Tras una semana de grandes movilizaciones de forma pacífica y democrática en el Departamento del Chocó y la ciudad de Buenaventura (Valle del Cauca), los grandes medios de comunicación apenas nombran por unos minutos las causas que han motivado los dos Paros Cívicos, para estos es más rentable seguir auspiciando titulares amarillistas sobre la situación de otros países que sobre el nuestro que reclama solidaridad con quienes se han atrevido a reclamar sus derechos como ciudadanos en una región olvidada. Demostrándonos que la unión es el camino para las grandes transformaciones que requiere Colombia, llenando de dignidad las calles de estos lugares. No obstante, el gobierno nacional mira con desdén estas justas reclamaciones y duplica el pie de fuerza pública en estos sitios de protesta.
No podemos olvidar que la abundante riqueza ambiental de la región del pacífico colombiano contrasta con la extrema pobreza de sus habitantes, además de la debilidad institucional del Estado para darle solución a las problemáticas sociales de esta zona. Las cifras son preocupantes y dan cuenta de la magnitud de la crisis.
Buenaventura, el principal puerto marítimo de Colombia tiene una tasa de desempleo del 62%, según datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) el empleo informal llega al 90.3% y el 9.1% vive en condiciones de miseria. Por su parte el Departamento del Chocó tiene una tasa de desempleo del 10.7%, con Quibdó como una de las ciudades con mayor desempleo a nivel nacional según el DANE, 17,9%, también tiene el mayor porcentaje de personas en situación de pobreza 62,8% y de pobreza extrema 37,1%.
Ahora bien estos datos reflejan las precarias condiciones en las que viven miles de colombianos ubicados en estas zonas. Sin embargo, la situación es aún más compleja cuando hablamos de educación, agua potable, sanidad y vías de comunicación. En Buenaventura ninguna vivienda tiene agua potable las 24 horas del día, el 71 % de la población recibe entre 4 y 8 horas el servicio día de por medio, sin olvidar que esta problemática se profundizó con la corrupción de la empresa Hidropacífico S.A ESP. En Quibdó, capital del Departamento del Chocó sólo el 25% de los habitantes tienen acceso al suministro de agua potable, paradójicamente siendo el segundo lugar del mundo en el que más llueve en el año.
Asimismo la crisis de la salud producto de la Ley 100 ha tocado profundamente esta región. El Chocó no tiene un hospital de tercer nivel y aún con la promesa del gobierno de la construcción de uno, no se ha avanzado nada; por el contrario, el hospital de segundo nivel se encuentra en liquidación y entre la creación del nuevo Hospital San Francisco de Asís, las dilaciones de las EPS y el problema de transporte, se mueren muchos pacientes en Quibdó. En Buenaventura hace tres años no hay hospital de segundo nivel, los malos manejos administrativos aceleraron su actual proceso de liquidación de acuerdo al decreto 1091 del 1 de noviembre del 2013. Los 400,000 habitantes deben recurrir a un hospital de nivel medio, centros de salud y una clínica.
La lista de dificultades es bastante gruesa y podríamos escribir varias columnas, pero el eje central es analizar la respuesta de Juan Manuel Santos a estos reclamos ciudadanos, aun sabiendo que muchos problemas vienen de gobiernos anteriores que como él han prometido mucho e incumplido todo, aprovechando épocas electorales y círculos regionales de corrupción. De esta forma Santos, como su ex Vicepresidente Vargas Lleras con las viviendas de interés social, han hecho una larga lista de juramentos que se quedaron en aire.
El 25 de Octubre de 2014 el presidente afirmó: “En ocho meses Buenaventura tendrá agua 24 horas al día. El 5 de diciembre inicia el proceso de contratación”, palabras pronunciadas en la clausura del evento ‘Buenaventura Próspera’. ¿Qué pasó 3 años más tarde? Buenaventura sigue sin servicio de acueducto, 3 horas cada 48 horas es prestado el servicio. Dejando claro que las obras del plan maestro de acueducto se con los recursos del préstamo que hizo el Gobierno con el BID.
Vale la pena preguntarse, ¿a dónde van a parar los $100.000 millones que anualmente el municipio recibe por movimiento de carga?, ¿Por qué esos dineros no son para obras de impacto?.
Al Chocó también le incumplió, tras un paro de diez días en agosto del año pasado, los delegados del Gobierno y del Comité Cívico habían llegado a un acuerdo en los 10 puntos del pliego de peticiones del Paro Cívico. Pactaron en temas como vías, salud, educación, saneamiento básico e interconexión eléctrica. ¿Qué pasó un año después?, Juan Manuel Santos no ha dado un solo peso de los 720.000 millones de pesos que se comprometió para financiar las carreteras Medellín-Quibdó (500.000 millones) y Quibdó-Pereira (220.000 millones de pesos), así como el financiamiento de los estudios del tramo que hace falta de la vía que conecta al mar y el mantenimiento de los tramos existentes.
Imagen cortesía de: Conferencia Episcopal de Colombia
Es tan justa su protesta que hasta la iglesia católica ha mostrado su respaldo, en comunicado de los obispos de la Arquidiócesis de Cali y de las diócesis de Buenaventura (Valle del Cauca), Tumaco (Nariño), Guapi (Cauca) y de Quibdó, e Istmina-Tadó (Chocó), resaltaron que «El Gobierno Nacional debe hacer su mejor esfuerzo para cumplir con acuerdos anteriores y responder a las legítimas aspiraciones de los ciudadanos que exigen derechos fundamentales».
Lo triste es que muchos siguen en la indiferencia, como si estas movilizaciones se dieran por capricho de unos pocos y no por el dolor e impotencia de colombianos, que sumidos en la pobreza y el desempleo salen a luchar por salir adelante y recuperar la esperanza para las generaciones en camino. Son hombres y mujeres que sin miedo alguno han decidido levantar su voz, con cánticos alegres y consignas que retratan el abandono estatal en el que están y que requieren que todos nos solidaricemos con ellos, porque también son COLOMBIA, son nuestros hermanos.
Paradójicamente, la semana pasada Santos se reunía con Trump para rendirle su servidumbre, dándole la espalda a su propio país que clamaba soluciones a la crisis. Pero no, el presidente cipayo solo enmudeció frente a la situación y posó con sonrisas hipócritas, develando su entrega de la soberanía nacional. La respuesta de este gobierno ha sido el envío del ESMAD y redoble de la fuerza pública a Buenaventura, una clara arremetida de represión para acallar lo que ya no es posible:
¡Que el pueblo no se rinde carajo!
