Columnista:
Luciana Avendaño
«Tal vez, cuando el sujeto es llevado al límite de
lo que puede resistir, es cuando empezamos a saber
lo que realmente puede un cuerpo».
Consuelo Pabón
Colombia se encuentra en crisis económica, política y social; 47 asesinados según Temblores ONG, de los cuales 39 han sido causados por la fuerza pública; 963 detenciones arbitrarias; 12 casos de violencia sexual—todos hacia mujeres—; 548 desaparecidos entre el 28 de abril y 7 de mayo según datos de la Defensoría del Pueblo; más de 25 víctimas heridas en los ojos; 278 agresiones por parte de la Policía y alrededor de 1876 hechos violentos; siendo Cali la ciudad más afectada. Cifras que en menos de dos semanas, superan las del estallido social en Chile e incluso, las jornadas de protesta por el asesinato de George Floyd en Estados Unidos.
Sin duda, un contexto que ha hecho de los cuerpos, territorios en disputa y control político por quienes sirven a un Estado que hoy encarna en el verde oliva, acciones que se asemejan al peor estilo paramilitar. Reflexiones que surgen en medio de noches de interminable insomnio y traen a mi memoria, el texto de Silvia Federici ‘Calibán y las brujas’ y no solo por su esfuerzo al explicar el género y la manera en que la acumulación del capital oprime a las mujeres, sino especialmente por las nociones atribuidas al cuerpo, comprendiéndolo como identidad, poder, memoria y subjetividad. Es decir, interpretarlo desde la vida cotidiana, hacerlo hablar y analizar desde dónde lo hace.
Precisamente, porque es el lugar en que se transmutan los valores culturales y donde se ejerce toda clase de poder; esa corporalidad pertenece a los territorios, es interpretada según su espacio social y comunica de acuerdo con sus intereses y necesidades; es el reflejo de cómo interactuamos con el mundo y los otros. Algo que la academia ha tratado de explicar desde un cuerpo personal y un cuerpo político para interpretar cómo la violencia reproducida en la intimidad —familiar— condiciona nuestro accionar en los espacios públicos, en especial con la institucionalidad del Estado y las relaciones de autoridad entre este y la sociedad civil. Incluso, desarrollando el concepto de ciudadanía desde una visión neoliberal.
Ahora bien, ¿qué implica feminizar los cuerpos? Trae consigo subalternizar a una otredad que es vista como peligrosa ante el Estado, como en el caso nuestro, cuya seguridad nacional se ha defendido bajo la creación de un enemigo interno que amenaza con tomarse el poder. De ahí que la represión vista por estos días esté construyendo y destruyendo corporalidades en un país que sigue padeciendo el conflicto armado interno que ha roto los tejidos sociales al extremo de ver en los movimientos sociales, organizaciones defensoras de derechos humanos y todo aquel que vaya en contra del establecimiento, a ese subversivo que debe ser torturado, abusado y eliminado.
Es una herencia paramilitar que margina y racializa los cuerpos, transformándolos en textos que merecen ser leídos ante las comunidades para advertir, controlar e imponer autoridad sobre la cotidianidad y su cultura; especialmente ejerciendo violencia sexual hacia las mujeres como mecanismo de conquista territorial.
Por ello, la figura del soldado hipermasculinizado tanto en grupos armados ilegales como legales (incluyendo a la Policía, ya que nunca ha sido cercana a su papel civil) parece ser parte del entrenamiento militar con el cual se busca construir y afianzar la masculinidad del guerrero e identidad dentro de la colectividad despojando del aprendiz cualquier rasgo feminizante que le haga verse débil y compasivo, sin importar acudir a la violencia; en pocas palabras, todo aquello que en antropología se ha reducido a un no-hombre; trasladando esta formación al accionar de la fuerza pública en la sociedad, alimentados por los discursos de odio de los sectores más conservadores y recalcitrantes del país.
Por tanto, la lectura que hoy la autoridad en Colombia hace de los manifestantes del paro es bastante peligrosa en un Estado social de derecho; estigmatizarles de vándalos, violentos y guerrilleros exige a la fuerza pública un tratamiento militar tan desmedido que les permite tener control sobre cualquier cuerpo y hace que violar el Derecho Internacional Humanitario sea lo menos preocupante. Basta con ver los 10 millones de pesos ofrecidos por cada «revoltoso», ignorando que ponerle precio a la vida, nos ha costado 6402 ejecuciones extrajudiciales.
El mensaje es claro: los manifestantes están desarmados y censurados, por tanto, son inferiores, débiles y maltratables —feminizarles— porque la democracia en Colombia no funciona; los entes de control están al servicio del Gobierno y el Congreso, es inútil; así, se sienten amparados de cometer cualquier delito sin importar si es de día o de noche.
De tal forma, en el instante en que un cuerpo es violentado, sin importar el arma; se lee como una superficie penetrable, digna de cualquier vejamen. Por ejemplo, esa masculinidad dominante en la fuerza pública, naturaliza descaradamente el apetito sexual de sus miembros, haciéndoles creer que los abusos y violaciones en grupo en los CAI, en las patrullas o en un callejón constituyen un «ritual» que establece patrones de intimidad entre hombres.
Porque, el acto de violar en colectivo, no es solo sexual, sino constituir el órgano sexual masculino como un símbolo de poder y dominación que fragmenta los lazos de sangre de la víctima, la despoja de su identidad-cuerpo y penetra en las raíces de su grupo o comunidad. Dejando una lectura clara: a la próxima persona le pasará lo mismo si no acata las órdenes.
En este caso, la estrategia es reprimir para controlar y qué mejor vía que a través del cuerpo para impedirle a la gente el derecho a manifestarse por temor a quedar en medio de la brutalidad policial con el fin de ir bajándole la intensidad al paro y en conjunto con los medios tradicionales, posar de héroes. No es solo la violencia sexual, sino la tortura, la represión y la fragmentación que se vive en las calles de Colombia; balazos, patadas, insultos y ridiculización de los cuerpos; más que violencia física, pasa a ser simbólica, pues, el Estado se les ríe en la cara.
Finalmente, Iván Duque está replicando los mismos modelos de Maduro en Venezuela para contener la protesta social: represión policial y al fallar, retirarla con el objetivo de que sea la misma gente, la encargada de matarse entre sí, ya lo vimos en Cali y su respuesta fue decirle a los pueblos originarios que se devolvieran a sus territorios, sustentada en una colonialidad del poder que ha causado en miles de colombianos de clase media sentirse superiores en un país de ascendencia indígena.
Duque deberá responder por las atrocidades que está cometiendo y su partido, junto a los que ayudaron a ocasionar esta crisis —así hoy se hayan alejado del Gobierno—, pagarán en las urnas.
Adenda. Ver cómo la Policía disparaba al compás del himno nacional, en Siloé, Cali, me recordó a la masacre en El Salado, donde los paramilitares asesinaban al ritmo de los tambores. ¿Son estas las herencias que nos seguirá dejando la guerra? Ya veremos.
