La Ley 95, aprobada por el Congreso de Colombia el 18 de Noviembre de 1985, reza en su artículo segundo: “Señálase el día 9 de septiembre, en homenaje a San Pedro Claver, como el día colombiano de los Derechos Humanos”. Esa misma ley declaró a Cartagena de Indias como “cuna y sede de los Derechos Humanos Internacionales”.
Tal decisión fue sustentada en que “gracias al equipo misionero formado por los sacerdotes jesuitas Pedro Claver y Corberó, Alonso Sandoval y el Hermano Nicolás González, acompañados de muchos hijos de la ciudad de Cartagena de Indias en el siglo XVII, nació la preocupación por aliviar la situación de los oprimidos de la época, en especial la de los esclavos, por quienes clamaron por el buen trato y la libertad”
Seis años más tarde, en 1991, la nueva Constitución incorporó sabiamente los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, detallándolos en casi un centenar.
Pero ¿Cuál es la realidad en el día de hoy? El paramilitarismo sigue actuando, con licencia para matar, pues la ultraderecha fascista se opone a que este bandidaje sea considerado ilegal. Cada día caen bajo sus balas asesinas guerrilleros que abandonaron las armas, líderes sociales y opositores a la guerra, defensores de derechos humanos, sin que el gobierno haga algo por detener el baño de sangre. Se está destapando la olla podrida de la corrupción, mediante la cual el erario pierde más de 50 billones de pesos al año. Las tres ramas del poder público están corrompidas, especialmente la justicia, y ni las entidades encargadas del control estatal han escapado de la podredumbre.
Además, como el Estado no garantiza los derechos humanos las personas agotan todas las opciones con tal de lograr les sean reconocidos siquiera los fundamentales, cosa que sucede en mayor medida con la salud, la educación y al trabajo digno. Hacen falta cárceles para castigar tantos delincuentes, ante lo cual muchos delitos han sido clasificados como simples contravenciones con el fin de poder ser excarcelados o aplicar como castigo la casa por cárcel. El gobierno se justifica alegando escasez de recursos para nombrar jueces y magistrados suficientes, pero muy poco hace por recuperar los recursos robados al Estado.
La violencia intrafamiliar se ha desbordado, en particular contra las mujeres y los niños; los atracos callejeros y de hogares son el pan cotidiano. Con el afán gubernamental de entregar el territorio a las multinacionales que, con el señuelo de la extracción de oro y otros minerales, amenazan destruir nuestro medio ambiente sano, se viene anunciando la invalidez de las consultas populares, es decir, se pretende desconocer la voluntad popular anteponiendo rezagos constitucionales mal redactados.
La situación de DD.HH. en Colombia no puede ser peor, lo cual nos llama a luchar para que dejen de ser letra muerta.
Lo primordial en el momento es la implementación sin dilaciones de lo acordado en La Habana entre el Gobierno y las FARC, la primera condición para empezar a construir la paz, la cual se logrará cuando el Estado garantice todos los derechos humanos a todos los colombianos.
Esta es la invitación que hacemos hoy al pueblo quindiano desde la Asociación de Derechos Humanos Demetrio Prieto donde acogemos a todas las personas que deseen acompañarnos en la educación, promoción y prevención de los derechos humanos o en la denuncia de las violaciones a los mismos.
