El boom de las firmas para inscribir candidatos en el 2018 permite entrever que estamos ad portas de dos cosas: una crisis de representatividad y una clara falta de regulación sobre la participación política.
Desde el 2005 se abrió la oportunidad de inscribir a cualquier ciudadano para participar en elecciones locales, parlamentarias y presidenciales, una opción que se presentaba como contrapeso al monopolio de los partidos políticos. Sin embargo, desde las pasadas elecciones locales -2015-, la tendencia a inscribirse como candidato a cualquier corporación por este mecanismo se ha incrementado exponencialmente. Me voy a centrar en las próximas presidenciales.
Mientras que para las elecciones presidenciales de 2014 se presentaron 7 candidatos por firmas, para 2018 van inscritos 6 comités promotores que esperan recolectar 400 mil firmas cada uno. Los 6 comités buscan firmas para candidatos de todas las orillas, que esperan llegar a la Casa de Nariño: Alejandro Ordóñez, Piedad Córdoba, Juan Carlos Pinzón, Clara López, Sergio Fajardo, Gustavo Petro y hasta Germán Vargas Lleras. Es decir, un aproximado de 2 millones 400 mil firmas.
Se podría preguntar un ciudadano ¿Hay firmas para tantos candidatos? La respuesta es sí, de hecho, según el concepto del magistrado del Consejo Nacional Electoral, Alexander Vega, las firmas no son excluyentes. Cualquier persona apta para votar puede dar su firma para apoyar la candidatura de uno o todos los candidatos que han decidido subirse al bus del apoyo significativo de ciudadanos, sin contar las posibles decenas de candidatos al Congreso. En efecto, serían menos de 2 millones de firmas.
Pero aunque las firmas no sean excluyentes, los votos sí lo son. Este fenómeno se puede explicar con mayor precisión si se toma como ejemplo la recolección de firmas para llevar a cabo la Consulta Anticorrupción promovida por el Partido Verde, de la senadora Claudia López. El mecanismo de firmas utilizado para impulsar la Consulta, como un mandato obligatorio, logró radicar ante la Registraduría Nacional un total de 4 millones 313 mil 963 rúbricas, de las cuales deben ser válidas solo 1’762.060.
Aunque se busque determinar, equivocadamente, una relación directa entre la Consulta y la campaña presidencial de Claudia López, las firmas no significan votos; en otras palabras, las más de 4 millones de firmas no serán el capital político de López para las presidenciales, entre otras cosas, porque las firmas se recogen en la calle mediante promotores y en otras condiciones.
Entonces, una persona puede encontrarse un recolector de firmas en la calle y apoyar la Consulta, pero para las elecciones a las personas no las llevan al puesto de votación ni mucho menos se movilizan por los mismos motivos de apoyo. En ese sentido, los comités promotores de firmas para 2018 pueden salir a buscar rubricas pero, aunque las consigan, esto no significa que la gente vaya a votar por sus candidatos.
Y si se trata de ser más riguroso, el mecanismo de recolección de firmas para la Consulta del Partido Verde, por ejemplo, se sustenta en la inconformidad generalizada con el sistema corrupto y en la supuesta pequeña oportunidad para cambiarlo. Al menos ese es el mensaje que quieren dar. No obstante, una reforma anticorrupción debe ser mucho más profunda, y lo que ofrece la Consulta del Partido Verde es una aspirina para curar un cáncer.
En el caso de las Presidenciales del 2018, la sobreoferta de candidatos que no buscaron el aval de los partidos tradicionales y ahora se inscriben mediante firmas, se traduce en una crisis de representatividad.
Estas figuras sobre las cuales se quiere llegar a la Presidencia fomentan el caudillismo y no se define tampoco si existe doble militancia. Una estrategia perfecta para desdoblar el establecimiento y desmarcarse, supuestamente, del nido de corrupción de los partidos. Mediante el mecanismo de las firmas se crea la ilusión a los ciudadanos de que el candidato es independiente, pero esto no significa que sean alternativos.
En otras palabras, ni todos los partidos son un nido de corruptos ni todos los candidatos están alejados de las maquinarias electorales para llegar a cargos públicos.
Lo que llama la atención es que no es una estrategia para desmarcarse solo de los partidos tradicionales, sino de todos aquellos nuevos, como Cambio Radical, El Polo, Alianza Verde y hasta el Centro Democrático. Con lo que se puede concluir que ningún partido, ni tradicional ni nuevo, ha logrado reunir las características para impulsar un candidato que nos represente.
Por esta razón, la nueva reforma electoral que transita para su modificación y aprobación en el Congreso de la República plantea que «Los grupos significativos de ciudadanos podrán postular candidatos a cargos de elección popular conforme a lo señalado por la ley hasta el 31 de octubre de 2019. Con posterioridad a esta fecha únicamente podrán postular candidatos en las elecciones municipales y distritales». Esto significa que no se podrán volver a presentar candidatos a Congreso y Presidenciales por firmas a partir de 2019, solo se podrá hacer para elecciones locales.
Si bien se limitan las inscripciones de candidatos solo a elecciones municipales y distritales, esto significa que la búsqueda de eliminar el monopolio de los partidos funcionó en extremo, tanto que la mayoría de candidatos a las presidenciales no van por el aval de algún partido.
Pero se ha tenido que volver al fetichismo legislativo para volver a fortalecer los partidos políticos que no han logrado representarnos. Sin lugar a dudas, todo un fracaso del sistema representativo y políticos del país.
