Andrés Felipe Arias, ¿un asunto de Estado?

Resulta vergonzoso que el embajador de Colombia en los Estados Unidos, Francisco Santos, escriba una misiva a la División criminal del Departamento de Estado, abogando por la libertad del prófugo de la justicia colombiana, Andrés Felipe Arias Leyva.

Y es vergonzante porque el embajador buscó interceder por un exministro que desconoció el fallo condenatorio que en su contra profirió la Corte Suprema de Justicia por los delitos cometidos en el manejo de millonarios recursos de la política Agro Ingreso Seguro (AIS). Es decir, el gobierno de Colombia pide a las autoridades americanas que se ponga en libertad, así sea provisional y bajo fianza, a un ciudadano que se burló de la justicia nacional. Vaya qué paradoja.

La epístola de Francisco Santos, en nombre del Gobierno de Iván Duque Márquez, no solo deslegitima a la Corte Suprema de Justicia, sino que debilita la institucionalidad judicial, al tiempo que manda un negativo mensaje a la sociedad colombiana y a las propias autoridades americanas: violar la ley en Colombia, resulta positivo.

En particular, se defiende y se premia la comisión de  los delitos como los de contratar sin cumplir los requisitos de ley y el peculado por apropiación, tal y como se lee de la sentencia SP9225-2014 Radicación n° 37462 (Aprobado Acta No. 226).

Así las cosas, Francisco Santos, invalida la sentencia de una alta Corte que encontró que Arias, como ministro de Agricultura, dio un manejo doloso a millonarios recursos económicos, que terminaron en los bolsillos de ciudadanos adinerados que habrían votado a favor de la reelección de Uribe Vélez y empresas que aportaron económicamente a la campaña reeleccionista.

Con la acción política del embajador, y con la anuencia del Presidente de la República, pareciera que se buscara elevar a un asunto de Estado el caso Arias. Si esa es la intención, estaríamos ante un craso error jurídico y político y la confirmación de que el ethos que guía al actual gobierno de Colombia es el mismo que guió al ex ministro Arias a tomar decisiones en el manejo de los recursos de Agro Ingreso Seguro. Esto es, un ethos mafioso, doloso, sucio, escabroso, fraudulento y tramposo.

Se esperaría una reacción por parte de la institucionalidad judicial colombiana ante la carta que envió el embajador de Colombia en Washington. Está el país ante una acción de gobierno que desconoce la separación de poderes y mancilla la autonomía y la autoridad moral y ética de los magistrados que finalmente condenaron al exministro Arias a 17 años de prisión.

De igual manera, con la misiva de ‘Pacho’ Santos, se desechan los fallos que sobre el mismo procesado emitieron la Procuraduría General de la Nación, con Ordóñez Maldonado como Procurador, y la Contraloría General de la República, bajo la dirección de Sandra Morelli. Huelga recordar que el Ministerio Público le impuso una sanción de 15 años para ejercer cargos públicos y el ente de control fiscal, una sanción por más de 10.000 millones de pesos a Arias.

Resulta de extrema gravedad para el equilibrio de poderes y la consolidación de la institucionalidad estatal, que un Gobierno desconozca un fallo judicial, por defender a un ex funcionario del gobierno de Uribe Vélez (2002-2010). Y peor aún, que ese mismo gobierno quiera elevar al estatus de asunto de Estado, el caso de un ciudadano que violó la ley y que se fugó de la justicia. Por eso me pregunto: ¿Es el caso Arias, un asunto de Estado?