Mientras en Colombia el Grupo Aval se dedicó 7 años a negar los sobornos que repartió para que les adjudicaran un contrato de la Ruta del Sol II sin licitación, en EE. UU. el grupo de Luis Carlos Sarmiento Angulo sí aceptó haber repartido 23 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos.
Contrario a lo que algunos han dicho en Colombia, este no es el final de la investigación contra el Grupo Aval o Corficolombiana, es apenas el inicio, pues se comprometieron a dejar de sobornar a funcionar públicos colombianos para obtener contratos, a cambiar sus códigos internos de conducta y a seguir colaborando con la investigación.
Según el acuerdo firmado con la Comisión de Valores, fue en mayo de 2014 cuando el Gobierno Santos aprobó los desembolsos al Grupo Aval, el mismo día en el que Odebrecht se comprometió a financiar las campañas políticas de quienes ayudaron.
El documento declara culpable de dos delitos al Grupo Aval (falsificar contratos e incorporar declaraciones falsas en estados financieros) y en total ordenó pagar 40 millones de dólares como sanción criminal; pero el Departamento de Justicia aceptó rebajarla a la mitad con la condición de que desistan, en los próximos días, de apelar la sanción impuesta por la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
Además, deberán pagarle a la Comisión de Valores 32 millones de dólares como sanción por el manejo irregular de libros contables, más 8 millones de dólares de intereses prejudiciales, que sumados a los 20 del Departamento de Justicia, dan un total de 60 millones de dólares de multa.
Ahora bien, Pablo Felipe Robledo, superintendente del Gobierno Santos, dijo a Noticias Uno que no se explica como allá colaboran con las instituciones y reconocen su culpabilidad cuando acá llevan 7 años litigando y negando su participación en estos hechos, que son los mismos que alcanzó a denunciar el auditor Jorge Enrique Pizano ante el FBI antes de su repentina muerte.
Recordemos que en su momento se estableció que había muerto por un infarto fulminante y fue cremado poco después. Su hijo Alejando Pizano, al venir a su funeral, murió tras tomar un sorbo de una agua saborizada que tenía cianuro y se encontraba en la oficina de Jorge Enrique, como confirmó la vicefiscal María Paulina Riveros en su momento. Actualmente la familia busca reabrir esta investigación.
La multa colombiana fue por pagar 6,5 millones de dólares en sobornos, pero en EE. UU. reconocieron haber pagado 23 millones de dólares en sobornos, ¿cómo se movieron los 16,5 restantes? ¿A quién se los pagaron y con qué finalidad? Aún cuando el exdirector de Corficolombiana, José Elías Melo, es el único en prisión, su cargo estaba bajo supervisión de los Sarmiento Angulo y su abogado, el exfiscal Néstor Humberto Martínez.
En diciembre de 2020 la Superindustria impuso una sanción de 295 mil millones de pesos contra Corficolombiana, Episol y 5 directivos, y aunque los Sarmiento y su conglomerado financiero también estaban investigados, se salvaron ya que el entonces Superintendente del Gobierno Duque, Andrés Barreto, archivó la investigación. Mismo Barreto que Duque postuló para ser fiscal de la Corte Penal Internacional.
Eso no es todo, el 27 de julio pasado el Consejo de Estado tumbó una sanción que el Tribunal de Arbitramento de Cundinamarca le había impuesto a Odebrecht por 715 mil millones de pesos con el argumento de que este órgano no era competente, hecho que abrió la posibilidad para que la corrupta multinacional vuelva a contratar con el Estado colombiano. ¿Qué pasará ahora tras conocer las medidas de la justicia de EE. UU.?
¿L a justicia en Colombia, esta cooptada por poderosos empresarios y financistas, con la complicidad de políticos, burócratas y entes de vigilancia y control, y el apoyo de sus medios de comunicación?