La aprobación a la reforma de financiamiento electoral ilícito aprobada en 2016 en Guatemala se refiere a «quien resulte responsable en la aportación anónima a partidos políticos será sancionado con prisión de uno a cinco años y multa de cien por ciento de la cantidad no registrada».
Sin embargo, en el mundo de los partidos políticos en Guatemala, el modelo de financiamiento electoral siempre ha sido opaco. Los recursos son vitales para la organización de los mismos. De manera que los dirigentes de los partidos han recurrido a prácticas ilegales para su obtención y necesitados de personas dispuestas a entregarle al partido político el tiempo necesario para trabajar en él.
Por ejemplo, las personas que trabajan a tiempo completo en un partido político sin contar con los recursos suficientes para proveerle un salario por su trabajo, es condicionante, para que los dirigentes de más peso y poder contacten a sus aliados en el poder ejecutivo o en las municipalidades con el fin de que les otorguen a estas personas una plaza; en el entendido cómplice que no llegarán a sus puestos de trabajo, sino que estarán entregados en cuerpo y alma al funcionamiento del partido político y de la campaña venidera.
De los casos presentados por el Ministerio Público y por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (MP-CICIG) relacionado con el tema, de la misma forma ha operado Ángel González (dueño de los canales nacionales) al pagarle una miseria a su personal, los ubica en posiciones mejor remuneradas en instancias del Estado, con horarios “flexibles”.
Ahora bien, regresando al funcionamiento interno de un partido político guatemalteco, el flujo de dineros de dudosa procedencia se hace evidente cuando alguien de los que trabajan como seguridad de algún candidato es enviado al mercado negro o a las casas de cambio. Han entrado a las arcas del partido en denominación de US$20, marcados con rojo, los billetes. Para el pago de gasolina, de hotel, para la gira del fin de semana, para comida, para el alquiler de las sedes, para los servicios; en fin, hay dinero para cubrir los gastos. Respiran aliviados. Dinero ilegal listo para entrar al sistema. Pago en efectivo. Sin dejar rastro. Implícito está que existen negociaciones con el crimen organizado. Toca solventar las deudas, murmuran. Excusándose.
Sin embargo, son los partidos políticos el vehículo y la plataforma para elegir y ser electo, para optar a cargos públicos y desempeñar las funciones electorales para las que sean designados, entre otros; funciones constituidas en el Artículo 3 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Pero han sido estos también, sumamente débiles, a semejanza del sistema político, económico y social que impera en el país. Sustentados por leyes hechas a la medida de la impunidad. Garantizando el poder oscuro al crimen organizado y el saqueo al Estado mismo por un proyecto político. De esto no se escapa ideología alguna. La corrupción es ambidiestra. El tráfico de influencias es una medida de sobrevivencia, casi irrefutable. Así han funcionado, al menos las más de dos docenas de partidos políticos legalmente inscritos en el Tribunal Supremo Electoral guatemalteco.
Un partido político que debería de promover formación, cultura y organización política con base al respeto por el ordenamiento jurídico vigente. Entes obligados a presentar propuestas a la debacle política que atraviesa el país, pero que se sostienen económicamente de lo ilegal para poder competir cada cuatro años por la anhelada presidencia o por una curul.
En Guatemala se abrirá la convocatoria a elecciones en enero de 2019, y la población apta para votar está convocada a acudir a las urnas en mayo y, según resultados, habría una segunda votación un mes después. Lo cual significa que las negociaciones están a la orden del día. Alianzas, compra de curules, que según comentarios entre corridos, oscila en un millón de quetzales la primera casilla del listado nacional.
Un millón de quetzales por una casilla ganadora, cuatro años garantizados y un sinfín de oportunidades para hacer negocios y recuperar lo invertido. Pese al desgaste más grande que ha tenido nunca el Congreso de la República, siempre habrá quienes consideren que ocupar una curul es un buen negocio personal.
Lejos quedan los discursos enérgicos dichos en campaña. Los ofrecimientos de empleo, de salud, de educación y de seguridad, se han convertido en un mito. La sobrevivencia de una sociedad condenada a migrar es el resultado más obvio que ha dejado el sistema político guatemalteco.
Poco a poco nos acercamos al periodo de elecciones. Con un tribunal electoral que no es supremo y que se enfrentará, de nuevo, a tal proceso sin el presupuesto necesario ni las herramientas jurídicas que le permitan fiscalizar a los partidos políticos y a los comités cívicos.
Es por ello, que la crisis política de 2015 debió encaminarse a reformar una sola ley: La Ley Electoral y de Partidos Políticos. Es la única que podía darle un giro de ciento ochenta grados al sistema electoral vigente que nos condenará una vez más, a escoger al candidato menos peor de la oferta.
Seguiremos viendo desfilar por los medios de comunicación a cuanto partido político haya incurrido en financiamiento electoral ilícito, llegar al Tribunal Supremo Electoral y ser cancelados.
La depuración de los mismos seguirá siendo desde lo penal. Y la construcción de un Estado de Derecho, una deuda eminente.
