“Hace falta más presencia del Estado en el Nordeste antioqueño, pero presencia eficiente”: Yarley Marín

Las organizaciones sociales del Nordeste antioqueño reclaman por políticas justas, que no los dejen en condiciones de inferioridad frente a multinacionales mineras.

Infórmate - Conflicto

2020-02-20

“Hace falta más presencia del Estado en el Nordeste antioqueño, pero presencia eficiente”: Yarley Marín

Columnista:

Neffer Rivas

Foto: Monumento minero en Segovia.

El Nordeste antioqueño es una subregión de tradición minera. Después del Bajo Cauca es la segunda productora más grande de oro del departamento. La minería es una herencia de los indígenas Yamesíes y Tahamíes, de ahí que sea considerada una actividad económica ancestral, como lo señala Yarley Marín, vicepresidente de la Asociación Mesa Minera Segovia – Remedios.

En Segovia y Remedios, dos de los 10 municipios que conforman el Nordeste, tiene presencia la Gran Colombia Gold, una multinacional canadiense a la que el Gobierno le concedió en el año 2010 el título minero RPP 140, mismo que le otorga el permiso o derecho para realizar exploración y explotación aurífera en los territorios de tradición minera.

Las políticas del Gobierno Nacional y, la llegada de la multinacional minera, provocaron una situación de atropello a la comunidad, a raíz de ello, se llevó a cabo la Operación Troya, la cual originó una arremetida por parte de la Policía a la población civil. Hecho, que obligó al sector minero a agremiarse y emprender una lucha por los derechos, lucha que se materializó en la Mesa Minera, organización que desde 2014 viene abogando por mejores condiciones para el territorio, según anota Marín.

La Operación Troya (2011) fue una estrategia del Ministerio de Defensa en cabeza de Rodrigo Rivera, para la época, que buscaba frenar el accionar de las bandas criminales (narcotráfico y minería ilegal) y proteger a la población de la criminalidad a través de un frente conformado por la Policía, el Ejército, la Fuerza Aérea y el DAS en Sucre, Córdoba y parte de Antioquia.

Segovia, en su mayoría, depende de la minería, actividad que comprende una cadena productiva que va desde “la extracción, el procesamiento, el transporte, las plantas de beneficio… los chatarreros, hasta los barequeros, que ven afectado su sustento diario por cuenta de políticas estatales” y el modo de operar de la Gran Colombia Gold. La forma de minería de la multinacional es a gran escala, lo cual implica el uso de maquinaria para la extracción de minerales como el oro o la plata.

“Voy a ser un poco más directo: la problemática que tenemos aquí es que hay una figura jurídica (Código minero) que no nos permite formalizar el trabajo de la minería ancestral y tradicional en la región del Nordeste antioqueño, especialmente en Segovia y Remedios», subraya Alonso Moreno, un campesino, como él mismo lo indica, que hace parte del Comité de Integración Agrominero del Nordeste Antioqueño (CIANA). Pues la legislación minera favorece a la gran empresa y desconoce la ancestralidad en la minería, algo en lo que coinciden Marín y Moreno.

 

Foto: Casa de la vereda Carrizal en Remedios. Neffer Rivas.

 

Ambos son conscientes de que la minería genera unos impactos en el territorio, por ello, vienen trabajando desde sus organizaciones por el establecimiento e implementación de medidas que responden a principios de minería responsable: desarrollo sostenible, equidad, toma de decisiones participativas o el contaminador paga.

Algunas de las estrategias utilizadas son: el no uso del mercurio para la separación del mineral de la roca, “la eliminación del sistema, es decir, planta de beneficio con recirculación de agua y plantas de tratamiento que no usan un gramo de mercurio”. Además, desde el CIANA se está “implementando una minería asociativa con responsabilidad directamente social, donde nos comprometemos a ser amigos, dejar los nacimientos de agua, dejar la flora y la fauna a un lado” y a trabajar por el bienestar común.

Aunque existe la necesidad de diversificar la economía de los municipios que habitan, quieren seguir haciendo minería. Por eso, Yarley le dice al Gobierno que “el minero no necesita que le den, necesita oportunidades”, opinión en la que coincide con Jesús Antonio Téllez, juez de paz y reconciliación del corregimiento de Carrizal y presidente del Comité Territorial de Paz e integrante del Comité Ético de la ACVC (Asociación Campesina del Río del Valle de Cimitarra).

Téllez, como es conocido, dice que la comunidad necesita oportunidades para capacitarse. “Como no somos intelectuales, no estamos capacitados, no vemos los recursos naturales, no alcanzamos a ver que el  sistema de gravedad es una riqueza natural, lo que tiene el suelo es otra riqueza y lo que hay sobre el suelo también lo podemos utilizar”.

Continúa diciendo: “nosotros recogemos un ejemplo de este campamento de reincorporación a la vida civil. Cuando llegaron los guerrilleros todo el mundo decía: ahora nos toca mantenerlos, enseñarlos a trabajar y curiosamente, va a notar que, en lugar de ser nosotros los que les enseñamos a trabajar, son ellos quienes trajeron la piscicultura y están produciendo mucho más que un habitante que tiene 100 y 200 hectáreas y no tiene una mata de yuca, no tiene ningún medio de producción”.

Telléz, en su relato, hace referencia a los ETCR o Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, los cuales buscan facilitar la adaptación de los integrantes de las Farc-Ep a la vida en sociedad, a través de actividades de formación y reintegración civil, con las que, además, se pretende impactar a las comunidades aledañas, tarea que ya están haciendo cerca de 72 desmovilizados que se reincorporaron a Carrizal, vereda de Remedios.

Las organizaciones sociales del Nordeste antioqueño reclaman por políticas justas, que no los dejen por debajo de la multinacional que llega al territorio y, paradójicamente, tiene más derecho sobre el suelo del que tienen los pobladores. La concesión de títulos a la Gran Colombia Gold la hace dueña de los derechos sobre la explotación de los recursos mineros, dejando desamparadas a las comunidades mineras ancestrales que son criminalizadas por la legislación, que desconoce una ancestralidad sobre la minería.

Yarley reconoce que algunos de los mineros ancestrales o el MAPE (Minería a Pequeña Escala) desarrollan una economía informal. “No tenemos un certificado de origen, lo que nos hace ilegales ante el Estado, que para nosotros es un tema de informalidad”. Cabe recordar, que desde la asociación a la que pertenece vienen trabajando por mitigar el impacto ambiental de la minería aurífera, por lo que no paran de buscar acercamientos con el Estado para formalizar la actividad económica que desempeñan.

“Los espacios que se venían dando —de diálogo con el Estado— últimamente se han venido cerrando porque con el Gobierno de Duque no ha sido posible, es un Gobierno que directamente está obligado a las políticas neoliberales de las grandes corporaciones económicas como el Fondo Monetario Internacional, aparte de eso, tiene una política de apertura —económica— más de ultraderecha”, señala Alonso Moreno.

Como respuesta a la baja presencia estatal en el territorio, el CIANA crea las guardias campesinas. Jóvenes, mujeres y adultos mayores. “Todos somos guardias campesinas porque estamos salvaguardando la vida y su integridad, o sea, el entorno que nos rodea”.

También, “Cuando hablamos con el gobierno de seguridad, nos mandan la bota militar y, la militarización, no es la inversión. Para nosotros seguridad e inversión es educación, cultura, es lo social, lo político, lo moral”, puntualiza Moreno.

Por su parte, Marín añade que, “Hace falta más presencia del Estado, pero presencia eficiente”. La lucha de las organizaciones más que una disputa entre minería a pequeña escala y, a gran escala, es una lucha por la vida y la garantía de los derechos. La multinacional aparte de ofrecer pocas garantías laborales, ha provocado un exterminio de fuentes de empleo y, en otras zonas del país, se establecen alianzas con grupos al margen de la ley que terminan por afectar a la ciudadanía.

La historia de las organizaciones sociales en el Nordeste da cuenta de una resistencia de las comunidades por subsistir y mantener la tradición de sus ancestros, tal es el caso de Cahucopana, corporación fundada por 450 campesinos del Nordeste antioqueño el 4 de diciembre de 2004, como recuerda el músico, y líder social Óscar William Macías.

Macías es un hombre de 80 años, cuya edad y experiencia lo convierten en la memoria viva de un territorio que, históricamente, ha sufrido el flagelo de la violencia. Dice, “aún seguimos resistiendo”, un ejemplo de ello son canciones como Cahucopana o La bandera de la paz en las que envía mensajes de aliento a la comunidad y guarda las memorias de la misma.

Presencia estatal, capacitación técnica, un territorio más equitativo en el tema de los recursos naturales, pues no necesitan que le den, solo quieren oportunidades para desarrollar una actividad económica más allá de la subsistencia y con responsabilidad ambiental, opinión en la que coinciden Jesús Antonio Téllez, Óscar William Macías, Yarley Marín y Alonso Moreno, líderes del Nordeste antioqueño.

 

Fotografía: cortesía de El Tiempo.

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Neffer Rivas
Comunicadora social - periodista en formación. Escuchar, leer e interpretar para luego opinar. Creo que: No vive solo quien cuenta con la vida, sino aquel que a través de su legado es capaz de preservarla.