El Estado y los sicarios

Las preocupaciones de Ramírez y de otros agentes estatales por el bienestar de los sicarios colombianos van, justamente, en la dirección contraria. Una cosa es preocuparse porque se les respeten sus derechos, que los tienen por supuesto, entre ellos a un juicio justo, y otra muy distinta es querer ocultar el entramado político-militar que está detrás de la operación que terminó con la vida del presidente haitiano.

Opina - Internacionales

2021-08-02

El Estado y los sicarios

Columnista:

Germán Ayala Osorio

 

Llama la atención la enorme y sospechosa preocupación de la Cancillería, del defensor del pueblo y del Gobierno de Duque por la suerte de los sicarios colombianos (llamados mercenarios) que participaron en el magnicidio del presidente de Haití.

Por supuesto que el Estado colombiano debe preocuparse por el bienestar de sus connacionales que están en el exterior, en particular por aquellos que hacen ingentes esfuerzos por sobrevivir en condiciones dignas, en disímiles países, con culturas y reglas de convivencia diferentes y complejas. Sobre el devenir de esos otros, por fortuna minoría, que salen del país a delinquir y a violar las constituciones, los mecanismos de verificación para que tengan un juicio justo, asistencia legal y cuidados médicos están dados a través de los cuerpos consulares. Hasta allí todo normal. Pero en el caso de los asesinos que hicieron parte de la operación sicarial que terminó con la muerte del mandatario de Haití, siento que hay una sobreactuación y un sospechoso interés por estos colombianos.

Lo primero que hay que decir es que, al parecer, el cuerpo diplomático desplegado en la isla caribeña no cuenta con la confianza suficiente en la Cancillería, lo que despertó el interés de la vicepresidenta y también canciller, Marta Lucía Ramírez.

Se suma a la preocupación nacional por los célebres asesinos colombianos, el senador uribista, Ernesto Macías, quien propuso que fueran extraditados para que sean juzgados y se les aplique aquí, en la tierra de la máxima impunidad, las más altas condenas. ¿Sobre qué delitos?

Hay algo que no me cuadra en esa ahora genuina preocupación estatal por un puñado de nacionales que no solo fueron a cometer un crimen y a violar muy seguramente varias normas internas de la excolonia francesa, sino que detrás de sus actuaciones estarían comprometidos agentes militares y empresarios, que podrían estar conectados con voceros y miembros del gobierno colombiano y del estamento militar.

Si el interés por la vida y los derechos de nuestros asesinos a sueldo que están hoy detenidos en Haití es porque desde el alto gobierno se busca acallar o desviar la verdad del entramado nacional e internacional que hay detrás de la exitosa operación criminal, entonces estamos hablando de una actuación política que consolida la idea de que Colombia es un Estado paramilitar, mafioso y un peligroso actor político para todo el hemisferio.

Los Estados y los ciudadanos están unidos por una serie de principios y elementos que aportan a la construcción de una relación que bien puede tornarse tensa, armónica o conflictiva. Cualquiera sea el talante de esa relación, la responsabilidad es compartida.

Para el caso colombiano y en virtud de la mezquindad y el ethos mafioso-paramilitar de las familias que han capturado el Estado para su beneficio, esa relación, de tiempo atrás, deviene tormentosa, compleja, llena de dudas, resquemores y por lo tanto, conflictiva. Tanto es así, que recientemente la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez llama a que los «colombianos recuperen la confianza en el Estado, en el ejercicio de la política y en el buen manejo de la función pública».

Las preocupaciones de Ramírez y de otros agentes estatales por el bienestar de los sicarios colombianos van, justamente, en la dirección contraria. Una cosa es preocuparse porque se les respeten sus derechos, que los tienen por supuesto, entre ellos a un juicio justo, y otra muy distinta es querer ocultar el entramado político-militar que está detrás de la operación que terminó con la vida del presidente haitiano. Ojalá esa diligente actitud con la que vienen actuando en este vergonzoso caso, haga parte de una política de la Cancillería y del Estado en general, para atender las muchas necesidades y angustias que padecen connacionales en territorios extranjeros, en especial, aquellos que no llegaron a esas tierras a violar las leyes y mucho menos a asesinar presidentes. Creo que era innecesario el traslado del defensor del pueblo a territorio haitiano, cuando tiene que atender internamente, asuntos que, relacionados con el estallido social y la violación de los DD. HH. por parte de la Policía y el Esmad, este funcionario no atendió de la mejor manera. Quizás este caso dé para que alguien escriba, más adelante, una novela titulada El Estado y los sicarios. ¡Ajúa!

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Germán Ayala Osorio
Docente Universitario. Comunicador Social y Politólogo. Estudiante del doctorado en Regiones Sostenibles de la Universidad Autónoma de Occidente.