El Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2016 por 215.6 billones de pesos, luego de que el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, lo presentara al Congreso de la República. Cabe destacar que éste se distribuye en tres tajadas: funcionamiento estatal, inversión y el pago de la deuda.
El 2016 es un año particular para las finanzas estatales debido a la caída de los precios del petróleo, la devaluación del peso, y la posible culminación del proceso de paz que, al parecer, se dará en marzo del próximo año. Las cifras se están manejando con cautela y pesimismo: la economía pasa por un mal momento y el gobierno así lo sabe. Las estimaciones del crecimiento económico también se tuvieron en cuenta en la construcción de este presupuesto, las cuales se han alejado de las cifras entusiastas que había proyectado el gobierno nacional a principios del año.
Los 215.6 billones del presupuesto 2016 inicialmente se distribuyen en tres aspectos fundamentales:
Funcionamiento, Inversión y Servicio de deuda. La mayor parte de los recursos se adjudican a los gastos de Funcionamiento, es decir, 126.6 billones de pesos correspondientes al 58.6 % del total. A la Inversión le corresponden 40.7 billones que representan el 18.9 %. Y, finalmente, los recursos para el pago de la Deuda: 48.4 billones, es decir, el 22.5 % del presupuesto. Si sumamos Funcionamiento e Inversión la cifra asciende a 167.3 billones (77.5 % del total): 3.7 billones más que en 2015.
¿Por qué separamos los gastos de Funcionamiento e Inversión de los del servicio de Deuda? Porque básicamente los primeros son recursos que los colombianos vamos a recibir a través de la inversión estatal directa, o sea, lo que vamos a disfrutar del estado por ser ciudadanos. Lo demás, son obligaciones que se destinan para pagar la deuda externa e interna.
La Inversión redujo su tajada en 10.7 puntos porcentuales respecto al 2015, cuando constituía el 21.6 % del presupuesto, con el proyecto de este año quedó en 18.9 %. Tal reducción es controversial porque los ministerios y dependencias han luchado para aumentar –o al menos mantener- sus asignaciones a través de esa fuente, dado que si les reducen los recursos, varios programas sociales se verán afectados durante el año.
El siguiente gráfico muestra la asignación presupuestal para los diferentes sectores que lo conforman durante el 2016.
Cabe recordar que no se incluye la asignación presupuestada para el pago de la deuda. Los 167.2 billones (Funcionamiento e Inversión) se distribuyen de la siguiente forma:
Por segundo año consecutivo, la educación se lleva la mayor parte del Presupuesto. Esto ocurre debido a la preocupación del Gobierno Nacional por este tema desde el 2015, cuando la cartera sobrepasó el porcentaje asignado a defensa. Para este año, se espera seguir cumpliendo la política educativa que se han propuesto desde el ejecutivo, la cual consiste, según el Ministerio de Hacienda[1] en “…mejorar el perfil de los docentes, fortalecer el bilingüismo e incrementar el tiempo dedicado al estudio.”
Con los 31 billones de pesos, 1.7 billones más que 2014, se deben mantener políticas públicas de gran envergadura para el país como el programa de becas «Pilo Paga» y el Plan de Alimentación Escolar (PAE). El primero beneficia 10.000 estudiantes de Sisben 1 y 2 con una beca completa para estudios de educación superior. Y el segundo patrocina la alimentación de 4.2 millones de niños.
Por otro lado, la cartera debe mantener o incrementar los 556.878[2] créditos educativos proyectados para 2015 y velar por el buen funcionamiento de las 32 universidades públicas. Sobre el último tema, es importante recalcar que el monto asignado para su financiación en el último presupuesto ascendió a 3.2 billones de pesos. Sin embargo, universidades como el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y la Universidad Distrital se encontraron en déficit presupuestario debido a la falta de recursos y al desorden administrativo que las corroe.
Imagen cortesía de: entornointeligente.com
Un hecho preocupante: se estimó que durante 2015, 4.2 millones de niños se beneficiarían con el complemento alimentario del Plan de Alimentación Escolar (PAE), el Ministerio fijó menos de un billón de pesos para darle cumplimiento a este programa. Según Claudia Morales[3] el PAE está desfinanciado y desordenado, y lo más preocupante es que este hecho se le ha advertido al Gobierno Nacional desde el 2013: “Un ejemplo: el ICBF había definido que cada desayuno costaba $943 pesos y $1.282 cada almuerzo. Luego el Ministerio recalculó el costo y lo concertó en $1.370 por desayuno y $2.273 por almuerzo” No puedo imaginar el tipo de comida que le brindan a estas personas por menos de $2.500 pesos. Es preocupante y considero que tenemos que estar atentos a este programa.
Defensa costará a los colombianos 30 billones de pesos durante el 2016. Antes de escandalizarse por la cifra, sepa que la cartera emplea y remunera a 505.978 personas, entre Militares, Policía Nacional, civiles y Justicia Penal Militar. Los recursos se utilizan para tres políticas fundamentalmente: disminución de secuestros, homicidios y lucha contra grupos ilegales.
lEn el contexto del proceso de paz me surge una pregunta frente a estas cifras: ¿Qué hará el Gobierno Nacional con las personas bajo su cargo cuando ya no existan -al menos en teoría- los grupos guerrilleros? ¿Qué hacer con los efectivos de la fuerza pública que ya no se necesiten? ¿cómo van a reasignar los recursos de la Defensa Nacional para generar ocupación a quienes lo necesiten? Sin duda las cifras de desempleo incrementarán por esos días, a menos que exista un plan de contingencia para proteger este indicador, pero queramos o no, la Defensa emplea muchos colombianos que optaron por este modo de vida, y ellos también tienen derecho a conservar su trabajo.
Por otro lado y haciendo una comparación, el Gobierno Nacional en 2015 tenía a cargo 353.235 docentes y 505.978 empleados en defensa. Gran diferencia, mucho gasto militar. El personal en salud asciende solo a 52.100 empleados y 25.346 magistrados, jueces y funcionarios. Cifras desproporcionadas teniendo en cuenta que según un estudio de la Corporación Excelencia en la Justicia[4] mientras que en Colombia se estimaba la existencia de 11.3 jueces por cada 100.000 habitantes, en países con menor presupuesto como Costa Rica, la cantidad ascendía a 28.
¿Por qué disminuyó la Inversión para el 2016? Yo diría que obedeció a la preocupación del ejecutivo por la coyuntura nacional y mundial. En primer lugar, las nuevas estimaciones de crecimiento económico que son, más bien, pesimistas frente a lo previsto por el Gobierno en sus informes; y segundo, la caída en los precios del petróleo.
La “tijera” a los gastos de inversión es de 17 puntos porcentuales menos que el año anterior. Estoy de acuerdo con ese recorte siempre y cuando los ánimos estén encaminados al ahorro para mitigar posibles eventualidades, sin embargo, el gasto de funcionamiento del gobierno se incrementó. Los pagos a los pensionados y el gasto burocrático dejan mucho qué desear. Lo austero de la inversión se borra con el gasto excesivo del funcionamiento estatal. Ojala que al menos con este incremento se mejoren los servicios que presta -cosa que sinceramente dudo-, y se deje de malgastar millones en burocracia y mermelada.
En todo caso el presupuesto incrementó para este año, reduciendo recursos al tema de inversión y manteniendo el incremento a los gastos de funcionamiento y al pago de la deuda. Hoy en día, el país depende menos del petróleo y más de los impuestos, sin embargo, la cantidad continúa siendo significativa, de tal forma que los cambios abruptos en los precios de las materias primas tradicionales como el petróleo o el carbón, traen consigo fluctuaciones sustanciales en las finanzas del Estado.
Incrementar el presupuesto es visto como señal de «progreso», sin embargo, no se debe confundir con prosperidad. El hecho de crecer en términos numéricos significa un avance en temas económicos, pero la pregunta que surge es qué tanto estamos aprovechando esos recursos para desarrollar al país en temas de gran envergadura como la lucha contra la pobreza, el tema ambiental, la infraestructura y la calidad de vida.
Lo que más me preocupa es el entusiasmo desbordado del gobierno apoyándose en el hecho de incrementar números año tras año, sobre todo en este momento de la historia, cuando el mundo se encuentra atravesando grandes crisis que nos afectan de alguna u otra forma. Finalmente, el proceso de paz traerá serios cambios en las asignaciones presupuestales de los próximos años. La reparación a las víctimas requiere grandes recursos, quizás los necesarios para retribuir los años en los que el estado colombiano no cumplió con sus obligaciones constitucionales, y también, la posible reducción de la fuerza pública, tanto en recurso humano como financiamiento debido al gasto bélico que trae la guerra –al menos con las FARC-.
