Columnista:
Jhonatan Alzate
A partir del 28 de abril, iniciaron en Colombia una serie de marchas pacíficas, producto del descontento social generado por las acciones e inacciones del Gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque, entre las cuales se resaltan: la reforma tributaria (que ya fue retirada por el Ejecutivo a raíz de dichas movilizaciones sociales), la falta de implementación de los acuerdos de paz, la ausencia de garantías para los líderes sociales quienes son asesinados en las regiones del país, los retrasos en las vacunaciones, el abuso policial, entre otras situaciones.
Y es precisamente, este último elemento mencionado, el abuso por parte de algunos miembros de la fuerza pública, el que ha generado mayor desconcierto y repudio en la sociedad colombiana, puesto que no tiene carta de presentación el hecho de que la encargada de velar por la protección de los ciudadanos, sea la que esté violentando a los manifestantes, vulnerando su derecho a la protesta social y por si fuera poco, llegando a cometer actos tan aberrantes como los de violencia sexual y homicidios.
Los videos que dan cuenta de dichos actos son escalofriantes: buses de transporte público, que a pesar de llevar usuarios en su interior, son gaseados por la Policía, manifestaciones pacíficas que se ven interrumpidas violentamente por agentes del Esmad, policías disparando tanto armas letales como no letales directamente a las personas y jóvenes tendidos sobre el asfalto con sangre en sus rostros ponen en evidencia el abuso efectuado por parte de algunos integrantes de la fuerza pública.
Las cifras, a su vez, son alarmantes, según datos brindados por la ONG Temblores, desde el 28 de abril al 10 de mayo de 2021, se han registrado: 418 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 313 víctimas de violencia física, 129 casos de disparos con armas de fuego, 1003 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 28 víctimas de agresión en sus ojos, 12 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública y 40 víctimas de violencia homicida presuntamente por parte de la policía, para una cifra total de 1956 casos de violencia policial, cifra que, lastimosamente, va en aumento y permite ver que el actuar de la fuerza pública frente a los manifestantes es totalmente cuestionable y reprochable.
Por su parte, el presidente Iván Duque pareciera estar desconectado de la realidad que viven los colombianos, olvidando, a su vez, que en el artículo 188 de la Constitución Política de Colombia se menciona:
«El Presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos».
Las medidas que han adoptado, como militarizar las ciudades, no parecieran instar al diálogo y al cese de la violencia, sino todo lo contrario. Se configura entonces primordial, que el presidente, como comandante supremo de las fuerzas armadas tome con prontitud las medidas necesarias para terminar de una vez por todas con los abusos cometidos por la fuerza pública y que de esta manera, se garantice a todos los colombianos que quieren alzar su voz en protesta, el derecho a la manifestación pacífica.
El llamado, como siempre, es a la sensatez, al respeto y a la empatía. En un Estado social de derecho no es posible que se presenten violaciones tan graves a los derechos humanos por parte de la fuerza pública; la protesta social está garantizada por la Constitución Política colombiana y esta se debe efectuar de manera pacífica, la violencia no puede seguir teniendo cabida en un país que está cansado de ver correr tanta sangre.
