El pasado 26 de abril el alcalde Enrique Peñalosa pidió la renuncia protocolaria de los 20 alcaldes locales que eligió en 2016. El proceso al que se presentaron 3,224 candidatos, de los cuales solo 325 pasaron la prueba académica que se contrató con la Universidad Nacional, le costó al Distrito 662 millones 540 mil pesos. Eso sin contar las capacitaciones y cursos de formación en los que ha invertido el Distrito para la efectividad en la administración de las localidades.
Ahora, la pregunta es si la Alcaldía de Bogotá convocará nuevamente este engorroso proceso que, por ejemplo, se tomó hasta Noviembre de 2016 para elegir alcaldesa de Sumapaz y que tuvo muchos contratiempos en la conformación de las ternas por parte de varias de las Juntas Administradoras Locales.
El Secretario de Gobierno, Miguel Uribe Turbay, asegura que esta administración ha tomado varias medidas para evitar la corrupción en las alcaldías locales. Y no miente, pero el proceso de elección y nombramiento está diseñado para que estos alcaldes terminen involucrados en actos de corrupción.
Hasta la fecha, sin renombrar los sancionados e investigados de la administración Petro, la Personería ha abierto investigación por presuntas irregularidades en contratación a las alcaldías de Barrios Unidos, Bosa, Fontibón, Mártires, Teusaquillo, Santa Fe, y Usaquén, que comprometerían recursos cercanos a los 60 mil millones de pesos.
Para ser alcalde local, primero hay que pasar un examen, que nos costó $206,433 pesos por aspirante, plata que salió del presupuesto de la Secretaría de Gobierno. Si midiéramos esto por quienes realmente lo pasaron, nos costaron $2’038.584 pesos, que a la final no terminan escogiéndose por méritos, ni por hojas de vida, sino por la capacidad de conseguir el apoyo de los ediles para terminar postulados en una terna de la que escoge el Alcalde Mayor.
Bajo esa lógica, el examen termina siendo un requisito mínimo, porque lo que se premia es la capacidad de “negociación” con los ediles y concejales porque aunque no se necesita un “aval” para ser nombrado, si es importante conseguir el apoyo de las bancadas políticas para obtener el nombramiento.
Imagen cortesía de: Confidencial Colombia
Y no seamos ingenuos; en esas negociaciones son pocos los cabildantes y ediles que examinan juiciosamente la experiencia y capacidad de los aspirantes para desempeñarse en el cargo. Prima el compromiso burocrático y la capacidad política para terminar favoreciendo a quienes los “ayudaron” a conseguir la investidura.
Por eso es importante no dejar en oídos sordos la propuesta de la Representante Clara Rojas, quien presentó un proyecto para conseguir que estos fueran cargos de elección popular. Esa podría ser una solución.
Pero más a corto plazo, es importante revisar la forma para que la Administración Distrital no vuelva a abrir ese engorroso proceso que sólo le cambia el nombre y apellido a la vagabundería del cargo.
Mi llamado es a que se reevalúen los nombres de los 265 aspirantes que aprobaron la evaluación el año pasado, no fueron incluidos en ninguna terna, y se elijan de allí los nuevos nombres. ¿O vamos a volver a contratar a la Nacional y a repetir las peleas entre ediles para favorecer a los más amiguis?
Pongámosle atención a este tema. Es importante exigir una nueva forma de elección. Ya sea por elección popular, como propone Clara Rojas, o endilgarle absolutamente la responsabilidad al alcalde de turno. ¡Que los nombre como a su gabinete! O que escoja las ternas y las JAL elijan. Pero dejar este proceso como está, simplemente alimenta un sistema que fue protagonista de otro “Carrusel de la Contratación” que ya dejó 4 ex–alcaldes locales destituidos e inhabilitados, sólo de la administración anterior, más los investigados anteriormente nombrados.
