Para Mancur Olsen, en su texto La lógica de la acción colectiva: “si todos los miembros de un grupo de individuos o de empresas tienen determinado interés en común, el grupo manifestará una tendencia a satisfacerlo”, y eso es lo que intentaré demostrar en esta columna, en donde explicaré porqué la movilización social tiene poder en Colombia y debe mantenerse.
Las movilizaciones sociales siempre han sido la respuesta a la indignación, el rechazo y el inconformismo de los colombianos frente a determinadas decisiones políticas y de Estado que benefician a unos pocos y afectan a la gran mayoría de la población.
Así sucedió con las movilizaciones del movimiento estudiantil MANE, en el año 2011, las cuales lograron frenar la reforma a la Ley 30 de Educación Superior, impulsada por el gobierno del presidente Santos. Gracias a las marchas que organizaron los estudiantes en diferentes ciudades del país, con principal resonancia en Bogotá, se frenó la implementación de esa reforma.
En nuestro país no solo los estudiantes han enviado expresiones y mensajes contundentes al gobierno y a la sociedad civil por medio de las marchas, movilizaciones y protestas; recordemos que durante los años 2013 y 2014, los campesinos fueron expuestos por los medios de comunicación por primera vez, colocándolos en el centro de atención y en primer tema de la agenda nacional tras el paro nacional agrario.
El paro agrario se originó tras las consecuencias que generaron las políticas de apertura económica para internacionalizar la economía de manera desmedida, las cuales llevaron a un cese de actividades del sector agropecuario, pues las importaciones y los tratados de libre comercio acabaron con la producción nacional y dejaron a los campesinos endeudados, con remate de tierras y en una profunda crisis, que hoy, 2 años más tarde, continúa y pareciera nunca acabar.
En las movilizaciones agrarias, Colombia logró recuperar el sentido de pertenencia por el sector rural, por el campo y el campesinado: los colombianos aprendieron a valorar su trabajo, pues gracias a ellos es que en nuestro país se puede hablar de seguridad y soberanía alimentaria, a pesar de las importaciones que amenazan con acabar al sector. Estas marchas campesinas a las cuales se sumó la sociedad civil, enviaron un mensaje al gobierno Santos y a aquellos otros que han tomado malas decisiones políticas frente al agro.
Los pueblos indígenas también han encontrado en las movilizaciones sociales y las mingas, una manera de ejercer presión social y exigir el cumplimiento de sus derechos autonómicos.
Las organizaciones obreras y los sindicatos, igualmente, han recurrido a las protestas para exigir unas mejores condiciones laborales, ante la baja remuneración que históricamente han tenido los trabajadores colombianos. Para definir los salarios mínimos, el gobierno siempre se reúne con este sector para pedirle que sugiera los aumentos salariares, pero finalmente, su posición no es tenida en cuenta.
La situación es injusta, pues un salario mínimo en Colombia no alcanza para nada, no garantiza unas condiciones de vida dignas, pero en cambio sí se analizan los sueldos de las tres ramas del poder: la ejecutiva, la legislativa y la judicial; siempre habrá una excusa del gobierno y de los funcionarios de estas para aumentarse el sueldo en millones y millones de pesos, con aprobación de los gobernantes. Pero bueno, esa es la Colombia inequitativa y desigual en la que vivimos, y en la que históricamente las familias terratenientes, de más dinero y poder, son las que han mandado y las que tienen al país en atraso, subdesarrollo, inequidad, y un conflicto armado en un tira y afloje, con la paz embolatada.
El conflicto armado en Colombia está a pasos de acabarse, con la voluntad de las guerrillas colombianas, tanto de las FARC como del ELN. La primera ya tiene un acuerdo con el gobierno y, la segunda, está en negociaciones. Sin embargo, la clase política conservadora y la ultra derecha, al parecer, no quieren que se acabe pronto el conflicto armado, o que el gobierno Santos sea el protagonista de la paz, todo por una situación de egos, personalismos y una proyección política del Partido Conservador y del Centro Democrático, los cuales le apuestan a tener las mayorías en el 2018 en el Congreso y ganar la presidencia; esas intenciones pueden poner en peligro el fin del conflicto armado y la paz.
Tras los resultados del pasado domingo 2 de octubre en las elecciones del plebiscito, para definir si los colombianos aprobaban o no la refrendación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC, los ciudadanos que votaron por el Sí o que no votaron, e incluso algunos que votaron por el No, decidieron volcarse a las calles para reclamar un acuerdo de paz ya, tanto al gobierno como a los negociadores de la oposición.
En este nuevo escenario de incertidumbre, zozobra y desconcierto, a la sociedad civil no le quedó otra opción que recurrir a la movilización social por medio de marchas, campamentos por la paz y todo tipo de actividades, con el fin de presionar al gobierno y a los que impulsaron y promovieron el No, para que se dé un acuerdo pronto y así se pueda firmar la paz con las FARC.
Es la primera vez que Colombia se moviliza con tanta fuerza por el fin del conflicto armado; la sociedad civil ya no aguanta más vivir en un país en guerra, con un sector rural sin futuro y en medio de una confrontación armada. Las marchas por la paz y por un acuerdo ya son el reflejo del desespero de los colombianos ante una negociación de paz en el limbo, que las clases políticas quieren manipular a su antojo y acomodo, todo por definir qué fuerza o líder político sale mejor posicionado para las elecciones legislativas y presidenciales del 2018.
La ciudadanía debe seguir movilizándose por medio de protestas y otras actividades por un acuerdo inmediato. Los colombianos no queremos que los políticos jueguen con la paz que merecemos y que es un derecho de todos.
Todos queremos la paz, el fin del conflicto y un acuerdo ya. ¡Viva la movilización social!
Publicado el: 27 Oct de 2016
