No hay que perder de perspectiva el objetivo general del plebiscito. Así como lo ha venido promocionando la “oposición”, seguido de la coalición de partidos y algunos medios, se puede interpretar que el asunto de la paz es una lucha de fuerzas entre Santos y Uribe.
Pues no. El asunto no debería ser ni por el uno ni por el otro, ni muchos menos por Timochenko. Aquí de lo que se trata es que si nos quedamos en el pasado, repitiendo una guerra de más de 50 años y no pasamos esa vieja página arrugada y manchada de sangre, tampoco podremos enrutar al país hacia un verdadero desarrollo.
Poner el plebiscito en la balanza de los intereses particulares de los partidos no deja de ser un acto de profundo egoísmo. Que la guerrilla ha cometido crímenes horrendos, como lo manifiestan los que se oponen a que esta ocupe unos escaños en el Congreso, lo sabe el país. Que la gran mayoría de los funcionarios que acompañaron al expresidente Uribe en sus largos años de gobierno están presos, investigados o en fuga para evadir a la justicia, lo ha registrado hasta la saciedad la prensa internacional.
La no participación de los miembros de las Farc en política, como lo quieren algunos “opositores”, no va a solucionar los problemas por los que atraviesa Colombia. No va acabar con los miles de casos de corrupción que estallan a diario por el robo sistemático del presupuesto y las cientos de contrataciones irregulares de alcaldías y gobernaciones.
El atraso por el que atraviesan extensas regiones del país [solo echemos una mirada a la Región Pacífica y a la costa norte colombiana] no ha tenido nada que ver con la guerrilla, pero si con el abandono y la poca inversión social que han hecho en las últimas décadas los distintos gobiernos que han ocupado la Casa de Nariño. Que casi 3.000.000 de colombianos no tengan hoy un empleo, según el último informe del DANE, y que 1.200.000 niños en etapa escolar estén trabajando como adultos para ayudar a sus padres a sobrevivir el día a día, no es culpa de los grupos subversivos, pero sí de la escasa implementación de políticas serias que permitan sacar de la pobreza a millones de colombianos que viven del popular ‘rebusque’.
Según el sitio web del Ministerio Defensa, el presupuesto para las Fuerzas Militares en 2015 fue de 28.3 billones de pesos, algo así como 13.500 millones de dólares, o lo equivalente al 13.1 del presupuesto total vigente del año en mención. Es decir, una desproporcional inversión que se utilizó en la fabricación de fusiles, toneladas de bombas, millones y millones de cartuchos para armas, repuestos para aviones y otros aparatos de guerra, así como para pagar el salario de más 1.100. 000 funcionarios entre militares y civiles.
En el rubro educacional, la inversión para ese mismo año fue de 32.6 billones de pesos, un poco más de 14.718 millones de dólares, lo que a ojo de algunos especialistas en la materia representó un gran avance, pues por primera vez el presupuesto en esta área superó el de defensa. No obstante de este paso significativo, la educación en Colombia sigue siendo un lastre que se ve reflejado en el poco desarrollo del país.
Imagen cortesía de: bettoespectador.blogspot.com
Que más de un millón de niños en edad escolar no asistan a la escuela porque tienen que trabajar para ayudar a la economía de la casa es solo la punta de un gigantesco iceberg que nos dice que muchas cosas no están funcionando bien y que algunas manos están haciendo negocios con los recursos destinados a la educación.
El caso de ‘Ser pilo paga’, un programa que se inventó la ministra de educación Gina Parodi y sus asesores para incentivar a los futuros bachilleres a ser buenos estudiantes e ingresar a la universidad, fue desde el principio un desastre. Y lo fue porque más allá de posibilitar a los estudiantes sobresalientes su ingreso a la educación superior parece que su fin último es el apoyo económico a las grandes universidades privadas del país. Según los últimos informes sobre este programa, solo el 9% de los dineros destinados a su funcionamiento llegan a las universidades públicas. El 91% termina en las cuentas bancarias de instituciones de carácter particular.
Pero el asunto de la educación y sus altos niveles de corrupción es solo uno entre los miles de problemas por los que atraviesa el país. El desfalco sistemático al Instituto de Bienestar Familiar, una entidad del Estado encargado de “trabajar por la prevención y protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias” es otro de los desastres en los que los grupos subversivos no han tenido nada que ver, pero que refleja las políticas erradas de un sistema podrido y de una gran mayoría de funcionarios que les importa un rábano el verdadero desarrollo de Colombia.
Solo en el departamento de La Guajira, en 2015, se perdieron un poco más más de 2.100 millones de pesos destinados a la alimentación de más de 5.000 niños. Hace pocos días, una investigación interna de la gobernación de ese departamento dejó al descubierto 234 cuentas corrientes con un saldo de 213.000 millones de pesos de los que no se tenía noticia. Es decir, mientras la exgobernadora Oneida Pinto aseguraba que las arcas de su administración estaban en rojo, el dinero en esas cuentas parecía destinado a engordar el bolsillo de un grupo de políticos que viene apoderándose de las regalías que recibe esa región por concepto de carbón, gas, sal, petróleo y otros productos naturales de exportación.
Lo curioso de este asunto de corrupción galopante es que todos los funcionarios investigados, enjuiciados o condenados hacen parte de esa jauría de los partidos políticos tradicionales que suelen cambiar de nombre pero cuyos miembros son casi siempre los mismos. Cambio Radical, el grupo que avaló la candidatura de Oneida Pinto, y que antes le había dado el aval a un mafioso como a Juan Francisco “Kiko” Gómez, ha mantenido un silencio sepulcral ante estos hechos que dejan ver el talante y los intereses de una colectividad que le ha importado casi nada la ética de sus integrantes mientras estos les aporten votos.
El caso del partido conservador es otra muestra de que la política en Colombia es un negocio que no le interesa el bienestar de los votantes. En este momento, un poco más de 51 miembros del Congreso de la República son descendiente de los mismos parapolíticos que la Corte Suprema y la Fiscalía condenó y hoy pagan largas sentencias, pero que esto no les impidió postular y apoyar desde sus sitios de reclusión a sus descendientes, amigos y cercanos.
Los señores que se oponen a que los miembros de las Farc lleguen a ese recinto “sagrado” no están pensando que este ya ha sido tomado por mafiosos y representantes de mafiosos. No están pensado que en las décadas de los 80 y 90 casi 4.000 miembros de la Unión Patriótica, entre senadores, gobernadores, alcaldes, concejales [todos en ejercicio] y candidatos a la Presidencia fueron asesinados impunemente solo porque alcanzaron o aspiraban a un cargo de servicio público.
Mientras la política sea vista como una empresa que busca beneficiar a unos pocos, la democracia en Colombia será solo de papel: una lucha inquebrantable de un pequeño grupo con poder que armarán guerras para que el statu quo se eternice y seguir enriqueciéndose con los dineros que es de todos los colombianos. El plebiscito que se aproxima será una gran oportunidad para dar un paso trascendental no solo en la búsqueda de una paz anhelada, sino también para enrutar a Colombia hacia un verdadero desarrollo. Esto, no lo olvidemos, es lo que no hay que perder de perspectiva.
El texto fue publicado originalmente en Semana.com y se republica con autorización expresa del autor.
Publicada el: 1 Ago de 2016
