo después, sucedió lo siguiente, según lo revelado por Coronell:
«En su celda fue encontrada una sustancia venenosa que según el análisis de Medicina Legal es “un compuesto altamente tóxico que es usado como insecticida y rodenticida, se comercializa con el nombre de Matarratas Guayaquil. En Colombia está prohibida su venta”».
¿Por qué el INPEC está empeñado en que el principal testigo del caso judicial más importante del país deje la casa fiscal, y en lugar de ello pase a compartir celda con los demás reos? ¿No son acaso los atentados perpetrados en contra de Monsalve en diferentes centros penitenciarios razón suficiente para que el reo siga ocupando la casa fiscal? Si el INPEC tenía conocimiento de las razones que motivaron a la CSJ para que Monsalve ocupara a bien la casa fiscal, ¿por qué insisten de nuevo?
Por lo pronto, será la alta Corte la que tomará la decisión, deberá proceder en derecho, y determinará si Monsalve debe dejar la casa fiscal, y en lugar de ello ocupar un nuevo pabellón.
