Columnista:
Brayan Montoya
Todas y todos hemos puesto cara de ponqué en algún punto de esta pandemia, al ver videos de los delfines que regresan a las costas cartageneras o de los jabalíes que se pasean por las calles de Bogotá. Vemos memes y publicaciones con tono esperanzador diciendo que la Tierra necesitaba un respiro y la cuarentena se lo está dando. Que la crisis climática, como la inequidad, ha quedado al desnudo por la COVID-19.
Que China, uno de los grandes productores de gases de efecto invernadero, bajó sus emisiones en una cuarta parte. Que Perú disminuyó el dióxido de carbono en al menos 1.6 millones de toneladas, según su Ministerio de Ambiente; y que Italia vio renacer la vida marina en los canales de Venecia. Como estas, muchas noticias positivas y alentadoras que nos muestran una lucecita al final del túnel, que nos demuestra que la humanidad no está perdida y que no somos tan mezquinos.
Pues no. Me permito perratiar las ingenuas esperanzas, que teníamos al respecto (porque yo también las tenía), ya que desafortunadamente, la crisis climática es la tercera en una lista de dos preocupaciones globales: La emergencia sanitaria y la recesión económica.
Seguramente las condiciones actuales del ambiente no se mantendrán y, si ya se pasaban por el fajo los derechos de la Madre Tierra, lo que se viene no es una violación, sino una empalada cruel y seviciosa con el único fin de que los ricos sigan siendo obscenamente ricos.
Y no es que crea en teorías conspirativas sobre el virus como un invento creado por sectas que dominan el mundo para agarrarnos más corticos; pero no dudo de la capacidad de los poderosos de aprovechar un situación tan compleja como esta para virar el ordenamiento mundial en una dirección todavía más conveniente para las élites.
Los chinos ya están relajando la supervisión en temas ambientales para algunos sectores con el fin de estimular su economía. Mientras tanto, en Estados Unidos (el gran contaminante), las industrias vinculadas a los combustibles fósiles (una de las más contaminantes) ya están haciéndole ojitos al copetón de Trump, para que suspendan algunas reglamentaciones ambientales y le quiten rigor a otras. No es difícil imaginar que a Donald le está sonando el tambor teniendo en cuenta que ha sido un reacio negacionista del cambio climático.
Por eso, el 26 de marzo, La Agencia de Protección Ambiental o EPA (Referenciada por muchos de nosotros gracias a la película Los Simpson) emitió un memorando explicando que la pandemia era un obstáculo para el Programa de Garantía de Cumplimiento y Observación que venían desarrollando y, por tanto, las normas y controles para las industrias serían flexibilizados de manera indefinida. Zanjando debates todavía abiertos, como los plásticos de un solo uso, de la manera más chambona posible.
Mientras tanto en la Unión Europea (también gran contaminante) se mantiene una disputa entre quienes ven El Pacto Verde como una palanca para la recuperación de la pandemia, y quienes presionan para que se aplacen las metas suscritas para 2050, argumentado que hay que dejar de lado esta agenda para enfocarse en el virus y la recuperación económica. Un as bajo la manga que ya el planeta se había jugado durante la recesión económica de 2008 para evitar compromisos ambientales en un acuerdo previsto para firmarse en 2009, logrando posponerlo hasta 2015 y dando como resultado los flojos Acuerdos de París.
En este sentido a algunos la pandemia les queda al dedillo con el retraso de la Cumbre del Clima de Glasgow (COP 26), prevista para noviembre, porque este año los firmantes del Acuerdo de París tenían que pasar al frente para mostrar avances en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) que no son otra cosa que las medidas reales y concretas de cada Estado para reducir emisiones y adaptarse a la crisis climática (imagino que tendrían muy poquito que mostrar) y, como si el papayazo no fuera ya lo suficiente atractivo para los devoradores de la Pacha Mama, también se aplazó la Cumbre de Biodiversidad de las Naciones Unidas en la que se discutirían soluciones para la crisis climática a partir de alternativas dispuestas por la naturaleza.
Pero aclaremos una cosa: los Acuerdos de París tampoco son la panacea ni se acercan a la solución real del problema. Sé que sobre esta afirmación se podrían escribir varias columnas (les quedo debiendo por lo menos una), pero creo necesario decir, al menos, que son compromisos de por sí laxos y amañados que ofrecen soluciones falsas o a medias, en el mejor de los casos, a través de estrategias chimbas convertidas en negocio como los bancos de carbono. En todo caso, cualquier cosa es mejor que nada; aunque para convertirlos en un verdadero punto de partida para las luchas por los derechos de la naturaleza hace falta la participación de los movimientos sociales y las comunidades, además de verdadera voluntad política.
Volviendo a lo que nos convoca, Colombia tampoco se queda atrás en temas de flexibilización para las medidas ambientales (al fin de cuentas somos unos arrodillados al capitalismo). Aquí 25 empresarios mandaron una carta a Iván Duque pidiéndole simplificar los trámites de licencia ambiental y la consulta previa.
Aparentemente, les parece poca cosa que los estudios de impactos ambientales los hagan las propias empresas (una cosa absurda) y ahora están pidiendo más, argumentando que todos esos trámites lo único que hacen es frenar el desarrollo del país. Como que se les olvidó que, desde 2014 con el Decreto 2041, las licencias pasaron de demorar casi un año a 90 días hábiles, porque eso sí, si hay un logro grande de la administración Santos es la instalación de la matriz minero energética (gracias al acuerdo de paz), cuyas bases puso el presunto ‘Matarife’, presidente eterno de los colombianos, duélale a quien le duela.
Carlos Augusto Chacón, director del Instituto de Ciencia Política (centro que recogió las firmas para la carta) y defensor del desvalido empresariado, le dijo a Semana TV que la carta del 3 de abril era un borrador filtrado a la prensa, que la buena buena, se mandó el 5 de abril con una serie de propuestas de académicos, economistas, politólogos, empresarios, comerciantes y representantes de gremios (las comunidades brillan por su ausencia) pero que jamás irían en contra de la Constitución y que, palabras más palabras menos, las críticas son una tergiversación de lo que ellos sugieren: “Se trata de desarrollar capacidades institucionales y de simplificar trámites […] que haya normas mucho más claras que den seguridad jurídica […] es importantísimo tomar decisiones que protejan el modelo de desarrollo económico con criterios de sostenibilidad”, (como si el modelo funcionara para la clase popular). Porque, según él, la demora que no deja a la gente de bien sacar los recursos, permite que esa riqueza quede en manos de ilegales.
Obviamente las oposiciones no se hicieron esperar. Abogados, ambientalistas, rectores de universidades, activistas, comunidades, movimientos sociales y demás, salieron a la defensa de los territorios señalando que los empresarios pretenden aprovechar la crisis para debilitar (todavía más) la institucionalidad en estas materias y enarbolaron el artículo 79 de la Constitución que reza así: “todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines […]”.
Curiosamente, para el 6 de mayo (un mes después de enviada la supuesta carta definitiva) el dizque presidente lanzó el Decreto 637, mediante el cual se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el país. Un parte de tranquilidad para algunos incautos; pero no hay que dejarse engañar. Ese decreto es como Ecopetrol, suena ecológico, se ve ecológico (con su iguanita), aunque de ecológico no tiene nada (por si no lo sabían Ecopetrol significa Empresa Colombiana de Petróleos).
En ese mismo decreto, hay un párrafo que podría suponer algunos detalles de fina coquetería entre el Gobierno y los firmantes de la famosa carta: “[…] hacer más eficientes y sostenibles los mecanismos, costos y tarifas asociados a la prestación de los servicios públicos y a las actividades del sector minero – energético, así como establecer mecanismos de priorización, reducción, reestructuración y racionalización en trámites, procedimientos y procesos que permitan mitigar los impactos de la emergencia en relación con los servicios y proyectos asociados a dicho sector”. Las casualidades de la vida.
Pero aún quedan esperanzas con el acuerdo de Escazú, un convenio internacional para proteger los líderes y lideresas ambientalistas y de derechos humanos, que se firmaría en diciembre en New York. ‘Ivancho’ empeñó la palabra hace unos días, pero el hombre que dijo que no haría fracking, nos da razones para dudar (y eso, haciéndonos los de la vista gorda con el hecho de que es un títere). Esperemos que no lo haya hecho únicamente para calmar los ánimos caldeados por la carta y que amplíe la base de participación ciudadana en temas ambientales como se lo exigen las comunidades.
No les voy a mentir, el panorama pinta mal. Los países “desarrollados” han acabado con medio mundo y todos pagamos los platos rotos, pero todavía podemos hacer abono de este mierdero. Cambiar el fallido modelo de desarrollo para que la agenda verde del país, no sea verde por los dólares, sino por la naturaleza, y para que lo renovable sean nuestros bienes comunes, y no los billetes en los bolsillos de unos pocos.
