Columnista:
Germán Ayala Osorio
Con la evidente y preocupante crisis de credibilidad y legitimidad a la que llevaron a la Fiscalía General de la Nación, Luis Camilo Osorio, Néstor Humberto Martínez Neira y Francisco Barbosa, se esperaría que el «Gobierno del cambio» presentara, con mensaje de urgencia, un proyecto de reforma constitucional cuyo objetivo sea modificar la forma como se elige al fiscal general y, en particular, redefinir la instancia que lo vigile y controle cuando haya lugar a investigarlos por manejos inadecuados, indecorosos e, incluso, ilegales de parte de la cabeza visible del órgano investigador y acusador, hoy convertido en el defensor de oficio de Álvaro Uribe Vélez, entre otras personalidades salpicadas, por ejemplo, por el escándalo de Odebrecht.
El proyecto de reforma política respaldado por el Gobierno de Gustavo Petro, por ejemplo, no tendría el mensaje de urgencia que sí demanda el mecanismo de elección del fiscal general y, en particular, proponer una nueva instancia que lo discipline y le ponga controles a su gestión. Todos sabemos que la Comisión de Absoluciones de la Cámara de Representantes no sirve para nada.
Los daños más recientes, generados a la institución, por Martínez y Barbosa ameritan por lo menos una discusión jurídico-política en torno a los superpoderes que encarna un fiscal en Colombia, en especial cuando sobre este recaen todo tipo de señalamientos por abuso de poder que incluye la comisión de delitos de prevaricato y peculado.
Hasta el momento no he escuchado el interés de un ministro, del presidente e, incluso, de miembros de la bancada del Pacto Histórico y de las fuerzas gobiernistas en el Congreso por meterle el diente al asunto. La pregunta que salta es: ¿Por qué si el mismo Gustavo Petro pudo ser víctima de un entrampamiento en su contra, diseñado desde el búnker de la Fiscalía, razón por la que jamás renunció a su curul siendo ya candidato presidencial, no estaría interesado en liderar un cambio sustancial al mecanismo mediante el cual se elige al fiscal general? Recordemos lo que dijo el candidato presidencial y entonces congresista, Gustavo Petro, cuando se le preguntó por qué no renunciaba a su curul: «cuando haya garantías hablamos». Responder a semejante interrogante no es fácil, pero intentaré acercarme a lo que bien podría servir como hipótesis y respuesta al mismo.
Es posible pensar que, ante la pronta salida del cargo de Francisco Barbosa, el presidente de la República confíe en que podrá recomponer el camino de esa institución, ternando a hombres y mujeres lo suficientemente probos y formados en el tema penal, circunstancias estas que harían olvidar los daños institucionales que Osorio, Martínez y Barbosa le hicieron a la Fiscalía General. Con una terna de lujo, le corresponderá a la Corte Suprema de Justicia elegir el remplazo de Francisco Barbosa. El Alto Tribunal tendría también la oportunidad de reivindicarse ante el país por los graves errores cometidos cuando los gobiernos anteriores, incluido por supuesto el del mequetrefe de Iván Duque, eligieron a los tres últimos fiscales generales. A partir del preciso momento en el que Petro presente la terna, estaría legitimando todo lo que rodea la elección del fiscal general de la nación.
También es posible pensar que, manteniendo el perverso mecanismo de elección, pero, sobre todo, el poder incontrastable del fiscal, una especie de monarca o un semidiós, el presidente de la República se hace a una ficha clave en aras de abrir, desempolvar o reabrir casos que le interesan de manera directa. Si es así, pensar en una reforma constitucional que haga posible controlar al nuevo fiscal general iría en contra de los cálculos políticos del propio presidente.
Es probable también que, en el marco de las nuevas relaciones con los Estados Unidos, el jefe de Estado de Colombia haya acordado con los norteamericanos una mayor injerencia en casos de especial interés para las autoridades americanas, lo que daría para pensar en que el perfil del nuevo fiscal o de la fiscal estaría alejado de los perfiles políticos de Osorio, Martínez y Barbosa. Es decir, se trataría de verdaderos penalistas y juristas que, con total probidad, no solo colaboren en materia penal con los gringos, sino que, con el respaldo del departamento de Estado, toquen a quienes desde la Fiscalía se vienen protegiendo de tiempo atrás. Por ejemplo, a los norteamericanos les interesan los casos de Odebrecht- Sarmiento Angulo-Néstor Humberto Martínez, así como las relaciones mafiosas que militares sostuvieron con alias ‘Otoniel’, exjefe del llamado Clan del Golfo.
Lo cierto es que urge un ajuste en el mecanismo de elección del fiscal. Es un riesgo enorme para la democracia y para la legitimidad de la justicia, mantener en el tiempo la operación de una Fiscalía bajo los criterios y principios de transparencia y probidad que la revista Cambio y Noticias Uno vienen poniendo en duda, con las recientes denuncias en contra de Francisco Barbosa.
