El fenómeno de la corrupción en Colombia es un cáncer, seguramente en eso coincidimos muchos, sin embargo, podríamos hablar de dos tipos de cáncer, los dos igualmente mortales, la corrupción que hace parte de esas adaptaciones folclóricas del darwinismo social y la competitividad.
El sálvese quien pueda, la lógica de no dar papaya. Esa corrupción no dolosa con el manejo de los recursos públicos es caldo de cultivo de un sinnúmero de males.
Este primer enfoque de la corrupción como fenómeno cultural no ligado al manejo de lo público, tiene una simple solución, eso sí de largo plazo, y es, la restructuración del sistema educativo.
Un segundo cáncer, que podríamos diagnosticar como avanzado, es el que brota cuando este tipo de acciones están ligadas al manejo del poder público. La corrupción comprendida desde la administración de lo público, evidentemente está relacionada con la prevalencia de la clase política que representa una minoría de iluminados.
El esquema político del Estado no se ha esforzado por atacar directamente las grietas estructurales de la corrupción, por una parte, porque las instituciones públicas encargadas de investigar, perseguir al corrupto, dar ejemplo del buen manejo de lo público, hacen hoy todo lo contrario. El hecho de que el Fiscal anticorrupción Gustavo Moreno, este capturado por ese mismo delito, lo ratifica.
Por otra parte, los mecanismos para enfrentar la corrupción no han cambiado. La lógica punitiva de investigar, capturar, y penalizar levemente a quienes perpetran estos actos no ha dado resultados, muestra de esto es el aumento de los casos de corrupción.
Si algo nos ha quedado de este tipo de acontecimientos es que este fenómeno transmuta, se transforma casi, a la misma velocidad en la que se transforman las leyes o la normatividad sobre el manejo de los recursos públicos.
Es claro que, no atacar de forma integral el problema favorece los intereses de quienes por décadas han saqueado el erario público para financiar campañas políticas, hacerse reelegir, permanecer en cargos públicos, y sobre todo garantizar la estabilidad económica de las pocas familias que han ostentado el poder durante más de 200 años.
Los altos jerarcas del Estado, supuestos depositarios de la cosa pública, tienen también la tarea de velar por la estabilidad de la institucionalidad, es decir garantizar la continuidad de un proyecto político. El mismo proyecto político mediocre que, a nivel internacional, ha puesto nuestro país al servicio del gran capital financiero, y que internamente solo favorece los intereses económicos de los grandes terratenientes, industriales, y ganaderos que hacen parte de la rosca política.
Dicho proyecto ha fracasado también en la construcción de una Nación que refleje las potencialidades y la autenticidad de los colombianos. La identidad política hasta ahora creada, ha hecho que la gente del común no sienta ni el más mínimo orgullo de sus representantes políticos. Por el contrario, existe un rechazo generalizado.
Ese afán por no perder el manejo del poder, ha llevado a que el saqueo de los recursos estatales, sea una actividad connatural el ejercicio del poder público. Por ejemplo: la disputa, o más bien la confrontación política de la época de la violencia entre liberales y conservadores, culminó con el pacto antidemocrático del Frente Nacional, verdadero esperpento de la elite política para prevalecer y repartirse el poder a su conveniencia, ejemplo contundente de que la clase política tradicional utilizará cualquier tipo de invención legal para tener continuidad en el poder.
La rabia y la indignidad mediática desatada por los últimos escándalos es pasajera, momentánea, este tipo de noticias están diseñadas para eso mismo, para que la gente se olvide rápidamente.
No será sorpresa que la ventilación pública de los escándalos de corrupción durante los próximos meses preelectorales disminuya, pues es perentorio que la imagen de los pulcros adalides de la politiquería, no esté manchada por sus clandestinas actividades delictivas.
La reconfiguración política del Estado colombiano, tendrá que iniciar con un gobierno que represente, de verdad, los intereses de las mayorías, persiga a quienes se han aprovechado del patrimonio público. Ese paso del poder de una elite a un proyecto alternativo de Nación, será pues el primer acto contundente de lucha contra la corrupción.
Los autodenominados partidos políticos Conservador y Liberal no son partidos políticos sino enormes bandas delincuenciales que engañan al pueblo para apoderarse de los recursos del Estado. Disidentes de esas dos bandas han creado los grupos delincuenciales denominados Cambio Radical, Partido de la U. y Centro Democrático. Todos son grupos de ladrones y asesinos.