Columnista:
Francisco J. Gómez-López
En épocas de pandemia las necesidades inmediatas se vuelven prioritarias. Es así como la falta de alimentos en tiempos de coronavirus pone al descubierto las grandes falencias en nuestro modelo de producción agrícola, que refleja no solo la vulnerabilidad de las personas en situación de pobreza, sino la falta de políticas agrarias que realmente respondan por el bienestar de la población.
En cuanto al diseño de políticas agrarias, estas se concentran en unos pocos gremios con poder e influencia directa en el Gobierno. La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Fedepalma, Asocaña y Fedegán, mueven sus fichas en el Ministerio de Agricultura, Finagro, la Agencia Nacional de Tierras, el Congreso, entre otros. Históricamente, esto ha llevado a que se terminen repartiendo la mayor parte de los presupuestos agrarios a los mismos sectores y, en otras ocasiones, a que se generen problemas de corrupción como en el caso de Agro Ingreso Seguro, concentrando los subsidios del agro en unos pocos productores que apoyan o hacen parte del mismo Gobierno. En un reciente informe, la Contraloría reportó sobre cómo los créditos entregados por el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), en aras de la pandemia, terminaron en manos de grandes empresas agropecuarias, mientras una ínfima parte se destinó en la producción directa de alimentos. Este modelo agrario va a continuar perpetuando la concentración de capitales y, por lo tanto, de la propiedad rural en el país.
En las últimas décadas, el modelo agrario colombiano ha favorecido la producción de agrocombustibles (bioetanol y biodiésel) sobre el cultivo de alimentos, a partir de la siembra creciente de palma aceitera y caña de azúcar. Este patrón de producción ha ido de la mano con una concentración cada vez mayor de la propiedad rural en el país. En el año 2012, un informe sobre la propiedad rural, realizado por el Instituto Colombiano Agustín Codazzi (IGAC), corroboró que menos del 1 % de las explotaciones manejan el 80 % de la tierra destinada a la agricultura, convirtiendo la desigualdad en el campo colombiano en una de las mayores en el mundo. Esta concentración se llevó a cabo, en parte, bajo una ocupación violenta que desplazó a millones de campesinos fuera del sector rural, suplantando cultivos de pancoger por otros que emplean poca mano de obra y generan condiciones laborales de explotación.
En el tema de las exportaciones agrarias, nuestros mayores rubros son productos que no son indispensables para sostener la vida, como por ejemplo el café, el aceite de palma, las flores y el azúcar. Por lo tanto, en época de crisis económica su consumo va necesariamente a disminuir. En contraste, se importa aproximadamente una cuarta parte de los productos de la alimentación básica, incluidos maíz, arroz, trigo, cebada, cacao, lentejas, etcétera. A la firma irresponsable de Tratados de Libre Comercio, en donde se incluyeron productos subsidiados en otros países y con los que los productores campesinos nunca podrán competir, como en el caso del maíz y el trigo, se debe adicionar el costo de importación, que, con un dólar por las nubes, provocará una mayor pobreza y desnutrición en los hogares más vulnerables que tendrán cada vez menos acceso a dichos productos.
El modelo agrario poscoronavirus implicaría una mayor producción de alimentos y, para ello, se necesita una reforma agraria redistributiva de la propiedad, que pueda establecer y hacer tributar a los dueños de los grandes predios rurales. Si se establece la legalidad de la gran propiedad se desincentivaría el ingreso de dineros ilícitos para la compra y siembra en predios rurales. Además, se deberían volver a regular unos precios mínimos de compra sobre los alimentos de la canasta básica, multando la usura y el acaparamiento en tiempos de crisis.
Este panorama también requiere replantear el enfoque en el modelo extractivista petrolero hacia el uso de energías renovables, reemplazando a su vez la producción de agrocombustibles por la producción de alimentos, siembra de bosques y sistemas de producción sostenibles que generen un mayor empleo, fortalezcan la seguridad alimentaria y no contribuyan al cambio climático. Las tierras fértiles expropiadas a la mafia deben transformarse en zonas de producción de alimentos cerca a centros urbanos, desestimulando la colonización en zonas de producción de coca y las economías ilegales.
Los campesinos no necesitan que se les llame héroes, lo que requieren es tener un mayor y mejor acceso a la tierra, que se les pague el precio justo por lo producido y que se implante de una vez un modelo agrario que reduzca la creciente desigualdad en el campo y mejore la seguridad alimentaria en el país.
Fotografía: cortesía de Andrés Amaya.
Ojala que en ésta situación que estamos viviendo, no se le olvide al gobierno que estamos comiendo por los campesinos, pues los gobiernos de toda la vida se han olvidado de ellos, será que se van a preocupar
para que los campesinos puedan vender sus productos directamente y el alto costo no se quede en los intermediarios? Si se preocuparan por el campo tanta gente no llegaría a la ciudad a sufrir.