Las mujeres mueven montañas en la Comuna 13 de Medellín

El 15 de julio fueron hallados nuevos restos humanos en La Escombrera, donde la JEP y la Unidad de Búsqueda creadas por el Acuerdo de Paz comenzaron a encontrar desaparecidos en diciembre del año pasado, sumando seis personas halladas a la fecha.

Del más reciente hallazgo las víctimas se enteraron por redes sociales, pues tras retomar la búsqueda —suspendida a inicios de año por falta de recursos— la Jurisdicción Especial para la Paz expulsó del camposanto a la Unidad y a las mujeres y representantes legales que han impulsado esta búsqueda por más de veinte años, generando recientemente el movimiento artístico y político Las Cuchas Tenían Razón. 

Esta crónica reconstruye puntos de vista de las mujeres buscadoras que, al igual que unas 30 mil familias en Antioquia, esperan noticias de sus seres queridos desaparecidos en el marco del conflicto armado, en especial durante los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, donde se reporta la mayoría de casos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en este departamento y el país.

I

La cita era a las diez de la mañana. Tras un leve retraso, el primero de tres grupos de periodistas autorizados para registrar “el milagro” del momento ingresó a La Escombrera para documentar lo que, hasta el 18 de diciembre del año pasado —cuando se hallaron los primeros restos óseos humanos en ese polémico terreno de propiedad de empresas “areneras” que lo usufructúan económicamente— parecía imposible. “Ahí no van a encontrar nada”, le había dicho el hoy nuevamente alcalde del distrito de Medellín, Federico Gutiérrez, a las mujeres buscadoras en 2016.

Con el hallazgo de dos cuerpos al cierre de 2024 y más restos humanos el 10 de enero pasado se confirmó, al fin, lo que las supuestas “locas” repetían hasta el cansancio y, en algunos casos, hasta la muerte (24 mujeres buscadoras de la Comuna 13 han fallecido desde que inició su búsqueda): que la llamada Escombrera de Medellín, donde durante años y pese al clamor de las víctimas se han arrojado más de 5 millones de toneladas de escombros, es una fosa común.

Una donde, desde el año 2001, los paramilitares ocultaron cuerpos de hombres y mujeres asesinados de forma violenta, según testimonios reunidos por el Banco de Datos de Derechos Humanos del Cinep, el Grupo de Memoria Histórica (GMH) y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) así como el Tribunal de Justicia y Paz y múltiples declaraciones de ex paramilitares ante la Fiscalía General de la Nación.

Nuevos hallazgos forenses en La Escombrera revelan ejecuciones con tiros de gracia y profundizan el conflicto entre la JEP y la UBPD

“Todas las víctimas presentan signos de violencia perimortem, es decir, como causa directa de muerte, y lesiones compatibles con proyectiles de arma de fuego, específicamente tiros de gracia”, especificó la JEP.

“Estos resultados se produjeron tras la reactivación de la intervención forense, iniciada el pasado 7 de enero, en el marco de la medida cautelar ordenada por la JEP para proteger La Escombrera, ante la presunción de que allí podrían encontrarse cuerpos de personas desaparecidas durante el conflicto armado”, informó la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) luego del nuevo hallazgo.

Hoy, sin embargo, dicha Unidad ya no hace parte activa de la búsqueda. “Desde que la UBPD fue expulsada de La Escombrera por la JEP y se nos prohibió el ingreso libre y voluntario, como representantes de la familia de Arles Edison Guzmán nos quedamos sin interlocutor. Del hallazgo de hoy nos estamos enterando por Twitter”, trinó el 15 de julio la abogada María Victoria Fallon.

“La montaña sigue hablando, no estábamos locas”, escribió Margarita Restrepo en el chat del Comité de Memoria de la Comuna 13, al conocerse los más recientes hallazgos en este extenso viacrucis liderado por mujeres populares de Medellín, abogadas, vecinas y activistas, que hoy comienzan a ver una luz en la polémica búsqueda que vuelve a poner al expresidente Álvaro Uribe en el centro del debate público.

“En La Escombrera fueron asesinados y desaparecidos habitantes de la Comuna 13”.

Así lo relata textualmente el comunicado 006, del 23 de enero de 2025, dicha Jurisdicción que explica que “esta verdad judicial está respaldada de manera inequívoca por la evidencia documentada por la JEP y los detalles del proceso forense. Cualquier intento de ponerla en duda o sugerir lo contrario es, además de infundado, una ofensa para las víctimas y, ante todo, socialmente inmoral”. 

Así mismo, la Jurisdicción señala que “las personas halladas en La Escombrera fueron víctimas de desaparición forzada entre 2002 y 2003”, años en incursionaron y operaron en ese territorio los bloques Cacique Nutibara y Metro de las Autodefensas, según informes del Cinep y otros centros independientes para la investigación y la defensa de los derechos humanos, así como entidades oficiales como el GMH de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, y el Tribunal de Justicia y Paz y Fiscalías de Medellín que desplegaron acciones a partir de la Ley 975 de 2005—. “Sus crímenes —señala la JEP respecto de los investigados en La Escombrera— hacen parte del universo provisional de hechos y conductas investigados en el Subcaso Antioquia del Caso 08”, el cual se dedica a los crímenes paraestatales.

Margara, Luz Elena, Adriana, María Auxilio, Alejandra, lloraron de alegría y de tristeza. Doña Ángela, en cambio, no pudo con la emoción. Falleció al día siguiente del primer hallazgo. ¡La verdad, al fin, estaba siendo desenterrada! “El descubrimiento de estructuras óseas en La Escombrera coincide con las denuncias presentadas por las organizaciones de víctimas de la Comuna 13 y de defensa de derechos humanos de Medellín que —durante dos décadas— han insistido en que este lugar fue escenario de desapariciones forzadas”, destacó la JEP.

Por eso, en medio de la medición de fuerzas con la alcaldía de Gutiérrez y concejales de su línea política que estaban empeñados en borrar murales con la frase “Nos están matando” dibujada durante el llamado estallido social de 2021, nació la frase y hoy campaña internacional “Las Cuchas Tenían Razón”. El mensaje fue pintado en gran formato en una avenida cercana a la Terminal de Transporte Norte de la capital antioqueña, y horas después fue borrado como el mural anterior. 

Vestigios entre la tierra: mujeres, memoria y hallazgos en La Escombrera reafirman años de lucha por la verdad en Medellín

Mientras los reporteros constatan en terreno por qué las señoras tenían razón, entre la tierra removida de esta montaña de desechos asoman la suela de un zapato negro y una bolsa del supermercado Consumo. En estas entrañas excavaron durante meses antropólogos e investigadores judiciales, hasta el 31 de marzo de 2025, gracias al incansable “cirirí” de un centenar de mujeres, sus abogadas, y el respaldo del Acuerdo de Paz.

Una botella de Coca-Cola, vasos plásticos, sillas, mesas, policías y periodistas se refugian del sol bajo una carpa instalada en la parte superior del área donde se hicieron los hallazgos. Allí, una capa de tierra coincide, según explicaron con detalle los antropólogos de la UBPD y la JEP, con los años 2001 a 2003.

La excursión de prensa se apresura: un nuevo grupo está por ingresar a tomar fotos desde un ángulo específico. “Y cero entrevistas, no nos pueden citar”, advierten los jefes de prensa de la Jurisdicción. Alegan que la rueda de prensa fue cancelada por solicitud de las mujeres, aunque —según confirmaron para este relato— ellas tenían todo preparado para salir una vez más a los medios y reiterar su mensaje de siempre: derecho a la búsqueda, derecho a la verdad, respeto por nuestro dolor, no más censura, memoria y verdad.

Agrupadas en el Movimiento Mujeres Caminando por la Vida, en otras formas organizativas o como ciudadanas individuales, estas mujeres buscan a sus seres queridos desaparecidos: hijos, hijas, esposos y familiares que la guerra se tragó desde el año 2000.

La zona donde hoy excavan fue, en su momento, una ladera empobrecida, habitada en su mayoría por personas desplazadas del Chocó y el Urabá antioqueño. Una población marginada y olvidada por el Estado. Entre los años 2001 y 2003, este territorio se convirtió en un campo de batalla entre insurgencias armadas y el Bloque Cacique Nutibara, un grupo paramilitar que operaba en este corredor estratégico de Medellín.

Años más tarde, allí mismo se construiría un megatúnel para conectar el Valle de Aburrá con el Mar de Urabá. También fue en esa zona donde se asentaron muchos de los desmovilizados tras el proceso de paz con los paramilitares.

Gracias a la Ley de Justicia y Paz, comenzaron a conocerse los primeros testimonios de excombatientes. Algunos confesaron que sí, que en La Escombrera llevaban jóvenes para asesinarlos y que allí mismo los enterraban.

El Gobierno Uribe y la Comuna 13

Fue en el 2002, con la llegada de Álvaro Uribe a la presidencia y el despliegue de su cuestionada política de “seguridad democrática”, cuando los pobladores de la Comuna 13 conocieron el Estado: La “mano firme” del gobierno Uribe se dio a conocer disparando desde helicópteros, con más de mil efectivos, cortando la energía eléctrica y la iluminación en las calles, en una zona densamente poblada donde los civiles llevaron la peor parte.

“A mí me tocó la Operación Orión, todos vivíamos debajo de la cama, no se podía salir, pero no nos imaginábamos que lo peor estaba por venir”, recuerda Luz Elena Galeano, de Mujeres Caminando, quien detalla cómo, en 2018, desapareció su esposo: Lo bajaron de un bus colectivo, lo trasladaron a otro carro y lo habrían llevado hacia La Escombrera.

“El Estado no nos escuchó sino hasta que se firmó el Acuerdo de Paz y se crearon la UBPD y la JEP, entonces nosotras, como víctimas, llevamos una propuesta a la Jurisdicción para que ellos solicitaran medidas para varios cementerios y lugares de inhumación del país, entre ellos La Escombrera. Nos decían que estábamos locas”, relata Luz Elena Galeano desde un sofá en la sala de su casa donde, dieciséis años después, aún se siente el vacío de Luis Javier y donde, cayendo la tarde, la lideresa reposa de los ires y venires a la montaña de escombros desde que se retomó la excavación por orden de la JEP, en 2024, y que pausaron el 1 de abril. 

Ese día cesaron las actividades de búsqueda, según argumentó la UBPD a las víctimas, primero, y luego a la opinión pública, por falta de presupuesto: se acabó el dinero con el cual la Unidad rentaba la maquinaria amarilla y otros recursos para la prospección. Días después, la Alcaldía de Medellín anunció que aportaría 2 mil millones —por orden de la JEP— pero a la fecha la búsqueda sigue detenida.

“Ha sido muy importante poder demostrarle al país que nosotras estábamos diciendo la verdad. Esto es una muestra de porqué las mujeres debemos ser escuchadas”, asegura la señora ya lejos de su barrio en la 13. Para ella quizá el clamor de un centenar de hombres hubiese sonado más fuerte en los oídos de múltiples instituciones donde fueron ignoradas, una y otra vez, y luego perseguidas, amenazadas y estigmatizadas como respuesta a sus reivindicaciones.

Con la cabeza en alto como cada vez que un alcalde o una institución las quiere desacreditar, las ignora y evade su responsabilidad de Estado, Luz Elena y sus compañeras agitaron las cacerolas el 21 de abril directamente en la montaña de escombros. Exigían a la JEP trabajo articulado con la Unidad de Búsqueda, y retomar la prospección cuanto antes. La primero ocurrió; la segundo se les negó. La UBPD ya no hace más parte de esta búsqueda y estos hallazgos, aunque el mandato mismo del Acuerdo de Paz lo diga y las víctimas así lo quieran.

II

Como Luz, Márgara y otras, muchas mujeres tuvieron que huir de la Comuna al ser declaradas objetivo militar.

“En la Comuna 13 las mujeres nos quedamos viudas, nos mataron a los hijos o los desaparecieron. Entonces, ¿qué nos tocó a las mujeres? Amarrarnos y ser mamá, ser papá, ser defensora, enterrar a los muertos, unas, y ponernos a buscar al desaparecido, las otras (…) Obviamente viene el dolor, viene la desesperación. Pero uno tiene que pararse y borrarse el pantano que le tiró la vida y seguir adelante y pensar en los otros seres que lo necesitan a uno: los hijos, los nietos. Una mujer sola no hace llover, pero muchas sí. Y a nosotras el mismo conflicto nos llevó a la necesidad de organizarnos y ser muchas. El dolor lo pone a uno a prueba. Pero, ¿qué más vamos a hacer? Ahí es donde uno se tiene que repartir. La mujer es como un pulpo. A mí me tocó ser madre cabeza de familia, defensora de mi territorio, buscadora de mi hija, defensora de mis hijos y defenderme yo: de las amenazas, de la Fuerza Pública. Es muy duro. ¿Pero sabe por qué lo hacemos? Porque podemos. Porque somos mujeres. Porque somos madres. Y así como defendemos nuestro propio hogar con uñas y dientes, alzamos la voz y protegemos”.

Cuando la Alcaldía tapó con pintura gris el mural con su rostro en Medellín, Margara revivió años de censura y silenciamiento y se convirtió en el ícono de Las Cuchas que tienen razón.

“Me lo tomé personal, me dio muy duro ver cómo algunos no quieren ni siquiera que se nombre lo que sufrimos, pero entendí que no se trata de mí, ni de lo que nos quieren quitar. Se trata de la solidaridad. De unirnos en la memoria, que es el escenario y argumento que nos queda a las víctimas”.

Semanas atrás, el magistrado de la JEP, Gustavo Salazar, había señalado: “El hallazgo de restos óseos en La Escombrera les devuelve la dignidad a las madres buscadoras”, sin esperar que la misma se viera amenazada una vez más por las acciones de censura de alcaldías, políticos y gente “de bien” que no toleran la conquista de las mujeres de la 13 y la verdad desenterrada: En la Comuna 13 se cometieron crímenes paraestatales que están siendo investigados en el Macro Caso 08 de la JEP – Subcaso Antioquia, que se enfoca en los crímenes cometidos por la Fuerza Pública en colaboración con paramilitares en el marco del conflicto armado.

“Esto —según detalla la JEP— debido a que ambos crímenes se inscriben en la temporalidad y territorialidad establecidas, en el marco de 34 operaciones desarrolladas por la Fuerza Pública en la Comuna 13 entre 2001 y 2004”.

Con cada hallazgo, las víctimas demuestran tener la razón.

Y, además de un logro para la búsqueda misma, que sumaba más de veinte años en un punto ciego, lo es para las mujeres. La abogada Adriana Arboleda, otra protagonista de todos los capítulos de esta larga historia de luchas y recientemente de triunfos, ha acompañado a las mujeres buscadoras como lo hizo la hermana Rosa desde el Convento de la Madre Laura en los años de Uribe, cuando susurrar daba temor, y en la casa de Dios encontraron refugios para compartir tragedias y comenzar a deshacer los pasos de sus hijos y maridos desaparecidos.

“El proceso en la Comuna 13 tiene rostro de mujer, en especial por las buscadoras. Las abuelas, las mamás, las hijas, las esposas, las hermanas, en general, son las que buscan. En la 13 esas mujeres se han vuelto defensoras de derechos humanos, que entienden la búsqueda como un derecho y que han comprendido además que se trata de un esfuerzo colectivo”, destaca Adriana, entre una charla y otra, una reunión y otra, una entrevista y otra —como el pulpo que describe Margarita—, donde recuerda a los responsables de los operativos militares en la Comuna 13 y las alianzas con paramilitares que llevaron al pico de desaparición forzada documentado por la Comisión de la Verdad, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), el Grupo de Memoria Histórica (GMH), la Fiscalía General de la Nación y más recientemente por la UBPD y la JEP: Leonardo Gallego, excomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá; Mario Montoya, excomandante de la IV Brigada del Ejército; Luis Pérez, exalcalde de Medellín; Marta Lucía Ramírez, exministra de Defensa; y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder político del hoy alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuya Alcaldía y Museo Casa de la Memoria ordenaron borrar, una vez más, un mural de Las Cuchas, a mediados de febrero. 

“Lo que hace el Museo es aberrante”, opina Adriana.

“Ni museo, ni casa, ni memoria”, cantan ahora las víctimas y músicos que acompañan a ritmo de cumbia las jornadas de pintura que no cesan —semana a semana— desde enero. En cada sesión, una o varias mujeres buscadoras se hacen presentes. Amparo Mejía, María Elena Toro y Dora Lina Carvajal, de la Corporación Madres de la Candelaria Línea Fundadora, y otras buscadoras, se han unido a estos cantos y obras. En sus cuellos, como las señoras de la 13, de Soacha y de tantos rincones de Antioquia, cuelgan las fotos de maridos, hijos, hermanas, madres y familiares.

En Antioquia, donde ocurrió la mayoría de las victimizaciones por el conflicto armado (2.2 millones de casos de los 9 millones inscritos en el Registro Único de Víctimas —RUV— a nivel nacional), también se ostenta el primer trágico lugar en desaparición forzada: 24 mil casos registrados, aproximadamente. En Medellín, serían unos 24 mil, y en la Comuna 13, alrededor de 500. El 70 % de éstos últimos, de acuerdo con informes de la Corporación Jurídica Libertad que preside Adriana Arboleda, ocurrieron entre 2002 y 2003.

Según el Registro que lleva la Unidad para las Víctimas, en Medellín se tiene cuenta de unas 720 mil víctimas del conflicto armado, del cual el 49,2 % son mujeres. Como lo señala la Procuraduría en el informe entregado a la Unidad, en la Comuna 13 “el conflicto armado afectó a la mujer con la viudez y la responsabilidad única del hogar (…) Las mujeres fueron víctimas del fuerte control social que indicaba normas y parámetros de conductas para las habitantes del territorio o su instrumentalización como botín de guerra”. Dicha victimización, explica la Procuraduría, empoderó a las mujeres en el territorio para protegerse y buscar la verdad.

En la opinión de Arboleda, “a lo largo de los años hemos ido entendiendo que la vida va más allá de la victimización, y que ellas se entienden como sujetas políticas, y han ido ganando mucho en reconocimiento, en autoestima, y en entender la importancia de hablar de las violencias que han sufrido de muchas maneras. Todo eso las ha llevado a ser mujeres muy persistentes».

III

A las tres de la tarde, el último grupo de prensa autorizado para ingresar y registrar la renombrada Escombrera se acerca a las coordenadas del punto estratégico para la prospección actual. En 2016, durante la alcaldía de Aníbal Gaviria, y por orden del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín —que recibía testimonios de exparamilitares sometidos— la Fiscalía acordonó y buscó en el polígono 1. Solo encontraron huesos de animales y empaques de alimentos que databan de los años noventa y dos mil, confirmando lo que algunos investigadores del CTI y las mismas víctimas sospechaban: que este botadero de basuras y escombros había sido removido y sus tierras estaban mezcladas, lo que alejaba aún más la posibilidad de hallazgos. Pero nada detuvo entonces ni ahora a las mujeres.

En enero, los periodistas se pasean en excursiones autorizadas por media hora donde, a diferencia de la excavación anterior, no hay un contenedor para los dibujos u objetos personales de las víctimas. En julio, ni periodistas, ni víctimas, ni Unidad de Búsqueda.

“La búsqueda judicial no tiene por qué excluir la búsqueda humanitaria”.

Así lo afirma la abogada Fallon, quien, junto al Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH) y mujeres víctimas como Socorro Mosquera y Mery Naranjo, logró que el Estado colombiano fuera condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2017 por las violaciones a los derechos humanos de un grupo de lideresas y de la sociedad civil antes, durante y después de la Operación Orión.

Hoy los rostros de las cuchas están plasmados en los muros de Apartadó, Villavicencio, Montería, Barcelona, Berlín, Catatumbo, decenas de ciudades y hasta Envigado, en cuya temida “Oficina” nació alias Don Berna (Diego Murillo), jefe paramilitar y fundador del Bloque Cacique Nutibara. Tras ser extraditado a Estados Unidos, el temido Berna confesó que Orión y la incursión militar en la Comuna 13, así como la práctica de la desaparición forzada allí, ocurrieron en connivencia con la Fuerza Pública y su estructura ilegal. Paradójicamente, en ese municipio del sur del Valle de Aburrá se despliega hoy el mural más grande sobre La Escombrera, donde —a lo largo de 120 metros— se lee: “Las cuchas tienen razón”.

Para Yulieth Cortés, psicóloga y magíster en Psicología Comunitaria, en la Comuna 13 las mujeres han encontrado en la incidencia política un camino para el duelo. Su consultorio nació en el barrio Las Independencias, de la mano de Socorro Mosquera, justamente como respuesta a la necesidad de atención en salud mental de las madres, hijas y esposas buscadoras. Ahora, desde su oficina colorida en la centralidad de la comuna, el barrio San Javier, Yulieth —o “Yula”— dice con el pecho hinchado de orgullo:

“Soy lo que ellas me han entregado”.

El arte ha sido una forma de sanación utilizada en las terapias por Yulieth, tal cual lo vivió durante su infancia y adolescencia cuando su amiga Alexandra, de once años, fue asesinada por una “bala perdida” el 17 de octubre de 2002, durante Orión.

“Entra el helicóptero. Caen petardos. Caen las balas. ¡Todo! Y Alexandra muere. Cuando sé que es ella, es muy complejo para mí. Pero más triste fue cuando los medios de comunicación titulaban: ‘No más flores para Alexandra, la vendedora de rosas de la Comuna 13’”, relata Yula, anotando que, para ella y para las demás mujeres, el duelo de sus pérdidas en este conflicto urbano no ha cesado: es circular y es diverso.

Para Yula, la receta de las mujeres de la Comuna 13 que hoy hacen historia en la lucha contra la desaparición forzada y por el derecho a la búsqueda en Colombia está compuesta de astucia, valor, transparencia, sabiduría, admiración y apoyo entre ellas, cuidado, muchísima dignidad y una voz propia. Además, de una enorme creencia en sí mismas, su búsqueda y en Dios, con una fe tan inmensa que, literalmente, está moviendo montañas.