El Acuerdo de Escazú: otra promesa incumplida del Gobierno Duque

El acuerdo daría una luz verde frente al acceso a una justicia ambiental que permita dirimir los conflictos de interés que ponen en riesgo la labor del líder ambiental; pues, estadísticamente, las cifras de este tipo de asesinatos en Colombia nos revelan que más de la mitad de sus víctimas son indígenas.

Infórmate - Ambiente

2021-11-26

El Acuerdo de Escazú: otra promesa incumplida del Gobierno Duque

Autor:

Yeferson Bonilla Hernández

 

Mientras Colombia según la Global Witness sigue siendo el país más arriesgado para ejercer el liderazgo ambiental en el mundo y que para el Acuerdo de Escazú es de vital importancia la protección de estos líderes, el Gobierno Duque, se dedicó a dejar botado el proyecto en el legislativo, porque ni los dos ministros de Ambiente, los tres cancilleres y ministros del Interior que ha tenido se han empleado a fondo para lograr que la bancada del Centro Democrático y la Coalición del Gobierno ratifiquen este importante acuerdo para el país.

Recordemos que el Acuerdo de Escazú plantea algunas acciones visionarias e interesantes para la protección del medio ambiente y todos sus componentes, pero hay tres ejes fundamentales que llaman mucho la atención y que desde una mirada nacional ciudadana proyecta gran importancia de que Colombia incorpore dicho acuerdo. Uno de esos es la participación justamente de los mismos líderes ambientales en la toma de decisiones en sus territorios, por otro lado, la transparencia de la información ambiental que en un país como Colombia es absolutamente fundamental y, por último, la pronta y eficaz acceso a la justicia ambiental. Frente a este último eje y revisando el panorama en Colombia, nos encontramos con aquellas zonas del país como el Catatumbo y el Chocó, lugares de mayor conflicto en temas de posesión de tierras y de paso en el número de muertes por asesinato a líderes ambientales.

El acuerdo daría una luz verde frente al acceso a una justicia ambiental que permita dirimir esos conflictos de interés que ponen en riesgo la labor del líder ambiental; pues, estadísticamente, las cifras de este tipo de asesinatos en Colombia nos revelan que más de la mitad de sus víctimas son indígenas quienes se han dedicado a salvaguardar sus territorios invadidos por acaparadores de tierras.

Por otro lado, el Gobierno Duque traicionó la promesa realizada durante el Paro Nacional de 2019, así lo demuestran todos los proyectos que se han presentado al Congreso de la República en la última legislatura con mensaje de urgencia. Parece ser que el capital político solo les alcanzó para lograr aprobar la reforma electoral, la ley de emprendimiento, la ley de turismo sostenible (también importantes), pero no para ratificar este necesario acuerdo del que cada vez más buscan la forma de hacerle el quite. Sin embargo, lo que más inquieta, es ver ese gran desacuerdo al interior del partido de Gobierno, en el que senadoras como Cabal y Holguín (hoy presidenta de la Comisión Segunda en la que se deberá discutir dicho acuerdo) están abiertamente en contra debido a los efectos económicos que esto tendría para el país «según ellos» y el Consejo Gremial con todo su lobby.

Definitivamente, el Acuerdo de Escazú en Colombia tiene más enemigos que amigos en el sector político y económico de Colombia. Recordemos algunos de los muchos discursos que han salido a manifestar y a hacer creer algunos supuestos «patriotas ilustres», pero que a la hora de la verdad solo quedan en falacias brillantes. Por ejemplo, las del señor Alberto Ecchavarría, vicepresidente de Asuntos jurídicos de la Andi, de la señora Sandra Forero, presidenta del Consejo Gremial y de la precandidata presidencial ‘Mano Dura y Corazón Grande’, María Fernanda Cabal donde han asegurado que desde el momento en que Colombia adopte el Acuerdo de Escazú automáticamente seremos despojados de la soberanía y peor aún hacen mención de que dicho acuerdo es una intromisión de países que eran de izquierda y que ya no lo son, pero curiosamente, a la hora de revisar el mismo acuerdo, este establece en su artículo 3, lo siguiente:

Las leyes de cada Estado permanecerán intactas sin que se limiten o modifiquen por haber ingresado a este tratado, cuando en realidad lo que hará Escazú es fortalecer temas en los que el país no haya avanzado ni regulado y traza como meta, lograr poner en marcha una ruta que muestre un camino claro a donde debería ir el tema ambiental en nuestro país.

Otros, se han dedicado a expresar que este acuerdo sería obsoleto, porque para ellos la legislación en materia ambiental es suficiente y eficiente en el país y que de entrar Escazú sería una carga para el sistema judicial por lo que aumentaría considerablemente los procesos en esta materia en los juzgados, como en su momento lo mencionó la señora Claudia Calero, representante de Asocaña, pero para la muestra de un botón: al revisar la situación actual de nuestro país queda claro que, sí existe variada normatividad ambiental, aunque para la tristeza de muchos, no toda es efectiva; y en la mayoría de casos ni siquiera es clara para los actores involucrados en el tema, por lo que en la mayoría de procesos a los jueces les toca hacer maromas con cáscaras de huevos, pues en sus fallos, por un lado, buscan hacer cumplir las leyes, no obstante, por el otro, no existen esos argumentos basados en conocimientos técnicos, que para rematar el difícil panorama del sector judicial colombiano, les acompaña un miserable presupuesto para fallar realmente a favor del medio ambiente.

Lo que Escazú propone es lograr darle un impulso al gobierno para que toda esa normatividad ambiental existente tenga una real sincronía permitiendo fortalecer la institucionalidad, a su paso proyecte tener una jurisdicción ambiental e invierta recursos en el sistema y desde luego cuente con jueces con mejores herramientas que garantice un real  funcionamiento de dichas leyes, con información de fácil acceso y por supuesto, persiguiendo ese anhelo de reforzar la credibilidad internacional de nuestro país.

Definitivamente, queda claro que el Acuerdo de Escazú es la mejor ruta para nuestro país en materia medioambiental, un país en donde la magia y riqueza a través de su biodiversidad pone en riesgo a aquellas personas que alzan su voz en defensa de lo que es de todos y para todos, uno en donde la desinformación en esta materia es realmente alarmante, pero que, para disimular en las esferas internacionales utilizan las gafas de la casa de Nariño ganando elogios basados en el desconocimiento de las realidades de ese país mágico que grita:

¡Acuerdo de Escazú en Colombia ya!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Yeferson Bonilla Hernández
Ex-Consejero Académico de la Unibagué, Gestor Ambiental y Abogado en Formación. #LaDemocraciaAnteTodo