Columnista:
Chrístofer Hidalgo
Más de 450 casos de «falsos positivos» estarían enterrados en el Cementerio Jardines del Eccehomo, en Valledupar. Sería otra fosa común de víctimas del Estado.
En Colombia hay una larga y trágica costumbre de juntar cuerpos no identificados que han perecido en el contexto del conflicto armado. En Medellín, los cuerpos de muchas víctimas del narcotráfico fueron aglomerados en las fosas del Cementerio Universal; en Bogotá, los muertos que dejó el Bogotazo, se apostaron en el Cementerio Central. Ver informe En ambos casos, aun siendo conflictos diferentes, la violencia determinó el final de las víctimas de la misma forma, amontonándolas en la tierra tiznada de sangre de múltiples muertos. Episodios como estos, son frecuentes en la geografía colombiana, algunas regiones tienen más de una fosa creada para muertos de distintos conflictos.
Contexto del hallazgo
En investigaciones anteriores ya se preveía la responsabilidad de los militares del batallón La Popa, en desapariciones forzadas de civiles y de vínculos con paramilitares. Inclusive, el Bloque Norte, regalaba sus muertos al batallón para que los presentaran como bajas guerrilleras; los propios paramilitares que perecían, servían para alimentar la estadística de cumplimiento de las cuotas del batallón.
Ese afán de resultados llevó a un aumento significativo de bajas, en donde la población civil fue la más golpeada. Uno de los casos documentados en el informe «El rol de los altos mandos en falsos positivos», llevado a cabo por la organización internacional Human Rights Watch y, por el cual el batallón La Pompa tuvo que ofrecer disculpas a las víctimas, ocurrió el 14 de mayo de 2005 cuando en una ofensiva criminal realizada por militares pertenecientes a esa entidad, asesinaron a Frank Enrique Martínez y a Claudino Manuel Olmedo Arlante, quienes fueron señalados de pertenecer a las FARC; Martínez tenía una condición de discapacidad mental y fue asesinado por el Ejército a los 17 años. En ese mismo informe, se hablan de 107 investigaciones que se adelantan sobre «falsos positivos» en un lapso de seis años (2002 – 2008).
A lo atroz del hecho en sí, se suman otros factores que hacen más precaria la existencia de la fosa en el Cementerio Jardines del Eccehomo. Allí se encuentran cuerpos de personas ajenas al conflicto, que han sido sacadas de las bóvedas en arriendo, según explica el párroco de la Catedral Eccehomo: “No todos los cadáveres que están en estos momentos en fosas comunes corresponden a N.N., sino a difuntos que han sido abandonados por sus familiares luego de un tiempo de haber finalizado el contrato de las bóvedas en arriendo en este lugar”1. De esa forma, la identificación de los restos de quienes han sido asesinados, mostrados como «falsos positivos», se hace más compleja. La desidia del Estado por reparar a las víctimas también hace más engorroso todo el proceso.
Responsabilidad de los militares
Según varios informes, 2 el auge de estas prácticas se dio en el Gobierno de Uribe y respondían a directrices, que si bien, no mencionaban de forma explícita la comisión de actos en contra de la población civil, sí guardaban una sospechosa pasividad cuando se conocían las muertes de inocentes ajenos al conflicto. En la Justicia Penal Militar, los casos relacionados con «falsos positivos» perecieron hasta concluir con total impunidad. La estigmatización en contra de la población civil justificó en cierta medida el actuar de los militares; considerando a las personas contrarías al Gobierno como enemigos.
La responsabilidad de los altos mandos del Ejército, según el «INFORME SOBRE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES COMETIDAS POR LA PRIMERA DIVISIÓN DEL EJÉRCITO EN EL CARIBE ENTRE LOS AÑOS 2003 – 2008», se puede intuir de acuerdo con los siguientes puntos:
1) La estigmatización de la población civil.
2) El accionar conjunto entre unidades tácticas y grupos paramilitares.
3) La instigación a la comisión o a la tolerancia de la práctica por medio de la presión por resultados.
4) Los estímulos económicos o de otra naturaleza para la presentación de resultados.
5) La falta de control sobre los subordinados.
6) La falta de medidas oportunas frente al conocimiento de la práctica de ejecuciones extrajudiciales.
7) La comisión de hechos por fuera de la jurisdicción territorial de las unidades militares.
8) La participación de unidades militares con características especiales.
9) La masividad de los eventos que constituyen la práctica.
10) El traslado de la práctica entre unidades militares con independencia de su jerarquía.
11) La alteración de documentos oficiales para dar soporte a las operaciones militares en las que se produjeron ejecuciones.
En la mayoría de ejecuciones extrajudiciales, hay al menos un factor, de los enunciados anteriormente, que influye en los crímenes. El informe «El rol de los altos mandos en falsos positivos» señala que, «Entre 2002 y 2008, más de 180 unidades tácticas adscritas a prácticamente la totalidad de las brigadas del Ejército, que operaban bajo cada una de las divisiones, presuntamente cometieron ejecuciones extrajudiciales en 27 de los 32 departamentos de Colombia, según datos de la Fiscalía», lo que lleva a pensar que la matanza fue sistemática; la política de la seguridad democrática, caudalosa en números de bajas, sirvió para incrementar también las víctimas del conflicto armado en Colombia.
Datos de las víctimas
En la comisión de delitos, los militares colombianos se han destacado por mantener una actitud indiscriminatoria sobre las víctimas; es decir, la víctima en muchos casos, pudo ser cualquiera que estuviera, en el momento y en el lugar equivocado. En los diversos informes relacionados con «falsos positivos», se han encontrado pocos patrones visibles que establezcan una relación entre las víctimas, que pueda definir la escogencia según una ideología o una causa política. Lo que sí es evidente, es que en la mayoría de casos, las víctimas han sido personas de bajos recursos, cuyo entorno, ajeno de influencias con el Estado, permitió la impunidad de la mayoría de casos que solo tomaron repercusión nacional, como conjunto, a raíz del asesinato de los jóvenes de Soacha.
Muchas de las víctimas que yacen en Jardines del Eccehomo, han sido identificadas por los medios de comunicación, antes que por las autoridades; solo en algunos casos, estas se adelanta a los medios, tergiversando la situación, presentándolas como guerrilleros o criminales; en general, como «buenos muertos». Los familiares de las víctimas, como Jaime Matute3 se ven atrapados por el poder de las instituciones: «Uno en medio del dolor trata de hacer las cosas, pero en ese momento todo era muy difícil. Era el concepto de uno contra una organización (el Ejército)”. Tomado de El Espectador.com.
Mientras en Chile, las víctimas de la dictadura de Pinochet reciben una pensión, en parte para resarcir económicamente a los afectados y para llevar a cabo un proceso de reparación, en Colombia muchos de los familiares de los «falsos positivos» aún prefieren mantenerse ajenos a los procesos judiciales por las repercusiones que puede traer declarar en contra de la cúpula militar. Las investigaciones que, se adelantan en contra de militares relacionados a estos hechos, se detienen cuando la jerarquía de los investigados empieza a subir. La responsabilidad de los «falsos positivos», hasta ahora solo ha sido dirigida hacia los miembros de rango medio y bajo del Ejército, dejando ver la burla a la que el Estado somete a todos los ciudadanos que claman justicia. El concepto de reparación a las víctimas del conflicto en Colombia, todavía se encuentra en el ostracismo. Este es el país en el que los antivalores de la clase dirigente se devoran los anhelos de justicia.
