Columnista:
Camilo Chara
La función principal de los Concejos Municipales, como lo dicta el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, es clara: realizar control político a las acciones de la administración municipal. Pero lamentablemente en nuestro país eso pasa a un segundo plano. Más aún cuando los concejales, en su mayoría, hacen parte de una coalición de Gobierno y se convierten más en aduladores que en veedores, como debería ser.
El Concejo de Cali no es la excepción. La mayoría de concejales se convirtieron en el comité de aplausos del alcalde Jorge Iván Ospina y han dejado en un segundo plano los debates de control político, que son lo verdaderamente importante. Recordemos cómo hace algunos días el concejal Juan Martín Bravo, del Partido Conservador, propuso realizar un debate de control a dos importantes secretarías del municipio en temas trascendentales y de actualidad, pero de forma inconcebible, las mayorías se opusieron y le negaron esa valiosa oportunidad: solo cuatro concejales votaron a favor. Sí, los mismos cuatro que desde un inicio han estado firmes con su trabajo por Cali: Juan Martín Bravo, la concejala Diana Rojas del Partido Liberal, el concejal Roberto Ortiz (el único que se declaró en oposición de Ospina) y el concejal Fernando Tamayo. ‘Los cuatro mosqueteros’, como los he denominado.
Lo curioso es que, los concejales que votaron NO a realizar dicho control político, sí han estado a favor de evaluar y apoyar otros asuntos a los que les dan mayor importancia, pero que en comparación con la revisión propuesta resultan verdaderamente irrelevantes. Tal es el caso de bautizar un puente en el sur de Cali con el nombre de Clementina Vélez, quien se atornilló durante décadas en el Concejo de la ciudad y fue sinónimo de burocracia y demás prácticas politiqueras.
¡Cómo olvidar que hasta hace un par de años, cuando la señora Vélez aún vivía, se escuchaba decir que para que ella siquiera le recibiera a alguien una hoja de vida, debía demostrar que le aportaría como mínimo cincuenta votos! En fin, una total vergüenza en cuanto a prácticas y una total vergüenza estar considerando nombrar en su “honor” un puente. Muy bien lo dejó clara la Sentencia SPO-006 del 23 de enero de 2019 del Tribunal Administrativo de Antioquia, que invalidó el acuerdo 038 de 2018 del municipio de San Pedro de los Milagros, en el cual deja claro que los Concejos carecen de competencia para asignar nombre a sitios públicos; por ende, los concejales caleños estarían yendo en contravía de sus funciones.
Debates de este tipo no le aportan nada a nuestra ciudad, y las obras públicas no deben llevar el nombre de ningún político, como lo he dicho reiteradamente. Este honor debe ser para médicos, profesores, artistas, deportistas, líderes sociales y demás personalidades que hagan comunidad y nos hayan dado orgullo.
Pero este no ha sido el único tema ridículo que se ha debatido en dicha corporación. Hace unos días un concejal propuso retirar la estatua de Sebastián de Belalcázar, en consonancia con la última tendencia mundial. ¿En qué nos beneficia quitar un monumento? ¿Con eso la gente pobre del Oriente y la Ladera tendrá más oportunidades? ¿Con eso los habitantes del Valle de Lili se sentirán más seguros? ¿Con eso los casos de coronavirus disminuirán? ¿Con eso los miles de niños que se acuestan con una sola comida al día van a alimentarse? No. Por el contrario, esto más bien contribuiría al mal de la amnesia colectiva, de olvidarnos de nuestra historia.
Concejales, así no es. En el Concejo se deben debatir los temas que a los caleños nos interesan y que nos beneficien. Los caleños estamos preocupados por la pandemia, por la reactivación económica, por los miles que perdieron su empleo, por quienes tendrán que desertar de las universidades, por saber si las ayudas están llegando. Son decenas de asuntos que merecen toda la atención.
Fotografía: cortesía de El País Cali.
