Columnista:
Maria Cristina Barbosa Sabagh
La democracia es una institución que se alaba a sí misma por el valor de la igualdad y la libertad. En teoría, puede lograr ese objetivo mediante la participación de las personas en el Gobierno; una representación precisa de las minorías y la calidad fundamental de la «justicia para todos». Sin embargo, cuando se pone a prueba, ha provocado la criminalización inherente de las minorías, la distribución injusta de la riqueza, la representación inexacta de las minorías en el Gobierno, y podría continuar. Así entonces el valor se convierte en una ambigüedad. Esto, de ninguna manera es un llamado a eliminar y repeler la democracia. Se puede decir que es uno de los muchos llamados que ha recibido el Gobierno y, hasta cierto punto, sigue ignorando.
Desde un enfoque fundacional, la Constitución colombiana de 1991, un ordenamiento jurídico de tipo liberal que transmite leyes fundamentales que expresan supremacía por encima de cualquier otro organismo (Carbonell, 2004), se basa en una representación inexacta, que conduce a políticas injustas, y si se toma en cuenta el vínculo establecido por Francisco Rubio Llorente, el cual dicta que «no hay otra Constitución que la Constitución democrática», no se puede denominar como «democrática».
Cuando se formó la asamblea constituyente en 1991, el poder seguía en manos de la mayoría. Un claro ejemplo de ello fue el mal ejecutado intento de construir un país más democrático, con la consigna «Sin derechos de las mujeres, la democracia no funciona». Solo cuatro mujeres estuvieron presentes en la Asamblea Nacional Constituyente, se recibieron y revisaron propuestas de organizaciones líderes de mujeres y la Comisión Quinta; un grupo conformado por doce hombres y una mujer se encargaron de discutir los temas de derechos de las mujeres.
Si bien se avanzó, aún no es suficiente y puede reflejarse en la actual representación injusta de las mujeres en el Congreso. En Colombia, cuando se está reformando una Constitución, lo hace el Congreso vía acto legislativo. Aunque, si la reforma tiene en mente el interés de una minoría, tendría sentido que estén representados con precisión en el Congreso; no obstante, en algunos casos no lo están.
Por ejemplo, según una investigación de la Oficina de Género de Cooperación Internacional, ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en 2010, las mujeres representaban el 8,1 % en el Congreso y el 10,8 % en el Senado, lo que significa que la mayoría de votos e influencia es dominada por los hombres, lo que significaría una representación democrática desigual. Crea un conflicto entre la institución y el individuo (o el grupo) que podría ser enmendado a manos del liderazgo de la nación, pero permanece.
En la Constitución colombiana de 1991, la participación de la mujer en la alta administración pública colombiana está regulada por la Ley 581 de 2000, que establece que un mínimo del 30 por ciento de los cargos designados deben ser ocupados por mujeres en los tres poderes públicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
Las organizaciones de mujeres lucharon durante diez años, desde 1990 hasta el año 2000, por la aprobación de la mencionada ley, que es más conocida como la Ley de Cuotas; aunque, aún existe una clara representación desigual, ya que en algunas ramas no se está cumpliendo con la cuota (Martha Lucia Sánchez Segura, 2012).
Las constituciones y las democracias están vinculadas a un sentido de soberanía que aboga por las necesidades y los derechos de las personas. Se supone que el pueblo está representado en el gobierno, lo que significa que la autoridad de una nación soberana reside en el pueblo a través de los órganos que lo representan. Pese a ello, si no están representados con precisión, sus derechos no se cumplirán y no se apreciará el sentido de soberanía, porque no será democrático.
El conflicto entre los individuos que componen la población y el liderazgo institucional siempre estará presente, porque las leyes y constituciones tienden a un conflicto de intereses interno que es provocado por una baja representación de todos sus ciudadanos. La representación se halla presente, pero no es suficiente. Si tenemos un individuo que representa un punto de vista y un grupo de personas que tienen el punto de vista opuesto, la mayoría gana; incluso si ambos lados están presentes, son desiguales, lo que hace que la decisión sea injusta. Las constituciones y los gobiernos están al servicio de la población, por eso están en constante cambio y reforma, porque las poblaciones también evolucionan; cambian su perspectiva con el tiempo en medio del contexto histórico en el que se encuentran.
Imagen: cortesía de University of Calgary
