Desde 2014, el gerente de la campaña de Santos en 2014, Roberto Prieto, admitió la entrada de dineros ilícitos a la campaña presidencial. Ayer, nueve años después de está declaración y durante el congreso del Congreso Empresarial de la Andi, en Cartagena; la Fiscalía anunció que sí hubo aportes a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos e incluso fueron montos superiores a los que recibió Óscar Iván Zuluaga.
La Fiscalía, en cabeza del fiscal Gabriel Jaimes, entregó datos sobre el avance de las investigaciones del caso Odebrecht, que parece haber revivido gracias a la multa impuesta por la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) y el Departamento de Justicia (DOJ) de ese país, al Grupo AVAL.
De acuerdo con la investigación del Grupo de Tareas Especiales de Odebrecht de la entidad, la empresa brasileña habría aportado 3540 millones de pesos a la campaña electoral de Juan Manuel Santos y, en el caso de Óscar Iván Zuluaga, la contribución ascendió a 3045 millones de pesos.
El fiscal Gabriel Jaimes ha detallado que el primer ingreso de fondos por parte de Odebrecht para la campaña de Santos se registró en el año 2010. El segundo depósito se efectuó durante las campañas electorales de ambos candidatos en la segunda vuelta de las elecciones de 2014.
El expresidente Santos, el 16 de agosto a través de su cuenta de Twitter, emitió una declaración en la que abordó las acusaciones de soborno: «Si alguna de las partes involucradas en el acuerdo entre Corficolombiana y las autoridades estadounidenses confirma la falsedad que está circulando sobre el supuesto soborno que recibí, me encargaré de demostrar que se trata de una calumnia infundada y sin base».
En su momento, la cercanía de Nestor Humberto Martínez al Grupo Aval sembró la duda frente a la actuación de la Fiscalía en la investigación del caso. Ya que, por ejemplo, en Colombia la única persona de Corficolombiana que respondió ante la justicia fue su expresidente José Elías Melo.
Solo hasta este momento, la Fiscalía ha llamado a imputación de cargos al expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, y a otros 32 exfuncionarios de la entidad por presunto interés indebido en la celebración de contratos en el caso Odebrecht.
La tesis de la Fiscalía es que estas personas permitieron beneficios indebidos al consorcio constructor de la Ruta del Sol Sector II a través de la firma de otrosíes (modificaciones) al contrato de concesión inicial, obtenido en 2010 (a través de una coima también) que beneficiaron al consorcio en contravía de los intereses de la nación.
Hace unos días, el presidente Gustavo Petro señaló que Néstor Humberto Martínez tuvo una «relación incestuosa» con el grupo Aval que comprometió a la Fiscalía General de la Nación y le atribuyó la impunidad de las investigaciones en el país.
