Citando al profesor Víctor de CorreaLugo, «el problema no es quién pone las bombas sino a quién benefician».
Los resultados de las investigaciones sobre el atentado a la Escuela de la Policía General Santander, arrojadas por la Fiscalía General de la Nación dejan muchas más dudas que certezas, máxime, proviniendo esas declaraciones de un fiscal absolutamente deslegitimado y desposeído de la dignidad y decencia que se requiere para ocupar ese alto cargo del ente investigador.
En primera instancia, a propósito de las palabras del profesor, ¿Quien o quiénes son los más beneficiados por el atentado?
Por supuesto que la guerrilla del ELN es un muy buen candidato para ocupar el escaño de los acusados, dado su historial terrorista y de atentados de esta misma índole. No obstante, queda la duda latente acerca de la autoria de este grupo insurgente, por cuanto aún existe una lejana esperanza de sentarse a dialogar con el gobierno en La Habana. Es de entenderse que al perpetrar un acto demencial como este, el gobierno lo entendería como un acto de guerra y retiraría toda opción de salida negociada.
De ser cierta la versión oficial de la autoría del ELN, estaríamos ante la demostración irrestricta por parte del grupo guerrillero de no querer sentarse a negociar, lo cual por supuesto lleva al levantamiento de la suspensión de las órdenes de captura expedidas en contra de los comandantes de dicho grupo.
Francamente podríamos pensar que esta versión puede tener tanto de largo como de ancho. Es absolutamente cierto que el grupo guerrillero no se ha caracterizado por sus demostraciones prácticas de querer llegar a una salida negociada, pero de ahí a creer que sea tan suicida como para patear la mesa de negociación de esta manera tan infame hay un camino muy largo y espinoso.
La guerrilla sabe muy bien que a pesar de negociar con el peor interlocutor que podría tener, en este caso un gobierno presidido por el señor del Uberrimo, ha de tener muy en claro que esta es la última oportunidad que la sociedad civil estaría dispuesta a otorgarle a esta guerrilla de tener las mismas concesiones dadas a las FARC.
Dicho esto podría pensarse que la versión oficial de la fiscalía podría no tener del todo un asidero tan claro.
El tema es mucho más complejo que echarle la culpa al primer sospechoso y darlo por sentado sin las suficientes pruebas de fondo.
Por otro lado, echando mano de experiencias anteriores, la extrema derecha podría ser un muy buen candidato a salir beneficiado por este acto terrorista.
Veámoslo con todas las luces posibles: Con este atentado el gobierno puede sin mayores explicaciones ni despliegues retóricos darle una patada a la mesa de negociación sin quedar como el malo del paseo. Simple. La carga de la prueba apunta a que la guerrilla fue quien no quiso dar demostraciones de paz y en consecuencia el gobierno se ve obligado a defender la institucionalidad y la soberanía colombiana a través de la fuerza. Servido en bandeja de plata.
También el atentado sirve de cortina de humo para esconder, o por lo menos distraer la atención del caso del fiscal Néstor Humberto, quien haciendo gala de su cinismo y desfachatez sale ante los medios con su dialéctica rebuscada, anunciando golpes en contra de la corrupción y el terrorismo, aún a sabiendas de tener un muy prominente rabo de paja.
Con ello logra ganar tiempo y olvido acerca de sus propias culpas, lo cual lo favorece enormemente.
No deja de ser muy curioso, por ejemplo, la rapidez y eficacia con que el ente investigador logró dar con los culpables del atentado a la escuela General Santander. No está mal que sea tan eficiente y diligente ante un caso tan grave y delicado, pero sí confirma que para la fiscalía existen muertos de primera y otros de segunda clase, ya que en los últimos tres años han sido asesinados más de quinientos líderes sociales y el ente investigador no ha podido determinar los quien o quiénes los están aniquilando. Ni siquiera ha sido capaz de reconocer la sistematicidad en estos crímenes para entenderlos como un genocidio muy parecido al de la Unión Patriótica.
Total negligencia por parte de este fiscal que sólo investiga con celeridad lo que le conviene.
Evidentemente en este país hay que ser un «suicidado» con cianuro con información valiosa para que la Fiscalía pueda adelantar con éxito las investigaciones en tiempo récord.
Otro gran beneficiado es el Uribismo, quien ya de inmediato demostró su beneplácito al retornar el país a su antiguo estado de pánico y zozobra, con los trinos desafortunados por parte de sus jefes.
Seguramente habrán de estar frotándose las manos de saber realizado el cometido que con engaños y mentiras han forjado desde los tiempos del plebiscito del 2 de octubre de 2016.
Para terminar, es curioso que ya pasados veinte años de la muerte de Garzón no hemos podido saber absolutamente toda la verdad sobre su asesinato, y pasados más de treinta años de la toma del Palacio de Justicia aún no se haya esclarecido del todo lo que pasó aquella fatídica noche de noviembre del 85, pero en 24 escasas horas nuestra intrépida y eficiente Fiscalía ya logró determinar hasta cuántos galones de gasolina tenía el tanque del carro bomba que cegó de manera miserable la vida de 21 personas inocentes.
¿Quien o quiénes serán los verdaderos beneficiados por este atentado? Usted, amigo lector, saque sus propias conclusiones.
Fotografía cortesía de Telemedellín.
