Los «Mafistrados» de la Corte

No ha sido un año fácil para las ramas del poder en Colombia. Todas permeadas hasta los tuétanos por la corrupción. Pero no solo las ramas del poder, la sociedad civil y los órganos de control también han sido partícipes de este flagelo. Un flagelo que, según cálculos de la Procuraduría General de la Nación, tiene un costo en Colombia que podría haber alcanzado los 40 billones de pesos en 2016, que equivalen al 4,6 % del PIB y que se miden apenas con el dinero de los sobornos. Lejos del estimado total si se tienen en cuenta otros factores que desangran el erario.

Mucho se ha abordado sobre los escándalos de Odebrecht, Reficar, y toda la podredumbre institucional que rodea las campañas políticas; sin embargo, lo que está sucediendo en la Corte Suprema de Justicia es algo aberrante. De acuerdo con la columnista de El Espectador, Cecilia Orozco, hace un lustro el ex magistrado Leonidas Bustos era una especie de todopoderoso de la Corte Suprema, hasta llegar a ocupar en 2015 la presidencia de dicha corporación a punta de presiones y más temor que respeto.

Se sabía quién era Bustos, así como se sabía quién era Musa Besaile, Alejandro Lyons y Bernardo “Ñoño” Elías, pero en Colombia nos hemos vuelto expertos en descubrir el agua tibia.

Se sabía quién era el ex magistrado Bustos desde el polémico relevo del cargo del ex magistrado Iván Velásquez, a raíz de una orden de Leonidas Bustos, quien fuera presidente de la Corte en ese momento. Velásquez era uno de los postulados a la magistratura de la Jurisdicción Especial de Paz, junto con Rodrigo Uprimmy y Francisco Barbosa, todos ellos quedaron fuera, siendo los juristas que más peso le daban a esta instancia. Quedará la incógnita de por qué personas tan importantes en este proceso quedaron por fuera.

Velásquez, por su parte, es además pieza clave en la investigación contra Bustos, puesto que en su momento tuvo que enfrentarse a amenazas y persecuciones por coordinador los procesos del fenómeno de la parapolítica. Un fenómeno que para muchos colombianos se creía extinto, pero que hoy tiene más de 60 herederos aún en el Congreso y que en la Corte Suprema sigue siendo un fantasma más vivo que nunca. El “brillante” investigador Velásquez se convirtió en una piedra en el zapato para el omnipotente Bustos, quien presuntamente ha actuado tras bambalinas como un protector de la impunidad y la injusticia.

Pero no solo fue Bustos quien le dañó el camino a Velásquez. Mario Uribe, ex congresista y primo del impoluto senador Álvaro Uribe, junto con su otro primo Santiago Uribe, complotaron contra Velásquez pagándole, presuntamente, a alias “Tasmania” para que calumniara al ex magistrado. Una jugada que le sirvió al exsenador Óscar Suárez Mira, prófugo hoy de la justicia y hermano de la actual senadora Olga Suárez Mira, quien también habría presuntamente ofrecido a alias “Bam-Bam” 100 millones de pesos para que se retractara de su testimonio contra él y enlodara a Velásquez. Estos y otros más delincuentes habrían hecho la misma jugada.

Velásquez no fue el único en darse cuenta del hedor a corrupción que surgía en la Corte. Al parecer, este secreto a voces era silenciado con presiones o pactos del silencio. Pactos que los abogados llaman “cláusula de confidencialidad”, como un mecanismo en el que funcionarios de la Corte que pueden saber de los bochornosos casos de corrupción deben quedarse callados.

Esto, porque de eso dependen sus trabajos, y porque así como está en curso la investigación sobre Yara Malo, hija del magistrado Gustavo Malo, por exigir un porcentaje del sueldo a funcionarios de la Fiscalía y Fonade, se ha convertido en el mejor mecanismo de silenciar la corrupción.

Pero Velásquez no fue el único ex magistrado víctima de las mafias de la Corte Suprema. El exmagistrado auxiliar, José Reyes Rodríguez, también ha salido recientemente a señalar lo que se conocía como “los magistrados del grupo”: un trío que según él está conformado por los ex magistrados Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte; y por el magistrado Gustavo Malo.

Reyes Rodríguez menciona que junto a los mejores investigadores “los magistrados del grupo” empezaron a asignar cuotas políticas en la Corte, sin experiencia y con salarios por encima de los 10 millones de pesos. Una serie de funcionarios que desconocían el talante de las investigaciones que se estaban llevando a cabo, pero que servían para torpedear los procesos.

Así las cosas, Reyes Rodríguez, al igual que Velásquez, se convirtió en la piedra en el zapato de “los magistrados del grupo”, con lo que Gustavo Malo, quien hoy se resiste a renunciar a la Corte, no dudó en sacarlo de la corporación.

Como si lo anterior no fuera suficiente, muy seguramente para que respondan por sus acciones y haya justicia en estos casos, el camino a recorrer está pavimentado de impunidad. El andamiaje institucional para conocer especialmente estos casos está diseñado a partir del principio que los magistrados de las altas cortes son aforados. Es decir, que los procesos en su contra no los lleva un juez ordinario, sino una instancia superior.

El órgano encargado de investigarlos y acusarlos es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Una comisión conformada por congresistas que, a su vez, son aforados, y que son investigados por la Corte Suprema de Justicia. En suma, se investigan a sí mismos ambos, y son estos quienes han frenado la posibilidad de crear un tribunal de aforados por fuera de la rama judicial y del Congreso que poco y nada han demostrado voluntad de auto reformarse.

Aunado a lo anterior, como la Comisión de Acusación, o de “Absolución” como popularmente se le conoce, no es un órgano judicial, sino político, conformado por congresistas que también pueden resultar investigados por la Corte Suprema de Justicia, la función de hacer investigaciones judiciales es muy limitada.

Ahora bien, luego de iniciar la investigación en la Cámara de Representantes, además de un proceso largo y tedioso, si a los congresistas investigadores se les da la gana, pasa a Senado. En Senado es el momento más importante. Si los senadores consideran que el proceso tiene méritos penales, se traslada a la Corte Suprema de Justicia para que se determine la responsabilidad de los magistrados en la Comisión de delitos; en este caso, los mismos magistrados que fungían como compañeros de sala y de trabajo.

Paralelamente el Senado puede adelantar un juicio político, pero este juicio no resuelve si se cometieron delitos ni manda a la cárcel al implicado. Es un mero saludo a la bandera. Lo único que pueden concluir es que la persona es indigna de ocupar su cargo.

Pero la pregunta fundamental es ¿Irán a la cárcel de ser declarados culpables? La respuesta es que depende, debido a que la libertad del acusado no es un tema de debate durante su tránsito en el Congreso. La solicitud de medida de aseguramiento solo se puede hacer si el caso llega a la Corte Suprema, después de pasar por el Senado.

La Corte puede pedirla preventivamente en tres casos: si la persona es un peligro para la sociedad, si se va a fugar o si puede alterar las pruebas del proceso. Si estas condiciones no se reúnen, la persona solo puede ser detenida si es condenada.

Como el delito por el cual los acusan es concusión, de ser declarados culpables la pena tiene privación de la libertad. Mientras tanto, los mafistrados siguen haciendo de las suyas, y sus procesos duermen el sueño de los justos.