Juicio contra Álvaro Uribe, el caso que está acabando con la institucionalidad en Colombia

Que no se confunda la opinión pública, al proceso actual del expresidente Álvaro Uribe le faltan varias etapas para llegar a su fin; aunque en la marcha quede en pedazos la institucionalidad y el sistema judicial colombiano.

Opina - Conflicto

2021-03-06

Juicio contra Álvaro Uribe, el caso que está acabando con la institucionalidad en Colombia

Columnista:

Nelson Villarreal 

 

«Yo siempre he dicho que al expresidente Uribe lo respeto mucho como presidente, como persona, como todo, pero yo hablo así, porque como sé de sus cosas que hizo, es un bandido igual a mí y también delinquió (…)».
Pablo Hernán Sierra —alias ‘Alberto Guerrero’— (exjefe paramilitar del Bloque Metro).

 

Una vez más, Colombia asistió a la burla perpetrada por la maquinaria institucional con el acto bochornoso en el que incurrió la Fiscalía General de la Nación en el caso de falsos testigos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, solicitando la preclusión del caso que lo llevó a prisión domiciliaria en su finca el Ubérrimo y con el auspicio del fiscal delegado Gabriel Jaimes; sin evaluar siquiera, de forma equilibrada, para equiparar la balanza con pruebas o pesquisas que le dieran un sustento creíble a una decisión que a todas luces ya se veía venir. No obstante, los colombianos no podemos olvidar que hay serios señalamientos en los que el expresidente sale muy mal librado y que hoy traemos en La oreja roja.

Lo que leerán en esta columna no son opiniones, sino declaraciones sustentadas ante tribunales y contrastadas por los actores que en diferentes procesos se han enfrentado a Álvaro Uribe y quienes lo señalan de ser el fundador de grupos paramilitares y responsable de una serie de masacres en las que hasta el día de hoy el exmandatario no ha podido salir en limpio.

Uno de esos procesos es el que enfrentó a Álvaro Uribe y al exjefe paramilitar Pablo Hernán Sierra comandante del frente Cacique Pipintá quien lo señaló púbicamente en el canal de televisión Telesur de ser junto a su hermano Santiago los cofundadores del Bloque Metro de las autodefensas en San José del Nus (Antioquia), a raíz de una lucha personal con el ELN por un robo de ganado en la hacienda Guacharacas de propiedad de los Uribe Vélez. Sierra ha informado que su primer acercamiento con Álvaro y Santiago fue en esa hacienda donde los hermanos habrían ordenado dos masacres en la zona para contrarrestar la incursión guerrillera.

Lo crucial de estas acusaciones es que el mismo Álvaro Uribe denunció por calumnia a Sierra; pero inicialmente, el juez primero municipal de Itagüí lo absolvió y de forma posterior el tribunal superior de Medellín ratificó ese fallo aduciendo que no había dolo en esas declaraciones y finalmente la Corte Suprema de Justicia decretó la prescripción del proceso, con lo que el expresidente pierde la batalla legal contra el paramilitar. 

Por su parte, el oficial retirado de la Policía, mayor Juan Carlos Meneses, describe en una denuncia hecha en Buenos Aires, Argentina, ante una comisión de notables en la que estaba el nobel de paz Adolfo Pérez Esquivel y cuya declaración se encuentra registrada en video que fue enviado a la Corte Suprema de Justicia y que después retoma la Fiscalía, en la que hace contundentes señalamientos tanto en contra de Santiago como de Álvaro Uribe Vélez. De manera puntual, sindica a Santiago de ser responsable de la muerte del conductor Camilo Barrientos ocurrida en febrero de 1994 y de al menos 533 personas más en toda la zona.

Meneses da cuenta de las reuniones sostenidas en la hacienda La Carolina, propiedad de Santiago Uribe, en la que presuntamente se dio la orden de asesinar al conductor señalado de guerrillero y de quien se sospechaba era quien llevaba insumos a la guerrilla en esa región.

En la declaración, el mayor Meneses dijo que al llegar a hacerse cargo de la estación de policía de Yarumal, el capitán Pedro Manuel Benavides lo llevó a La Carolina, donde varios ganaderos liderados por Santiago Uribe le pusieron las cartas sobre la mesa indicándole que habían conformado un grupo de limpieza social que luego sería reconocido como Los Doce Apóstoles.

Juan Carlos Meneses, quien, en un inicio, fue condenado a 27 años de prisión por homicidio agravado, precisamente en el caso de Barrientos cuando era el responsable de la seguridad en Yarumal actuando en el montaje de falsos positivos con los grupos paramilitares que ahora denuncia.

Según Meneses, la forma de operar de Santiago era garantizando la impunidad para quien cayera preso o en alguna investigación a causa de hechos relacionados con ese grupo sicarial que presuntamente él comandaba: «Muchachos, ustedes pueden estar totalmente tranquilos, que yo me comprometo con ustedes a que esto no va a terminar en nada. Ustedes no se preocupen, mi hermano tiene a los mejores amigos allá en Bogotá, y eso no lo vamos a dejar prosperar. O sea, ustedes lo que tienen que hacer es negarlo todo, no mencionarme a mí, pero sepan que yo con ustedes para las que sea». […] Yo a lo que me comprometo con ustedes es que sepan que eso no va a prosperar, eso no va a terminar en nada. Yo ya hablé con Álvaro y eso ya está listo». Para la época de los hechos, Álvaro Uribe era senador y luego gobernador de Antioquia.

En la declaración, el mayor Meneses relata que dicha conversación se da en la oficina de Santiago, ubicada en el parque Berrío de Medellín cuando tanto él como el mismo capitán Benavides lo van a buscar para pedirle su amparo, pues habían empezado nuevas investigaciones en su contra. Según Meneses el modus operandi de los Uribe Vélez es ocultar sus nombres a toda costa y buscar por otros medios el desvío de los procesos hasta su archivo, entonces como los sindicados nunca inculpan a los cerebros del crimen, luego de años cuando quieren decir la verdad ya no son confiables por haber encubierto o mentido ante la justicia.

Los relatos están en detalle en el brillante libro El clan de los Doce Apóstoles de la periodista y politóloga Olga Behar, quien, dicho sea de paso, también estuvo en los estrados judiciales en confrontación con el hermano del expresidente que la denunció por calumnia e injuria directa por lo expuesto en su libro; pero dicho proceso no llegó a nada, porque la periodista y el hermano de exsenador no conciliaron y, este último, dijo que dejaría las cosas así; aun cuando tiempo atrás había señalado que llegaría hasta las últimas instancias para hacerla retractar y retirar el libro del mercado. Eso nunca pasó y de hecho ella publicó nuevas investigaciones.

Adicional a lo anterior, Meneses relata las presiones que sufriría el cónsul en Buenos Aires cuando en su oficina se presenta el fiscal Hernando Castañeda quien tomaría su declaración. Castañeda había sido delegado por el fiscal general Guillermo Mendoza Diago a fin de recoger el testimonio del militar, que, para esa fecha ya era un escándalo internacional y darle así trámite en la Fiscalía. El cónsul era Ignacio Ruiz Perea quien recibe una llamada en medio de la diligencia; una muy extraña y tensionante llamada, nada más y nada menos que del entonces presidente Álvaro Uribe que según el abogado asistente a la diligencia por parte de otras víctimas de Los Doce Apóstoles Daniel Prado y el mismo mayor Meneses era una intromisión al proceso que le quitaba garantías al mismo; así se solicitó que quedara en el acta de la diligencia. Pero pasó algo aún más diciente. Resulta que el fiscal empezó a preguntarle a Meneses sobre una serie de hechos y procesos diferentes a los de los hermanos Uribe Vélez que eran por los que se había pactado el encuentro en el consulado; hechos de fechas diferentes en las que Meneses no podía aportar información, ya que no se encontraba en la región cuando ocurrieron. El fiscal delegado iba y venía en temas como masacres y muertes puntuales de personas en el municipio del campamento cercano a Yarumal. Luego de extenderse tanto y con la intención de terminar la diligencia, sin preguntar nada respecto a los señalados y llevando el interrogatorio a buscar responsabilidades en el testigo que los había convocado; es cuando junto al abogado de las demás víctimas instan al fiscal a que no desvíe ni dilate más el proceso. 

Meneses afirma que un día antes, el fiscal delegado se había reunido con el cónsul para enredar la diligencia, culpar al testigo y buscar el cierre de la investigación que se debía llevar contra los Uribe Vélez por instrucción del presidente.

¿Se les parece esta historia a lo que acaba de hacer la Fiscalía de Francisco Barbosa a través de su delegado el fiscal Gabriel Jaimes?

Que no se confunda la opinión pública, al proceso actual del expresidente Álvaro Uribe le faltan varias etapas para llegar a su fin; aunque en la marcha quede en pedazos la institucionalidad y el sistema judicial colombiano, y como lo dijo la víctima de este caso, el senador Iván Cepeda: «La de Álvaro Uribe es la triste historia de un personaje que termina su historia política entre falsedades: falsos positivos, testigos falsos, falsa preclusión».

Uribe ha dicho: «Ojo con el 2022». Pero millones de colombianos decimos: ¡Justicia para los 6402!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Nelson Villarreal
Administrador Financiero. Lector Apasionado. Escritor Aficionado. Trabajador Social por convicción y soñador por vocación.