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El segundo cargo más importante de la UdeA: un hombre que no detuvo la crisis de acosos sexuales

El segundo cargo más importante de la UdeA: un hombre que no detuvo la crisis de acosos sexuales

Avanza el proceso de inspección y vigilancia que adelanta MinEducación en la Universidad de Antioquia con un inédito episodio de defenestración rectoral. Luego de consumada la caída del rector John Jairo Arboleda –a quien el Consejo Superior Universitario no le aceptó la renuncia– el pasado 19 de enero el profesor Héctor Iván García asumió en la rectoría en calidad de encargado. 

Aunque el nuevo rector viene presentando partes de tranquilidad a la comunidad universitaria afirmando que su rol será temporal, no reporta tranquilidad uno de los nombres que designó para el segundo cargo de importancia de su equipo: Luquegi Gil Neira, en la Vicerrectoría General.

Luquegi Gil viene de concluir un cuestionado paso por la decanatura de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, posición que ocupó durante dos periodos consecutivos, nada menos que seis años, en los cuales se detonó una crisis por Violencias Basadas en Género (VGB). Lo particular de esa lamentable historia es que desde antes de asumir como decano Luquegi ya estaba advertido sobre las situaciones de acoso y abuso que convirtieron a la ilustre Facultad de Derecho, ¡sí, de Derecho!, en un nido de acosadores, abusadores y depredadores sexuales. 

Y lo sé con propiedad porque fui yo quien, personal y públicamente, así se lo advertí. Ocurrió el jueves 16 de marzo del 2017 en un foro con aspirantes a la decanatura, esa fue la oportunidad que encontré como estudiante para alzar la voz y reclamar a los tres aspirantes –aunque ya se sabía que por movidas políticas Luquegui sería el designado– para que tomaran acciones contundes ante las situaciones de acoso y abuso que implicaban a varios profesores de la Facultad, en los pregrados de Derecho y Ciencia Política. Práctica sistemática de profesores que enaltecidos como “vacas sagradas” se creían “intocables”. 

Sin novedad Luquegui asumió en la decanatura y ¡oh sorpresa!, cinco años después, entre agosto y diciembre del año 2022, detonó la peor crisis por VBG en la historia de la UdeA. Crisis que precisamente empezó por la Facultad donde Luquegi ajustaba dos periodos como decano. Y eso que estaba advertido –insisto – desde el 2017. 

Por eso, cuando salió de la decanatura con la intención de buscar la rectoría, en todos los foros y espacios públicos le formulé varias preguntas que siempre me respondió con evasivas, se las recuerdo: ¿Acaso, fui escuchado? ¿Por qué las medidas que usted dice que tomó para acabar con las VBG en la Facultad de Derecho fueron insuficientes? ¿Por qué no se erradicaron las VBG en sus seis años en la decanatura? 

Y ahora, luego de una intervención del Gobierno Nacional en la UdeA que tensiona el sentido de la autonomía universitaria, el rector García no vio problema en designarlo como vicerrector general y eso que la crisis por VBG todavía persiste en la universidad. Porque sí, así ya no ocupe titulares, la crisis en la UdeA no solo se trata de un asunto de plata. 

¿Qué se puede esperar de las acciones de un vicerrector general que siendo decano y estando advertido no pudo erradicar las VBG? ¿Ofrece garantías de transparencia para los sectores que se han movilizado en contra de las VBG al interior del Alma Máter? Preguntas que con respeto y consideración le formulo a la comunidad universitaria. 

Y al rector García –a quien espero le vaya bien en su encargo –le expreso que la confianza no se limita a pronunciamientos tranquilizadores en redes sociales, sino que también se basa en la transparencia e idoneidad de los nombramientos. Dígame: ¿Por qué le da usted esa posición de poder al señor Luquegi a sabiendas de los cuestionamientos que carga encima? 

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Politólogo de la UdeA, magíster en Ciencia Política. Editor de Laorejaroja. Se ha destacado como investigador y asesor en temas relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz, la reincorporación de excombatientes, la justicia transicional y la política pública en contextos de postconflicto.

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